El bosque, el derecho legítimo de los chenchus
Para llegar a Chinapalli dejamos la carretera principal de Dornalla y nos adentramos unos cinco kilómetros por un camino de pedregales. En verano, los bosques frondosos se han convertido en extensiones de maleza seca.
En este pequeño pueblo entre colinas viven 70 familias chenchu.
"Nos asentamos aquí en 2003 porque había agua, antes estábamos un kilómetro más adentro", me cuenta bajo un inmenso baniano Naganna, el Gram Pedda —líder del pueblo. "Ahora el departamento forestal nos dice que no podemos vivir aquí. No lo entendemos, dicen que es para proteger a los tigres pero nosotros solo conocemos la vida en el bosque", me explica preocupado.
Los chenchus son una tribu aborigen de la India que habita los bosques de Nalamalla, que abarcan varios distritos de los estados Andhra Pradesh y Telangana, alrededor de la presa de Srisailam.
Tradicionalmente, su modus vivendi ha sido la caza y la recolecta de productos del bosque como plantas, raíces, tubérculos, goma o miel. Muchos todavía permanecen fuera del sistema socioeconómico moderno. Según el censo de 2011, de los 104 millones de personas tribales en el país solo un 0,45% cuenta con al menos un familiar asalariado.
"Para los adivasis —como se denomina en la India este colectivo— las dos cosas más importantes son las tierras que habitan y el bosque", me explica Ramakrishna Surdeo. Este formador en el desarrollo de personas tribales asociado a la Fundación Vicente Ferrer (FVF) sabe bien de lo que habla; se crió en una aldea tribal incomunicada en lo alto de los Gathes orientales.
Legislación reparadora
A pesar de ser su hábitat, los adivasis sufren graves problemas de inseguridad del derecho sobre la tierra y el acceso a los recursos naturales. En un informe para la ONU de 2016, la Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra denunciaba que las personas tribales se han visto afectadas desproporcionalmente por el desplazamiento y la adquisición forzada de tierras para proyectos de minería, industria y por otros fines no agrícolas.
Como reconocimiento y reparación por las injusticias históricas causadas por leyes forestales, el Parlamento de la India aprobó en 2006 la Ley de tribus desfavorecidas y otros habitantes tradicionales de los bosques. Las comunidades indígenas pueden ahora reclamar terrenos forestales que hayan estado ocupando durante varias generaciones, tanto para vivienda como para el autocultivo. Esta legislación les otorga también derechos de uso de zonas pastorales o corredores de paso, así como la propiedad de los bienes del bosque.
"Viene a decir que el bosque es suyo. Los adivasis habían protegido el bosque durante muchos siglos y esta ley les confiere el derecho a hacerlo. Es clave si realmente queremos que el ecosistema sobreviva", explica Surdeo.
Sin embargo, su implementación se ha visto congelada debido a nuevas directrices que la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre anunció en marzo de 2017 que los derechos tribales no serán aplicables los "hábitat críticos del tigre". Una decisión desestimada por la sociedad civil, que la ha tachado de ilegal y arbitraria, y disputada por la Comisión Nacional de Tribus Desfavorecidas, que ha anunciado que no permitirá ningún desplazamiento hasta que se definan los criterios para determinar estas zonas protegidas.
Si se hiciera efectiva, los chenchus no podrían reclamar Nallamala como su hogar ya que Srisailam alberga la reserva de tigres más extensa de la India.
Dharnas como herramienta
Desde que empezamos a trabajar en Srisailam en 2009, los equipos de la FVF en el terreno se han centrado en conseguir cohesión comunitaria y en formar a los líderes sobre los programas gubernamentales existentes, así como sus derechos bajo la ley de 2006.
"La Fundación Vicente Ferrer nos ha enseñado cómo conseguir títulos de propiedad", me cuenta Lakshmi, una mujer de 30 años de Daopalli. "Primero fuimos a Veldhurthy, la capital comarcal. De allí toda la comunidad nos desplazamos a la oficina del administrador del distrito en Guntur. Nos daban largas así que decidimos hacer dharnas —sentadas en protesta pacífica— con una pancarta hasta que nos hicieron caso", recuerda esta chica y me confiesa que nunca antes en la vida se había manifestado.
Gram Sabha, autogobierno tribal
"El liderazgo tradicional no tiene capacidad para lidiar con las autoridades —dice Surdeo—, por eso hemos apostado por formar a jóvenes y mujeres dentro de las comunidades." A diferencia de en otras zonas de actuación, donde se forman los Comités de Desarrollo de la Comunidad, en Srisailam la FVF apoya la constitución de Gram Sabha o asambleas tribales.
Otra legislación histórica de 1996, conocida como PESA por sus siglas en inglés, confiere poderes importantes a estos órganos locales. Entre ellos, el control sobre los recursos naturales bajo su competencia. Según Surdeo, la combinación de ambas leyes daría completo autogobierno a las comunidades tribales.
Es pionero el pueblo de Mendha Lekha en Maharashtra, que ahora ofrece su conocimiento a otras comunidades como a la delegación de líderes chenchus que visitaron el poblado a través de la FVF.
Uno de ellos fue Jalla Bayanna, miembro del Gram Sabha de Marripallem y que ha reunido a todo el comité con motivo de nuestra visita.
Jalla Bayanna admite que les gustaría poder tener autogobierno en el futuro. "Para eso, nos dimos cuenta que tenemos que luchar con unidad", me dice. Payamma, una de las mujeres miembro de la asamblea, nos interrumpe en la conversación: "Si no estuviéramos unidos no estaríamos aquí sentados. Hemos avanzado mucho. Antes las mujeres no tenían voz en la toma de decisiones."
Pedanna, otro líder a quien conozco en Nallaguntla, también sabe que la unión funciona. "He trabajado mucho para el pueblo: ahora tenemos electricidad, casas permanentes y tierra para cultivar. Durante tres años, hicimos dharnas en Dornalla, Markapuram, Guntur, Amaravati. Lo que tenemos ahora no nos lo pueden quitar, el Gobierno nos ha dado el permiso y nuestros hijos pueden heredar la tierra. Ya no tenemos miedo."
2.300 hectáreas movilizadas
En Srisailam, la Fundación Vicente Ferrer trabaja en 298 aldeas, casi 66.000 personas, la gran mayoría de comunidades tribales. Con el asesoramiento de la FVF, los chenchus han conseguido que se les concedan 2.500 hectáreas de terrenos forestales, tanto para la vivienda como para el cultivo.
