El cambio político vendrá de la mano de las ciudades

En las recientes Jornadas sobre descentralización y reequilibrio territorial llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, tanto el alcalde de Málaga (PP) como el Presidente de la Federación Española de Municipios Abel Caballero y Odón Elorza (PSOE), insistieron en la necesidad de introducir el Pacto Local para la segunda descentralización ( de las Comunidades Autónomas a los municipios) en la próxima Reforma Constitucional a fin de proteger la financiación y las competencias de éstos.

Con buen criterio explicaron que si hoy las Comunidades Autónomas se quejan de su financiación, ¿Qué podrían decir entonces los municipios?. Los entes locales siempre tratados como el último escalafón del Estado, siendo apenas Estado en el final de una pirámide administrativa que les otorga la mayor parte de la responsabilidad en la gestión del día a día y sin embargo les esquina en la toma de decisiones o en la participación de los tributos y de las competencias.

No fueron tan prolijos sin embargo a la hora de explicar por qué en Madrid Cristina Cifuentes mantiene a los Ayuntamientos en un régimen de subordinación aun mayor del que existe en la Andalucía de Susana Díaz de la que el alcalde de Málaga, el popular Francisco De La Torre, se quejó amargamente y con razón.

Tampoco los socialistas hicieron el intento de explicar cómo es posible que con las Federaciones de Municipios Española y Madrileña bajo su presidencia, y tras décadas de haber tenido en ellas no poca influencia, no haya habido una auténtica respuesta, más allá de las declaraciones, de estas instituciones contra los ataques de Montoro a la Autonomía Local (ataques que han sido los más furibundos e intensos que se recuerdan desde los primeros Ayuntamientos democráticos). Ni de por qué desde ambas se ha obviado por completo el hecho de que las Leyes sobre Pacto Local existentes no se estén cumpliendo, en ocasiones desde hace décadas.

La defensa de la idea de avanzar en planteamientos municipalistas sancionándolos legalmente y blindándolos en la Carta Magna, vino dada por la constatación compartida de los ponentes de que ello implicaría una garantía de mayor eficacia en la gestión de lo cotidiano así como del cumplimiento de los principios de Autonomía Local, subsidiaridad o de proximidad en la toma de decisiones. Planteamiento con el que no podemos sino estar absolutamente de acuerdo.

Sin embargo, a pesar de que defender el Pacto Local y la segunda descentralización desde un punto de vista de mejora de la gestión cotidiana de la vida de las ciudades y pueblos es correcto y necesario, pues necesitamos competencias y financiación para poder mejorar los servicios públicos, el funcionamiento de las estructuras municipales, el personal, etc, también es indispensable subrayar el carácter radicalmente político de la cuestión de la Autonomía Local.

El estrangulamiento competencial y financiero al que someten las normativas e instituciones de las Comunidades Autónomas y del Estado a los gobiernos locales se traduce en una debilidad política que complica enormemente la posibilidad de desarrollar estrategias globales a largo plazo y modelos de ciudad que permitan diferenciarse sustancialmente a unos gobiernos de otros.

Es cierto que una gestión honrada y eficaz puede permitir revalidar gobiernos una o dos legislaturas, pero transformar los mapas sociológicos, los bloques ideológicos y políticos de un territorio, modificar el paisaje conocido para mejorarlo, necesita poder poner en práctica nuevos modelos de ciudad diferenciados y mejores de los ya conocidos. Nuevas ofertas a la ciudadanía que sin renunciar al realismo de lo que existe, amplíen el horizonte de lo posible y lo mejoren configurando en el nivel local los referentes de cambios posteriores a mayor escala.

Para ello es necesario poder planificar a largo plazo, pero ¿cómo hacerlo con una financiación siempre incierta a expensas de lo que decida cada año la Comunidad Autónoma? ¿cómo hacerlo sin competencias suficientes o con la carga de múltiples tareas que se asumen de hecho pero que siguen sin ser financiadas por sus titulares? ¿cómo modificar la cultura democrática y de participación de la ciudad o del pueblo cuando la posibilidad de hacer consultas queda enormemente restringida por normas autonómicas o estatales?

Es por ello que no se trata sólo de descentralizar la capacidad administrativa sino también la política. De lo contrario, indistintamente del color del ayuntamiento, la gestión cotidiana de la participación política, de la oferta de servicios, de la transparencia, queda atrapada en un marco preestablecido por los partidos clásicos que se han turnado durante décadas en todos los niveles administrativos y que han impuesto las posibilidades y los límites de cualquier Ayuntamiento de los que existen hoy en España.

Para ello, esta segunda descentralización debe ir acompañada de una mejora sustancial también de la financiación que permita sostener las nuevas competencias adquiridas. Mejoras tanto en lo cuantitativo (estamos seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea en lo que se refiere al gasto a través de administraciones locales), como en lo cualitativo (mientras que en Cataluña el 100% del dinero que va de la Generalitat a los Ayuntamientos es incondicional, en Madrid esa cifra baja al 1%). Pero también de márgenes de acción política que reconozcan a los gobiernos locales como una parte más del estado en pie de igualdad con el resto de instituciones y administraciones y no, como sucede hoy, como espacios administrativos siempre subordinados al Ministerio de Hacienda y a la Comunidad Autónoma.

Debemos pasar de una concepción piramidal del Estado a una idea más concentrica. Poder desplegar toda la potencia transformadora de los Ayuntamientos de Cambio en cuestiones como la mejora de la participación, la posibilidad de hacer consultas vinculantes en temas variados, remunicipalizar servicios, desplegar estrategias de movilidad que mejoren la vida de las personas, invertir el superávit o endeudarse para fomentar tejidos productivos innovadores que activen las economías locales de forma sostenida y equilibrada, requiere eliminar corsés que hoy imponen las legislaciones de ámbito autonómico y estatal.

Por ello es preciso fomentar el papel de agentes políticos de los ayuntamientos otorgándoles un papel relevante en la ordenación colectiva del territorio y de la sociedad que comparten en cuestiones como el turismo, el comercio, los transportes o el modelo productivo. Subvertir la lógica de competición colaborando entre iguales para construir colectivamente espacios municipales y supramunicipales equilibrados y sostenibles en términos sociales, económicos, de energía, medioambiente, etc.

Por el contrario, el modelo actual en la Comunidad de Madrid basado en la financiación condicionada de unos convenios progresivamente infradotados y en los planes regionales de inversión (que carece por completo de criterios de reequilibrio territorial o de estrategia regional de desarrollo) fomenta la competición entre municipios por lograr la captura de cualquier inversión: Eurovegas, el conservatorio de música, el centro comercial, la siguiente empresa en implantarse en éste pueblo en lugar de en el de al lado, etc., y genera clientelismo y dependencia con respecto a quien pone el dinero: el gobierno de turno de la Comunidad Autónoma con el que es mejor no tener muchos conflictos.

Si pretendemos en 2019 abrir un nuevo ciclo en la Comunidad de Madrid, conviene pensar la nueva Comunidad desde las administraciones más cercanas a la gente y por tanto las más ágiles y accesibles a la hora de atender las demandas ciudadanas y los retos que como sociedad nos planteamos. Desde la lucha contra la violencia de género, a la viabilidad de nuestras ciudades, pasando por la justicia social o la educación, es en cada municipio donde la gente debe encontrar administraciones cercanas y capaces, con herramientas políticas y económicas suficientes como para poder desarrollar modelos que den respuesta. En un viaje virtuoso de ida y vuelta, es fundamental un gran movimiento municipal que nos permita conquistar las Comunidades Autónomas para desde ellas, facilitar a su vez el avance municipal postergado durante décadas.

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