El dumping fiscal, la competencia "desleal" de la que acusan a Ayuso y Moreno Bonilla

España está en clave electoral y ya llegan los grandes eslóganes. Entre los cacareos, las bajadas de impuestos no podían faltar, aun cuando puedan tratarse de prácticas de competencia “desleal”. Así lo califican algunos de los expertos consultados por El HuffPost, ya que perjudican a unas autonomías frente a otras y merman la financiación de los servicios públicos.

Otras asociaciones, por contra, minimizan el impacto que puedan tener las medidas. En los últimos días Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía e Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, se llevan la palma.

Tomó la delantera este lunes el andaluz al anunciar la supresión del impuesto sobre el patrimonio, que afecta a 20.000 personas con grandes rentas en su autonomía y hace desaparecer el 0,6% de la recaudación. Las réplicas no tardaron en llegar. En su ánimo por no ser menos, la líder de Tabarnia y presidenta de la Comunidad de Madrid, proclamó este martes que sería “la peor pesadilla” de las personas que pretendan subir los impuestos en Madrid.

Los anuncios hicieron saltar a la izquierda y la coalición crujió con las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al opinar que quizás España necesite una mayor armonización fiscal.

Pero, ¿qué es el dumping fiscal y por qué genera desigualdad?

En ingles se define como race to the bottom (la carrera hasta el fondo), explica Stella Raventos, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales: “Es una maniobra que se basa en tirar los precios, en este caso los impuestos, para después volver a subirlos”.

En el contexto autonómico, sería una bajada de impuestos que buscaría atraer capital y grandes rentas a un territorio determinado en detrimento de otros, según explica José Manuel Corrales, profesor de Economía de la Universidad Europea. Para el profesor, sin embargo, estas maniobras tienen una buena dosis de “cinismo” detrás.

“No se puede decir ‘vamos a bajar los impuestos’, fundamentalmente a los ricos, porque lo que se bajan es al patrimonio y sucesiones, y luego decirle al Estado que necesitas más dinero. Si bajas impuestos es porque te sobran los ingresos para financiar servicios como Sanidad o Educación”, sostiene Corrales.

Es de esta manera cómo se generan los desequilibrios y desigualdades, según Corrales, ya que otras autonomías con menos recursos no pueden permitirse o prefieren no suprimir esos impuestos para financiarse y los inversores y grandes rentas se fugan a entornos más paradisíacos, fiscalmente hablando.

Sin embargo, Raventos no ve que sea esta práctica la que se lleva a cabo desde Andalucía, y supone que la Junta habrá “hecho sus cálculos”. “Las comunidades recaudan relativamente poco [con el impuesto de sucesiones y el de patrimonio], pero al contribuyente le supone una carga importante. Entonces habrán concluido que les sale mejor anular ese impuesto y por renta o por riqueza que atrae”. Es decir, Moreno Bonilla quita el impuesto al patrimonio y atrae a rentas altas para que residan y consuman en sus comunidades.

Mónica Melle, profesora de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, va más allá y califica de “egoista” las bajadas anunciadas. Señala que precisamente el movimiento de una persona de un territorio a otro para no pagar esos impuestos también desplaza precisamente lo que Raventos sugiere, el consumo. Pero también, “la demanda, el empleo y la actividad”, señala Melle. “Es un juego muy peligroso y muy insolidario en el que, si jugáramos todos igual, nos cargaríamos el estado del Bienestar”, apunta Melle.

La profesora cuenta que como el modelo de financiación en España se basa en la solidaridad, al final es el Estado el que compensará la falta de financiación de los servicios públicos de aquellas comunidades que menos recauden con lo que han aportado otros territorios que sí mantienen esos impuestos que otras eliminan: “Lo que no puede ser es que luego Andalucía pida fondos al Estado porque no tenga para la sanidad o para contratar profesores”.

