El Ayuntamiento de Madrid pide a Almeida que recurra la sentencia que absolvía a Ana Botella

Más Madrid y PSOE han conseguido que el Pleno haya apoyado que la EMVS recurra en casación la última sentencia sobre la venta de 1.860 viviendas públicas al ‘fondos buitre’ Fidere por debajo de su precio de mercado gracias a la abstención de los cuatro concejales de Vox, que se han desmarcado del ‘no’ de PP y Cs.

El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid y consejero en la EMVS, José Manuel Calvo, ha defendido que se presente recurso ante el Supremo por “la llamativa composición de la sala de justicia del Tribunal de Cuentas y los fundados argumentos del voto particular discrepante”.

Su propuesta pasa por que la EMVS lo presente en el plazo de 30 días dando de este modo “muestra de su defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudadanía en lugar de optar por la protección de los intereses individuales de los cargos políticos del PP”.

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano, Mercedes González, ha apuntado en su proposición que las viviendas se vendieron al fondo de inversión por 128,5 millones de euros, “cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo de Ana Botella podría haber ingresado más de 151 millones”. Además apuntan que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

El PSOE ha solicitado en el pleno el acuerdo para instar a la Junta de Gobierno, como junta general de accionistas de la EMVS, a que la empresa presente recurso de casación ―ha salido adelante por mayoría de votos― y que mantenga su personación en el juicio oral en la Audiencia Provincial abierto contra el que fuera consejero delegado Fermín Oslé y el representante de Fidere, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social. Esta última personación se mantendrá, como ya anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

“Hay que acatar las sentencias”

El delegado de Vivienda, Álvaro González, cree que estas proposiciones no son más que “un intento por desviar la atención de los más de 1.200 desahucios que se han producido en la ciudad en los últimos cuatro años” para, a continuación, salir en defensa de Mariscal de Gante pese a la “superioridad moral de la izquierda y su doble moral”.

“Crean un relato que no fue y retuercen la realidad”, ha lanzado después de apuntar que “la justicia falla que la operación de la EMVS en 2013 no supuso una vulneración de la ley”, a lo que ha unido que “la Fiscalía ha exonerado de responsabilidad a los acusados” mientras que defiende el archivo, algo que ha sido negado por la socialista Mercedes González.

Tampoco ha olvidado cargar contra la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, por sus “evidentes lazos”, igual que los de Manuela Carmena, con el magistrado del Tribunal de Cuentas en una sentencia “dictada sin tomar declaración a los encausados”. “Hay que acatar las sentencias cuando no nos dan la razón”, ha señalado.

El concejal de Vox Pedro Fernández ha puesto sobre la mesa las “irregularidades formales” que apunta la sentencia del 17 de julio, de la que desprende que “no hubo alcance de fondos y evitó la disolución de la EMVS”. Desde Vox no se oponen a que se agoten los recursos judiciales, de ahí la abstención.

El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia el 17 de julio

El pasado 17 de julio el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia en primera instancia, fechada en diciembre de 2018 y a instancia del Ministerio Fiscal a la vista del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid. Entonces cifraba en 25,7 millones de euros los perjuicios ocasionados a las arcas de la EMVS y que condenaba al que fuera consejero delegado de la empresa Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a su Junta de Gobierno a pagar de su bolsillo hasta 22,7 millones de euros.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, aprobado por unanimidad de su Consejo, señalaba graves irregularidades, como “la eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude”, por lo que se acordó reabrir la instrucción penal por estos hechos.

El Tribunal de Cuentas revocó la decisión ante el recurso presentado por Botella y su equipo desestimando íntegramente la demanda de reintegro por alcance registrada en su momento, con Ahora Madrid en el gobierno, por la EMVS.

La sentencia revocatoria fue dictada por una sala de tres miembros y salió con dos votos a favor y uno particular discrepante. Los dos primeros fueron firmados por dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el Ejecutivo de José María Aznar, a la sazón esposo de la exalcaldesa Botella.

El voto en contra vino del consejero propuesto por el PSOE. Argumentó, según la proposición al pleno de Más Madrid, que la Junta de Gobierno sí asumía funciones directas de control a la EMVS; que no se pidió tasación a una sociedad oficial sino sólo a una consultora, que contrató además con el adjudicatario y que la concurrencia estaba viciada de origen.

A eso sumó que el precio de venta se fijó en los contactos entre la intermediaria con las empresas ofertantes, privilegios al acceso a la documentación que también se constató con cuatro ofertas anteriores al anuncio público del proceso; la falta de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad; la existencia de otras medidas para paliar las pérdidas y que la función social debe prevalecer antes incluso que el principio de viabilidad económica de la empresa.