El Banco de España pide actuar rápido para evitar una oleada de quiebras

El Banco de España pronostica que la economía española crecerá un 6% este año y un 5,3% en 2022, según el informe anual publicado este jueves. Sin embargo, alerta de la gran incertidumbre que todavía acecha a la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Ante este escenario, la institución capitaneada por Pablo Hernández de Cos pide actuar con celeridad para evitar los efectos adversos de la crisis. Por ello, reclama que se repartan con mayor agilidad las ayudas directas a las empresas —aprobadas hace unos meses por el Gobierno— para evitar una oleada de quiebras de las compañías más afectadas por la pandemia ante una falta de liquidez.

El organismo supervisor señala que los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han sido efectivos hasta ahora. Gracias a esa actuación, se aumentó el crédito, especialmente en los sectores más afectados. Esta medida fue clave para capear los primeros meses de la crisis económica y permitió que las empresas afrontasen este año en una situación más favorable.

Sin embargo, la persistencia de la crisis ha aumentado la vulnerabilidad las empresas, lo que puede poner en riesgo la recuperación económica. Si las compañías están muy endeudadas, no pueden invertir y, además, aumenta el riesgo de quiebras y destrucción de empleo.

Por ello, el organismo supervisor cree importante implementar de forma ”ágil y flexible” ese paquete de medidas de apoyo a la solvencia empresarial de 11.000 millones de euros. La mayor parte, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos.

Aumento de la desigualdad

El Banco de España también advierte en su informe del aumento de los niveles de desigualdad en la sociedad española a raíz de la crisis, que eran ya elevados antes de la irrupción de la pandemia. Por eso, pide políticas de redistribución de la riqueza.

El organismo supervisor alerta de que la crisis ha afectado de forma negativa en algunos colectivos de trabajadores vulnerables, especialmente los jóvenes, las mujeres, los empleados con contrato temporal y las rentas más bajas. Por ello, aboga por analizar las distintas políticas de transferencias sociales y el funcionamiento del sistema impositivo.

“El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente”, señala el Banco de España.

Ante el aumento de la desigualdad, la institución destaca la aprobación del ingreso mínimo vital como un mecanismo de redistribución que puede contribuir significativamente a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El Banco de España defiende extender el ingreso mínimo vital a algunos colectivos que actualmente no pueden acogerse a este instrumento, pero que también se encuentran en riesgo de pobreza extrema. Este es el caso de familias que superan el nivel de patrimonio establecido como tope, al poseer activos inmobiliarios que, en realidad, tiene escaso valor y no pueden ser vendidos (el típico caso de la herencia de la casa de los abuelos en un pueblo).

Abaratar el despido e implantar la mochila austriaca

El organismo supervisor vuelve a defender la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que abarató los despidos. Además, reclama que se termine con la dualidad en el mercado laboral entre los trabajadores con contrato indefinido —muy protegidos— y los que disponen de contrato temporal —que son los primeros en irse a la calle cuando vienen mal dadas—.

Por eso, el Banco de España aboga por implementar la mochila austriaca, una de las propuestas estrellas de Ciudadanos. El organismo defiende la creación de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero que se implemente en un primer momento con ayuda de los fondos europeos destinados a la recuperación.

El Banco de España calcula el coste de implantación de esta medida en más de 9.000 millones de euros y propone que el Estado financie unos 8.000 millones utilizando una parte de las ayudas procedentes de la Unión Europea.

¿En qué consistiría? La entidad plantea que cada trabajador disponga de un fondo individual (la mochila). Las empresas aportarían el dinero equivalente a seis días por año trabajado —propuesta del Banco de España—. El importe abonado por la compañía sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido. El trabajador puede llevarse el dinero acumulado a otro trabajo, utilizarlo si se va al paro o ahorrarlo para la jubilación.