El Congreso aprueba la ley de protección a la infancia de forma casi unánime y la sola objeción de Vox
La norma incluye medidas de prevención, establece el deber de denunciar y amplía la prescripción del delito para favorecer las denuncias.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, por unanimidad de todas las fuerzas salvo Vox, la ley de protección a la infancia frente a la violencia. El texto de la conocida como ‘ley Rhodes’ incluye medidas de prevención, establece el deber de denunciar y empieza a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años y no 18 como ahora.
La votación, que ya se sabía favorable, ha contado con el apoyo de 297 votos entre presenciales y telemáticos, frente a los 52 ‘noes’ de Vox, único grupo que ha roto la unanimidad, sin ninguna abstención. El resultado ha sido recibido con sonoros aplausos en la Cámara Baja.
Durante la tramitación parlamentaria por el Congreso y el Senado, el texto legal trasladado por el Gobierno por el procedimiento de urgencia ha incorporado varias enmiendas, que han mejorado una norma que aborda los múltiples tipos de violencia que sufren los menores y que solo cuenta con la oposición de Vox. Con ella, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.
La ley amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.
En su paso por el Senado, ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores no acompañados y ha sumado el respaldo de los partidos nacionalistas al garantizar el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
En la Cámara Baja ha quedado reconocido el derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y se ha eliminado planteamientos sin base científica como el llamado síndrome alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.
La ley incluye además la suspensión del régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.