El "caos" por el que el ingreso mínimo vital tardará "años" en llegar a las familias
Directores de Servicios Sociales califican de "desastre" la gestión y piden simplificar trámites.
Un desastre y un caos. Así define el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV).
Ramírez pide que se simplifiquen las gestiones tras conocerse que desde mitad de junio hasta el pasado 7 de agosto la administración ha resuelto tan solo 3.966 solicitudes de las 600.000 presentadas.
Un dato tan contundente como demoledor. “El caos es tan terrible que pueden tardar meses y años en resolver las solicitudes”, recalca el responsable de la asociación.
Ramírez señala que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que la mitad de las solicitudes van a ser denegadas. A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.
Del mismo modo, apunta que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. “Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre”, ha advertido.
Expone también la posibilidad de que haya pagos indebidos ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés. En la misma línea, califica de “inmisericorde” el procedimiento para solicita el IVM en especial para las familias más vulnerables que no siempre tienen capacidad para acceder a la vía telemática.
El presidente de ADYGSS plantea simplificar los trámites de manera que, en lugar de incrementar los efectivos, se establezca una “cuasi presrcipción facultativa” con el requisito que el propio ministerio puede ver: declaraciones de la renta, catastro, ayudas públicas y empadronamiento. “Serían requisitos suficientes para hacerlo telemáticamente y lo pueden hacer las máquinas”, ha asegurado.
Finalmente, asegura que la plataforma multicanal en la que se prevé la participación del Tercer Sector en la gestión de las ayudas “ha fracasado y lamenta que los convenios con los ayuntamientos están sin firmar. “Se necesitaban 70 millones de euros financiados por la Seguridad Social para que los ayuntamientos actúen de órgano gestor”, ha avisado al tiempo que asegura que la expectativa generada por una medida anunciada “como el maná” no ha llegado ni va a llegar.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión han precisado a Europa Press que en los meses de mayo y junio se empiezan los trabajos para reconocer de oficio a 74.000 familias el ingreso mínimo, algo que “tiene un trabajo importante detrás”. En el mes y medio posterior, según explican, se empiezan a recibir muchas solicitudes y se criba porque hay “muchísimos errores de falta de documentación” y por temas relacionados con el padrón y muchas duplicidades, además de trabajarse en los cruces de renta y patrimonio.
Paralelamente, señalan que se trabaja con comunidades autónomas y ayuntamientos para agilizar los trámites y recuerdan que las oficinas de la Seguridad Social no están al ritmo de antes de la pandemia, como ningún otro organismo.
