Ecocidio: un nuevo crimen contra la paz para salvar el planeta

Han pasado 11 años desde que la activista y abogada británica Polly Higgins se plantara ante la ONU para exigir condena a las acciones contra el medioambiente. En definitiva, para intentar salvar al planeta de la crisis climática sugiriendo la consideración de un delito, el ecocidio, y reivindicando su inclusión como el quinto crimen contra la paz, junto con el genocidio o los de lesa humanidad.

Higgins no fue, sin embargo, la primera en acuñar el término. En los años 70, el primer ministro sueco Olof Palme se encargó de poner nombre a los actos que destruyen ecosistemas y de abrir la veda a su debate jurídico. Acusó directamente a Estados Unidos de cometer este crimen —sin tipificar— por el uso de productos químicos defoliadores durante la guerra de Vietnam y reprochó a Naciones Unidas que no tomara cartas en el asunto.

Pero lo que en realidad sucedió fue que la organización elaboró un borrador en el año 1996 en el que sí se incluía el ecocidio como quinto crimen contra la humanidad y, pese a que contó con el apoyo de hasta 50 estados, cuatro consiguieron tumbarlo defendiendo los intereses de las grandes compañías multinacionales: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda.

12 juristas redefinen el concepto

Hoy, cinco décadas más tarde, 12 juristas de reconocido prestigio tratan de redefinir el concepto para presentar una enmienda al Estatuto de Roma y que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.

“Costó mucho que empezara a funcionar, pero en enero se convocó a un panel internacional de juristas de primer orden internacional y especialistas en derecho penal y medioambiental para redactar una definición sólida y viable sobre el ecocidio que los Estados puedan usar para proponer una enmienda al Estatuto de Roma y que sea aplicable a la hora de crear ese nuevo crimen internacional”, señala Maite Mompó, directora de la campaña Stop Ecocidio en España.

El debate ha ido cobrando fuerza en los últimos meses desde que en la Asamblea Anual de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional de diciembre de 2019, las islas de Vanuatu y las Maldivas pidieran que se “considerara seriamente”. El Presidente francés, Emmanuel Macron también se comprometió a defender la idea de forma activa, y el gobierno belga ha planteado la cuestión directamente en su declaración oficial de 2020 ante la Corte Penal Internacional. Ahora, una larga lista de abogados internacionales y ambientalistas de renombre se ocuparán de definirlo de la mejor manera posible.

Cambiar el foco hacia una nueva ‘base moral’

“El momento en que esto ha sucedido es muy potente. El 20 de noviembre de 2020 se conmemoraron exactamente los 75 años desde el comienzo en 1945 de los juicios de Nuremberg a oficiales nazis de alto rango, y Philippe Sands QC, co-presidente del panel de redacción del ecocidio, estuvo entre los oradores del acto ceremonial que se celebró en la histórica Sala 600 del Tribunal donde tuvieron lugar los juicios”, añade Mompó.

Desde la campaña, señalan que el objetivo clave es cambiar el foco en la protección, “centrarse no sólo en los seres humanos si no en la propia naturaleza, de modo que la destrucción de ecosistemas pueda ser proscrita incluso sin víctimas humanas directas”.

Hasta la fecha, la regulación ambiental se encuentra principalmente en el ámbito civil y, en los casos en que hay delitos ambientales definidos, estos son por lo general bastante específicos. Por ejemplo, un cierto grado de contaminación en un contexto determinado. “En la mayor parte del mundo no existe un marco legal que trate el daño y la destrucción masivos per se, por lo que la actividad corporativa sigue el camino de menor resistencia, operando de la manera más dañina donde existe una protección menor”, añaden.

“El crimen de ecocidio pretende crear una nueva base moral por la cual, cualquier cosa que cause un daño masivo o la destrucción de ecosistemas naturales se convierta simplemente en inaceptable”.

Un camino de largo recorrido

Hasta que sea verdaderamente efectivo y se tipifique, todavía queda un camino largo. “El proceso puede llevar de 2 a 7 años en total”, reconocen. “Sin embargo, no estamos empezando de cero, llevamos años trabajando con estados vulnerables al ecocidio y ahora hay 7 Estados miembros de la CPI que lo están discutiendo, además de parlamentarios de otros 9 países que también están interesados”, apuntan.

En España, la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores presentó una Proposición No de Ley al Gobierno a finales de año en la que se le insta a examinar las posibilidades de legislar sobre el ecocidio a nivel nacional e internacional. Finalmente contó con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox. “Es una muy buena noticia porque implica que está en el tablero, que cada vez se discute más”, añade Mompó.

“El interés va en aumento, pero no hay que olvidar que, tras 25 años de negociaciones climáticas, no se ha conseguido implementar un cambio legislativo y político significativo”.  Las movilizaciones ciudadanas en todo el mundo no cesan y exigen soluciones concretas y ejecutables.