Dolores Delgado: "Haber sido ministra es una fortaleza para ser fiscal general"

Dolores Delgado ha afirmado este jueves en el Congreso que el hecho de haber sido ministra de Justicia antes de asumir el cargo de fiscal general del Estado “no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza” en la actuación de un servidor público.

“No debería llamar la atención ni debería producir desasosiego que quienes nos representan en el poder legislativo, quienes lo hacen en el ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales o fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación”, ha manifestado Delgado ante la Comisión de Justicia, el último trámite que debe superar antes de ser nombrada fiscal general.

La exministra ha subrayado que el propio diseño del sistema preserva “la autonomía, la imparcialidad y la independencia” de los fiscales” y ha instado a los grupos a valorar su idoneidad como servidora pública.

Los fiscales son, ha insistido, “autónomos frente al poder ejecutivo y responsables ante la sociedad” y ante la jerarquía interna.

A su juicio, “reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha” o presentarla como un organismo “sometido a los vaivenes políticos” es “injusto” para todos los profesionales que cada día acuden a su puesto de trabajo para defender la legalidad.

“Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar principios y convenciones que le han llevado hasta aquí en los últimos 30 años”, ha dicho Delgado, consciente de las críticas que suscita su nombramiento.

“Autoridad nacional”

Delgado ha propuesto que la Fiscalía sea una “autoridad nacional” desvinculada del Ministerio de Justicia para evitar las “indeseables sospechas” de injerencia del Gobierno en los procedimientos en curso.

Delgado ha realizado esta propuesta dentro del catálogo de medidas que cree que deben adoptarse durante su mandato como fiscal general, señalando textualmente que el Ministerio público se vería reforzado “si la propia Fiscalía fuera autoridad central, autoridad nacional en lugar del Ministerio de Justicia, como ocurre en los países de nuestro entorno, lo que eliminaría las indeseables sospechas de injerencia o conocimiento por parte del Ejecutivo de procedimientos en curso”.

Ha recordado que existen sistemas de “corrección”

Delgado, recibida con gran expectación mediática en el Congreso ante la polémica que generó que Pedro Sánchez optara por su ministra de Justicia para el cargo de fiscal general, ha recordado también la existencia de sistemas de “corrección” en el propio Estatuto Fiscal para garantizar la autonomía de los fiscales en esa jerarquía del Ministerio Público.

No obstante, ha señalado que sólo deben ser utilizados “de manera excepcional, transparente y motivada”, para asegurar el principio de unidad de actuación que garantiza que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y también para corregir excesos o errores que puedan producirse.

La exministra ha repasado su currículum ante los diputados y sus treinta años en la carrera fiscal y les ha garantizado que siempre ha actuado guiada por los principios constitucionales de “defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico” y con las víctimas como su “guía”.

12 votos a 7

Pero antes de presentar su trayectoria profesional, ha defendido el modelo de elección del fiscal, propuesto por el Gobierno y con intervención después tanto del poder judicial como del legislativo.

La función del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), ha incidido, se limita a “constatar objetivamente si concurren” los requisitos exigidos en la ley; que el candidato es un jurista español de reconocido prestigio de más de 15 años de trayectoria.

En su caso, el CGPJ se dividió y avaló su candidatura por 12 votos a 7, eliminando del informe palabras habituales en ese tipo de dictámenes como “idoneidad” o “méritos”.

Contra los discursos de odio

En otro orden de cosas, Delgado ha prometido que dedicará más recursos a frenar los nuevos discursos de odio y discriminación y a combatir la “estigmatización” de los menores extranjeros no acompañados: “Son, ante todo, niños y niñas que deben ser protegidos”.

En la presentación de su proyecto al frente de la Fiscalía, Delgado ha destacado la necesidad de luchar contra las “nuevas amenazas que surgen de la extensión de discursos basados en el odio y la discriminación”, a raíz del resurgimiento de “movimientos antidemocráticos” que “desprecian e ignoran los más elementales derechos fundamentales”.

“No dudaremos en dedicar más recursos y nuevos esfuerzos para frenar y hacer frente al discurso del odio”, ha dicho Delgado, con propuestas como una mayor especialización de los fiscales “en estas nuevas formas de atentar contra la convivencia social”.

Ha incidido también en la especial protección a los menores y ha prometido que la Fiscalía destinará “todos los medios a su alcance” para “garantizar su dignidad”, sea cual sea “su origen o nacionalidad” y para trabajar frente a “quienes tratan de menoscabar la dignidad de la infancia estigmatizando a los niños o poniéndolos en el punto de mira de un conflicto social”.

Y ha lanzado un “mensaje claro y sin titubeos”: “Los menores son ante todos niños y niñas que deben ser protegidos; a eso obligan los tratados internacionales, la Constitución y la ley”.