El abogado que denunció el 8-M pide a la juez que impute a Simón por desobediencia y denegación de auxilio

El abogado Victor Valladares, que fue el que presentó la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid, ha pedido este jueves a la juez de instrucción número 51 de Madrid que llame a declarar en calidad de investigado al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412).

Esta acusación popular es la que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid,

En un escrito elevado este jueves a la juez Carmen Rodriguez-Medel, la acusación popular también insta a la juez a que ordene que se le remitan todas las comunicaciones existentes en relación al coronavirus entre el Ministerio de Sanidad y el CCAES, desde el 30 de Enero hasta el 14 de Marzo de 2020, “a fin de acreditar la existencia o no de requerimientos del primero de los organismos al segundo”.

En un escrito ampliatorio, esta parte solicita igualmente a la instructora del caso que llame a declarar a los convocantes de hasta doce manifestaciones que fueron canceladas por la Delegación del Gobierno tras el 8 de marzo mediante una llamada telefónica a los organizadores, un dato que fue revelado por el informe de la Guardia Civil remitido a la causa.

Recuerda el abogado que estas llamadas no aparecen registradas en los archivos de la Delegación por lo que considera que fueron “canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente”.

Preguntado por el tema, Simón ha asegurado ante los periodistas que no ha recibido nada y que “no está para estas cosas”.

Dejación de funciones

El escrito destaca la condición de funcionario de Simón y su retribución como director del CCAES (26.405,82 euros) y hace alusión a las “contradicciones” en sus comparecencias públicas, que a su juicio han supuesto una “flagrante dejación en sus funciones así como obligaciones contenidas en la Orden Ministerial” que regula sus funciones, “poniendo en peligro la salud pública, e integridad física de todos los españoles y residentes en España”

Entre esas contradicciones, cita las referidas a la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de tests serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, “la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia de coronavirus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud y de la UE”, que “animara” a la asistencia a la marcha feminista.

Sobre este último punto, el denunciante alude a unas manifestaciones del 7 de marzo de 2020, cuando el director del CCAES declaró en referencia a la manifestación del 8M: “si mi hijo me pregunta sí puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera”. “No obstante, según confesó ese mismo día, suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus”, añade.

Así, la denuncia se basa en diferentes aspectos incluidos en el informe de la Guardia Civil, tales como comparecencias de Simón los días 27 y 28 de febrero -cuando según el denunciante admitió que había transmisión comunitaria”, así como en la reunión celebrada el 6 del pasado febrero en la que tanto e ministro de Sanidad, Salvador Illa como el responsable del CCAE advirtieron a los organizadores de un congreso evangélico previsto para mediados de marzo en Madrid de que este acto no se debía realizar bajo ningún concepto por ser un evento de alto riesgo de contagio de coronavirus.

“Efectivamente, ahí radican los hechos presuntamente delictivos que aquí estamos denunciando, la actitud eminentemente dolosa del señor Simón -quien sabe si inducido por otras personas- con la prohibición de la celebración de unas manifestaciones absolutamente cercenadas por los informes de OMS, UE, y por el propio CCAES y Ministerio de Sanidad, y la permisividad con la celebración de otras, incluso animando a su presencia tal y como la manifestación feminista celebrada el 8 de marzo en Madrid, coloquial y desgraciadamente conocida como el “infectódromo”, señala el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Nueva imputación

Al hilo de las llamadas que los promotores de 12 manifestaciones dijeron a la Guardia Civil que recibieron desde la Delegación del Gobierno, la asociación cree que Franco pudo incurrir en la “perpetración de un nuevo hecho delictivo, como es el que afecta al ejercicio de derechos fundamentales”.

El escrito menciona un “delito continuado cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, y concretamente el de manifestación, contemplado en el artículo 514.4 del Código Penal”, por lo que solicita a la juez Rodríguez-Medel que Franco sea imputado también por este delito.

Basándose en el informe que hizo la Guardia Civil, la asociación concluye que esas 12 convocatorias “fueron canceladas por la Delegación del Gobierno, esto es, por el investigado, mediante una llamada telefónica a los convocantes, la cual no aparece registrada en los archivos de la Delegación, convocatorias canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión”.

Según el escrito, para prohibir una reunión o una manifestación se debe hacer “por escrito y una fundamentación fáctica y jurídica, y no a través de un funcionario anónimo de la Delegación del Gobierno, presionado por superiores y sin aportar motivación alguna que una conversación telefónica no registrada en archivo alguno”.