El CGPJ elige a Tolosa y Segoviano, propuestos por los conservadores, para renovar el Constitucional

Ni media hora. Eso es lo que se ha tardado en poner fin a un bloqueo que persistía desde el pasado mes de junio, concretamente desde hace 198 días. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han llegado a un acuerdo que permitirá renovar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponden y que finalmente serán César Tolosa y María Luisa Segoviano. Los dos candidatos propuestos por el sector conservador.

La decisión se ha tomado por unanimidad en la que ha constituido la segunda votación del Pleno del Poder Judicial, pero con un cambio más que significativo en la terna. Después del fiasco que supuso la primera votación en la que los conservadores pusieron sobre la mesa los nombres de César Tolosa (de corte conservador) y Pablo Lucas (de corte progresista) sin lograr los votos suficientes, reemplazaron a Lucas como candidato en favor de Segoviano (también de corte progresista).

César Tolosa es magistrado en el Supremo, mientras que Segoviano es magistrada jubilada en el mismo tribunal. Sin embargo, la propuesta del sector conservador fue entendida como un movimiento para desplazar al candidato hasta ahora favorito del sector progresista -y según medios como El País, el favorito del Gobierno-, José Manuel Bandrés.

¿Por qué ahora sí hay acuerdo?

La decisión, en parte inesperada, ha estado muy determinada por el sentido de voto de ambos bloques, a pesar de que ha sido tomada de forma unánime. Para comprenderla es necesario destacar que la aritmética en el Poder Judicial se reparte entre ocho vocales progresistas y diez conservadores. Ese escenario es lo que había imposibilitado el acuerdo.

En la primera votación que tuvo lugar el 20 de diciembre, Tolosa y Lucas obtuvieron un total de 10 votos, mientras que Bandrés se quedó solo con siete. La razón es que el magistrado Enrique Lucas se abstuvo y era obligatorio un mínimo de once votos a favor. Es decir, en esta ocasión, los vocales sí han votado en bloque y se ha cumplido con la mayoría de tres quintos que impera en la elección de candidatos al TC.

Cinco vocales progresistas -Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez- han anunciado que apoyarían la terna de los conservadores y que renunciaban a apoyar de nuevo a Bandrés por “sentido institucional”, en un contexto en el que ven cómo la institución se ha venido erosionando.

Al margen de todo esto, con esta suerte de cesión al sector conservador, los progresistas se aseguran que el Tribunal Constitucional se encamine a una mayoría progresista cuando se consumen los nombramientos del Gobierno (también dos magistrados). Con las cuatro renovaciones, el Constitucional pasaría de tener una mayoría de seis magistrados conservadores frente a cinco progresistas para alcanzar una de siete progresistas frente a cuatro conservadores.

¿Y ahora qué pasa con los candidatos del Gobierno?

La gran pregunta que puede surgir ahora es ¿ha salido perdiendo el sector progresista o el Gobierno con este giro de guion judicial? Al igual que la incógnita, la respuesta es compleja. Lo seguro es que con esta decisión se despeja el camino para que los candidatos propuestos por el Gobierno -el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la catedrática de Derecho Constitucional y ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez- puedan llegar al Constitucional.

De momento, desde el grupo parlamentario socialista han confirmado que siguen con su plan de presentar una proposición de ley en el Congreso para reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pese a los recientes nombramientos realizados por el órgano de poder de los jueces.  Fuentes del GPS han señalado a EFE que “es una cuestión a solucionar ante el deterioro continuo que el PP produce a las instituciones, al bloquearlas cuando no tiene el poder”.

Aunque dicha proposición de ley no tiene fijada fecha de presentación, su finalidad tiene que ver precisamente con las enmiendas que fueron paralizadas por el TC en el marco de la reforma del Código Penal. En ellas se planteaba eliminar la mayoría de tres quintos para nombrar en el CGPJ a los magistrados al Constitucional -lo que ha ocurrido esta tarde-, pero también modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.

El Gobierno valora positivamente los nombramientos

Tras este giro de guion judicial, ya se han producido de forma prácticamente simultánea las primeras reacciones. Desde el Gobierno han valorado positivamente este desbloqueo y esperan que la renovación contribuya a recuperar el prestigio del Alto Tribunal.

“Es lo que esperábamos desde hace meses y a lo que obligaba la Ley desde septiembre. Pese al retraso y el bloqueo provocado por el PP, hoy el CGPJ ha cumplido sus obligaciones, la Ley y la Constitución”, han comunicado fuentes de Moncloa a la Cadena SER.

De la misma manera, estas fuentes han señalado lo que puede constituir el segundo paso, que “ahora, el TC tendrá que validar también a los otros dos nuevos magistrados del TC nombrados por el Gobierno”. Se trata del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la catedrática de Derecho Constitucional y ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez.

Además, tal y como recoge el citado medio, en el Gobierno no han pasado por alto que esta decisión se produce tras la inédita paralización de la tramitación parlamentaria -en el Senado-, al desear que “el nuevo TC recupere el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas después de las insólitas decisiones adoptadas en las últimas fechas”.

El PP reclama al Ejecutivo que se disculpe con los vocales

Desde el principal partido de la oposición, el PP, han aplaudido la decisión del CGPJ y han emplazado al Gobierno a disculparse con “todos y cada uno de los vocales a los que han insultado en las últimas semanas”. Fuentes populares han indicado a El HuffPost que “es una buena noticia que el Consejo General del Poder Judicial haya llegado a un acuerdo de manera unánime para la designación de dos magistrados al Tribunal Constitucional”.

A su juicio, “ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo”, por lo que consideran que “lo mínimo que debería hacer el Ejecutivo es disculparse con todos y cada uno de los vocales a los que ha insultado en las últimas semanas”.

Además, las mismas fuentes apuntan que “el Consejo ha cumplido con su deber y ha elegido dos perfiles independientes”, por lo que “ahora, corresponde al Gobierno cumplir con su deber y elegir dos perfiles de ejemplaridad contrastada y no dos altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez”, en referencia a Campo y a Díez.

Asimismo, desde el PP cargan contra Pedro Sánchez esgrimiendo que “el presidente inició una reforma para alterar el sistema de mayorías de los órganos constitucionales” y que “haría bien Pedro Sánchez en desandar el camino recorrido hasta ahora y devolver las competencias hurtadas al CGPJ”.