Devoluciones en caliente: el límite entre la ambigüedad jurídica y la violación de derechos humanos

La crisis de Ceuta ha vuelto a poner en el disparadero una práctica habitual —contraria al derecho internacional— que, sin embargo, ha sido avalada en alguna ocasión tanto por el Constitucional (TC) como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Desde el Gobierno, la posición firme de Interior sobre las devoluciones en caliente contrasta ahora con la que hace apenas unos años defendía el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con la que este mismo miércoles adoptaba la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reconociendo “errores” en su gestión. Pero ¿qué son exactamente y cuáles son sus límites? ¿son o no ilegales?

El concepto hace referencia a la expulsión inmediata de personas migrantes, a su llegada a un país de forma irregular, de vuelta a sus respectivas naciones. Normalmente son colectivas y se producen en la propia frontera, aunque también pueden ocurrir a posteriori, una vez ésta ha sido traspasada, o incluso en alta mar.

Según el derecho internacional, los Estados tienen potestad para decidir sobre política migratoria, ajustando las llegadas a la capacidad de acogida. La normativa no obliga a dar cobijo a todas las personas que migran por motivos sociales o económicos, pero sí a cumplir con los derechos humanos y a posibilitar solicitudes de asilo o el estatus de refugiado por motivos políticos o ideológicos. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las veces éstas se producen dejando a un lado todos los procedimientos de protección y garantías de quienes, tratando de huir del conflicto o la miseria, arriesgan sus vidas por un futuro.

La crisis de Ceuta ha sido uno de tantos ejemplos. Desde el minuto cero el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó considerar las expulsiones como “devoluciones en caliente” y pasó a denominarlas “rechazos en la frontera”. Se ocupó de actualizar las cifras de los migrantes devueltos sin profundizar en la gestión. Un proceso que ha sido cuestionado por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos e incluso, por miembros del propio Ejecutivo.

Garantías inexistentes e incumplimiento de los DDHH

En España estas prácticas llevan produciéndose años y han sido denunciadas en numerosas ocasiones. El Gobierno del Partido Popular intentó legalizarlas al introducirlas en la Ley Orgánica de Extranjería mediante la disposición final primera de la conocida como ‘Ley Mordaza’ de 2015. Tanto ésta como otras disposiciones fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad entonces presentado por los grupos parlamentarios Socialista, UPyD, Izquierda Unida y Mixto, llegando a ser firmado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“La apreciación de inconstitucionalidad se basa, entre otras razones, en que el procedimiento de devolución resulta arbitrario y priva al extranjero de su derecho a la tutela judicial efectiva por no garantizarse un acceso a los tribunales en condiciones que aseguren el ejercicio de sus derechos de defensa”, señalan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“Es dramático”, sostiene Estrella Galán, secretaria general de la Comisión. “El derecho internacional exige que las devoluciones en frontera se lleven a cabo con garantías, en el marco de una identificación individualizada (nunca colectiva), con el fin de poder hacer una detección de perfiles vulnerables y garantizando el acceso a la tutela judicial efectiva. En la medida que en las devoluciones en Ceuta no ha existido un recurso efectivo, y en ausencia de procedimiento, se han incumplido las garantías legales exigidas”, recalca.

Desde el mismo Ejecutivo son conscientes. Tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía sobre la devolución en caliente de menores en Ceuta la pasada semana, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, reconocía este miércoles “errores”, admitiendo que durante la crisis vivida en la ciudad autónoma “no siempre se había garantizado una protección acorde a los derechos de la infancia”.

La Fundación Raíces denunció ante la Fiscalía de Menores el caso concreto de un joven de 16 años que el pasado 19 de mayo llegó a Ceuta a nado, con un flotador hecho de botellas de plástico. La escena en la que el menor gritaba a los militares “traten de entendernos” fue captada en la orilla por un periodista.

Lourdes Reyzabal, presidenta de la fundación, recuerda que la legislación española prohibe “estrictamente” las devoluciones de menores: “Se aparta de una manera meridiana de los criterios del Tribunal Constitucional”, recalca.

Ambigüedad del Constitucional

Algo más ambigua consideran distintas organizaciones internacionales la sentencia del mismo órgano del pasado año, cuando tras varios meses abordando el asunto, el tribunal avaló finalmente los rechazos de inmigrantes en frontera tan solo con algunas matizaciones. El presidente del auto asumió sin condiciones el dictado del TEDH que falló a favor de España en el caso de dos ciudadanos procedentes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados a Marruecos tras entrar de forma irregular en Melilla en agosto de 2014.

En ella, el TC tan solo plantea que las devoluciones deben hacerse de acuerdo a las obligaciones internacionales adoptadas por España, de forma individualizada y con pleno control judicial, prestando especial atención a las personas especialmente vulnerables, ya sean menores, mujeres embarazadas o personas de avanzada edad.

Para la investigadora y responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, “la sentencia lo que avala es su preocupación”. “Muestra una clara ambigüedad”, reconoce. “Por un lado considera constitucional la disposición adicional, pero por otro exige un procedimiento que el Gobierno se ha saltado a la torera con impunidad”, sostiene.

“Ahora se ha expulsado a menores y a personas que podían ser solicitantes de asilo”, argumenta. “Es la primera vez en mi vida que veo a las fuerzas armadas como las autoridades encargadas de la devolución de migrantes en las fronteras”, añade. “Ya advertimos, cuando se incorporó en la Ley de Extranjería el rechazo en frontera, que la única manera de que España cumpla con la legalidad internacional es establecer garantías a través de un procedimiento. Y eso, ahora mismo no existe”, apunta.

“Tanto España como el resto de la UE están externalizando sus fronteras a costa de los derechos de aquellos que intentan acceder, y lo que hemos visto es solo un ejemplo”.

Desde CEAR y Amnistía urgen a establecer rutas legales y seguras que no supongan un riesgo para la vida en el camino a Europa y a respetar la legalidad y los compromisos adquiridos por España recogidos en los tratados y directivas internacionales.