El acuerdo PSOE-Podemos incluye "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público"
Es una de las medidas incluidas dentro del apartado "Recuperación de nuestra memoria democrática"
Página 30, punto 5.4.: “Recuperación de nuestra memoria democrática”. Así se titula el apartado del acuerdo para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y en él se contempla la recuperación de “manera inmediata” de la titularidad pública del Pazo de Meirás, actualmente propiedad de la familia Franco.
Esta finca coruñesa que fue vendida al dictador en 1938 y era la que usaba como su residencia estival. Ahora, según se refleja en el acuerdo el Pazo de Meirás recuperará su condición de patrimonio público de forma “inmediata”. En este punto se incluye, además, una importante novedad: el resto de los bienes del franquismo “expoliados” serán “auditados para devolverlos a sus legítimos titulares”.
Asimismo, los socialistas y el partido morado han pactado implementar un programa de exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la contienda o la dictadura por motivos políticos.
También en relación con este tema, acuerdan desarrollar “actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” -el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio-, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En último lugar, se comprometen a “estudiar todas las vías legales” para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.
Recuperación de la Justicia Universal
En el ámbito de la justicia, el documento prevé la recuperación de la justicia universal, que fue limitada en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También incluye el compromiso de sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción de los procedimientos penales, establecido actualmente en seis meses prorrogables, “por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”.
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