La financiación de los servicios públicos no corre riesgos con la eliminación de estas cargas impositivas, ya que la recaudación total es “residual” en el cómputo global. Además de que se asume que las autonomías habrán hecho sus números, sin embargo, también aclara: “Si se recortan servicios públicos y realmente la ciudadanía ve un impacto en su vida y sus necesidades, pues la solución es no volver a votar a quien lo ha hecho”.

Contra el espíritu constitucional

Tanto Ayuso como Moreno Bonilla se han erigido como defensores del constitucionalismo que pretende hacer frente a los movimientos nacionalistas, especialmente en Cataluña. Sin embargo, sus bajadas de impuestos, aunque están dentro del marco competencial, para Corrales atentan contra la ética de la Constitución Española y su principio de “solidaridad” entre los territorios, que está recogido en el artículo segundo de su título preliminar (En la página 9).

“La constitución dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Quien más tiene, más aporta”, cuenta Corrales. No se puede ir con la fiscalidad dando y luego rogarle a Papa Estado que solucione los rotos, como expresó ayer el portavoz del PSOE, Patxi López. “Supongo que si una comunidad autónoma termina con el impuesto de patrimonio y luego pide financiación, el Estado claro que puede decirle que no debería haber abolido eso”, señala Raventos.

Para el experto sería aceptable hablar de bajadas en la carga fiscal a los salarios, pero señala que al tratarse de sucesiones y patrimonio, principalmente se beneficia a las clases más adineradas y pudientes. Melle achaca estos grandes anuncios al ambiente preelectoral, pero está claro quiénes van a ser los perdedores y los ganadores.

“Si se elimina este impuesto a quien beneficia es a las grandes fortunas. Y si hay menos recaudación se dejarán de atender servicios públicos que a quien benefician es a las clases medias y a las más vulnerables. Las grandes fortunas no van a la sanidad o educación públicas”, afirma Melle.

Escrivá, armonización fiscal y Europa

A pesar de que las palabras del ministro Escrivá escocieron a una parte del Gobierno y causaron revuelo, su opinión sobre buscar una mayor armonización y centralización de la política fiscal se encuentra en la línea de lo que dicen Europa y otros organismos internacionales.

El mismísimo G-20, en 2021, aprobó establecer un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, no se quedó atrás y propuso también la fijación de un impuesto “temporal” a las grandes fortunas para financiar la salida de la crisis del coronavirus.

La fiscalidad es una constante en los debates comunitarios, ya que el dumping también se da entre los propios socios de la Unión, según explica Melle. “No puede ser que a esos niveles se vea claro y luego aquí en nuestro territorio haya dificultades para plantearlo, en parte por la proliferación de nacionalismo y no pisar ampollas”, comenta la profesora.

Revuelo, reacciones y cainismo

Tanto picaron las palabras de Escrivá, que hasta Moreno Bonilla advirtió al Gobierno este miércoles sobre la toma de medidas judiciales “contundentes” frente a cualquier iniciativa que pretenda “recentralizar” competencias. Las grandes fortunas de Andalucía pueden estar tranquilas, a tenor de las palabras del presidente andaluz.

En medio del revuelo, una de cal, otra de arena, otra de cal... y así. Ese nuevo ímpetu andaluz se tiñó también de cainismo con las declaraciones del andaluz en las que invitaba a los empresarios catalanes a deslocalizar sus empresas e irse a Andalucía, “su tierra”, en palabras del presidente de la Junta. Nada menos.

La reacción catalana no se ha hecho esperar. Foment Treball, la organización que representa a los empresarios y a la industria catalana, publicó un comunicado este martes en el que acusaban al presidente andaluz de decantar una situación que podría incidir gravemente en aumentar los desequilibrios territoriales y donde piden “responsabilidad”.

Vuelve el ruido político, si es que alguna vez desapareció, esta vez alcanza a lo que los españoles pagan o no pagan. Suben los decibelios de cara a las elecciones que se avecinan. Las primeras serán en mayo y las últimas, previsiblemente, en noviembre. Quedan trastos para rato.