El invierno caliente económico: Sánchez se juega la reelección con los números

España lleva más de un año y medio durísimo de pandemia, algo que ha marcado la vida de todos. Estamos ante una incipiente sexta ola, la vacunación ha hecho que se entre en una nueva fase, pero con muchas incertidumbres todavía. Y si se pregunta en la calle, como recoge el CIS, los españoles tienen claras las principales preocupaciones del país en estos momentos: el paro y la crisis económica.

Estos son los dos principales problemas para los ciudadanos, citados por un 41% y un 35,4% en el último barómetro, por encima incluso de la sanidad (21,1%), los políticos (16,5%) y los peligros del covid (15,5%).

Todo esto en un momento en el que se entra en la segunda fase de la legislatura, con la mirada ya puesta en las elecciones de dentro de dos años. Y en La Moncloa son conscientes de que se la juegan principalmente en esta recuperación, que aspiran a que sea justa y a que no genere la desigualdad de la crisis económica de 2008.

Una recuperación que empieza a verse en algunas cifras, pero que también se ve mermada y amenazada por otras. Los últimos datos del paro reflejan que el mercado laboral está saliendo mucho mejor que los datos macroeconómicos. En octubre se registraron 159.478 afiliados más  -en términos no desestacionalizados-, alcanzado un récord en la serie histórica (19.690.590). Y el paro bajó por primera vez (-0,02%) en octubre por primera vez en 46 años. Además, fue el octavo mes consecutivo en descenso.

Sánchez ha conseguido esta semana, además, amarrar la legislatura al sacar adelante con una amplia mayoría los presupuestos generales del Estado para 2022. Y el Gobierno de coalición lo ha logrado sumando muchos más apoyos que en la investidura de hace dos años, llegando a contar ahora con hasta 188 diputados gracias a PSOE, UP, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. Las cuentas pasan al Senado y se prevé para finales de su año su aprobación definitiva.

De esta manera, Sánchez ya lograr mirar a 2023 sin sobresaltos (como mucho tendría que prorrogar los PGE un año). Y se ha comprobado la estabilidad de la que goza ahora la coalición en el Parlamento, frente a los augurios de que podría caer en las Cortes pronto. De hecho, contrasta esa estabilidad con los apuros que hubo el año pasado para sacar algunas prórrogas del decreto del estado de alarma.

Con estas cuentas el Gobierno planea un gasto social récord y enfocar esa recuperación, que vendrá acompañada de los fondos europeos. Se trata de la mayor oportunidad en décadas (mucho mayor que los fondos de cohesión) y con la que el Ejecutivo pretende impulsar un nuevo rumbo del país. Pero con el gran reto de que eso llegue a la microeconomía, que la gente note que sirve para su vida.

Y es que este es uno de los grandes retos y problemas ahora mismo. Los datos del paro mejoran y también se crece económicamente, pero muchos ciudadanos no lo notan. Al contrario, empiezan a crecer las quejas por la inflación desbocada en estos momentos. El IPC subió el pasado mes de octubre un 5,5%, la cota más alta desde 1992. No es un problema sólo español, sino que se comparte con la mayoría de países (por ejemplo, en Alemania el pasado mes subió un 4,6%).

Tiene que ver especialmente con la subida del precio de la electricidad, en mitad de una tormenta perfecta que nadie consigue parar. La factura de la luz se ha convertido en uno de los principales problemas políticos también para Pedro Sánchez, ya que afecta al bolsillo de todos y la oposición lo está utilizando para intentar arañar votos. El Ejecutivo ha tomado una serie de medidas (especialmente por vía impositiva), aunque no ha logrado que mueva ficha la Unión Europea, que sigue pensando que será algo estacional. Pero la credibilidad del propio presidente está en juego: ha prometido que para final de año se pagará en la factura un precio similar al de 2018, año en el que llegó a La Moncloa tras la moción de censura.

En las últimas semanas, asimismo, se está moviendo la calle y se está acabando la prolongada paz social que había vivido el Gobierno de coalición. Muy duras han sido las imágenes de las protestas del sector del metal de Cádiz durante los últimos diez días, con el conflicto de fondo de una negociación salarial, con los empleados hartos de la situación de la Bahía y presionando para incrementar sus sueldos. 

A esto se han sumado las protestas del sector agrario -el pasado miércoles se concentró frente al Ministerio de Agricultura-, ante la subida de precios de semillas, abonos y combustible. Por delante también quedan días de intensas negociaciones para intentar frenar la huelga convocada por los transportistas en los días de Navidad, algo que sería mortal para la campaña de compras. A este otoño caliente se han agregado los policías y guardias civiles, aunque tienen como principal motivo de descontento la reforma de la ley mordaza.

En esa carrera numérica el Gobierno tiene una de obstáculos muy delicada: la reforma laboral. Debe presentarse ante la UE antes de que acabe el año. Ha enfrentado por el momento hasta los socios de coalición, con la entrada de miembros de Economía y de otros ministerios en la mesa en la que antes estaba sólo Trabajo, aunque la sigue liderando Yolanda Díaz. Hay una pugna también electoral porque es una de las medidas estrella de la izquierda, una seña de PSOE y de UP, y los dos quieren capitalizar ese cambio en el paradigma del trabajo y colgarse la medalla frente al marco aprobado durante la época de Mariano Rajoy (que daba más poder a los empresarios). En el socialismo son conscientes de que la figura de Yolanda Díaz va para arriba, pero no hay miedo al sorpasso (Unidas Podemos sigue cuarto en todas las encuestas). Con una paradoja: los dos se necesitan fuertes para sumar más que la derecha.

Lo que parece muy complicado es que la CEOE entre a un sí tripartito junto al Gobierno y los sindicatos. La patronal ha roto el acuerdo en las últimas negociaciones con el Ejecutivo y CCOO y UGT en materia del salario mínimo y de reforma de las pensiones (con la subida de las cotizaciones).

El Partido Popular está desplegando una dura oposición en la que quiere vender, además de su batalla ideológica, un futuro negro económico. Pablo Casado pretende presentarse como el partido de la gestión y ha llegado a decir que España está al borde del rescate por la bancarrota. Está luchando contra el Gobierno con temas como la inflación y el precio de la luz, consciente de que el voto está principalmente en los bolsillos. Prometiendo también rebajas fiscales y vendiendo el modelo de Madrid, aunque ahora lo esté rebajando por su pulso con Isabel Díaz Ayuso.

Atentos a sus calculadoras. Y a contar votos para 2023, ¿quién sumará más?