Derecho europeo antiblanqueo vs. oligarcas rusos
España se ha distinguido como pilar confiable en la acción supranacional coordinada contra el blanqueo de capitales.
En la apremiante urgencia de articular una respuesta unitaria a la brutal guerra de Putin contra Ucrania y su pueblo, hemos visto en pocos días una sumatoria sin precedentes de iniciativas para acelerar la desconexión de Rusia, su régimen y sus intereses, respecto de los escenarios y estrategias de futuro de la UE y sus EEMM, así como de sus alianzas (incluida su participación en las misiones de la OTAN). Se han precipitado en la historia los objetivos proclamados de una “autonomía estratégica” (una capacidad militar propia, con una primera unidad de intervención rápida con 5.000 efectivos) que pasa por la “autonomía energética” (prescindir del gas y el petróleo ruso lo antes posible) y una “brújula estratégica” para coordinar posiciones de los EEMM de la UE en el seno de la OTAN.
Una de las herramientas que han destacado con fuerza en esa primera toolbox de medidas de la UE aceleradas por la fuerza compulsiva de los hechos a los que nos confrontamos, ha sido la acción conjunta contra los activos financieros y patrimoniales de los oligarcas rusos al alcance de las autoridades europeas. Ello ha revalorizado con rapidez la importancia de la coordinación e intercomunicación de las entidades financieras con las autoridades de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del crimen organizado.
En este contexto tan difícil, una investigación realizada por el diario Suddeutsche Zeitung (cooperando con el Organized Crime Corruption Reporting Project) ha conseguido destapar fondos multimillonarios en los que un sector de la banca suiza (Credit Suisse) ha defraudado sus obligaciones de control de “factores y clientes de riesgo” (transacciones sospechosas por su origen o sus titulares), que deben ser reportadas a las Financial Intelligence Units, FIU) y a las autoridades antiblanqueo nacionales y europeas.
La mala noticia es que, sin duda, es un escándalo —y un hecho— que los oligarcas rusos mueven masas de dinero ilícitamente obtenido desde países que no han suscrito los Common Reporting Standards (obligaciones de informar a las autoridades fiscales). Los sistemas financieros de EEMM de la UE han desempeñado durante años un papel determinante que ha ayudado a los cleptócratas rusos (y de otras latitudes) a amasar y ocultar sus fortunas ilegales. Pero en el preciso momento en que se hace prioritario cercenar y yugular las fuentes de financiación de una guerra ilegal e injustificable, se recrudece cualquier vía de blanqueo como una vulnerabilidad geopolítica y un desafío en sí mismo a la seguridad de la UE y de sus EEMM. Porque el dinero opaco, ilícitamente obtenido, suele ser el reflejo de un poder análogamente opaco, ilícitamente ejercitado.
La buena noticia es que el Parlamento Europeo (PE) está determinado y comprometido con la actualización y reforzamiento de la actual legislación europea contra el blanqueo. En la actualidad, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) que tengo el honor de presidir tramita ya los cinco Reglamentos (leyes europeas directamente vinculantes en todos los EEMM que no requieren transposición, teniendo como destinatarios a los poderes públicos, a las personas jurídico-privadas y particulares en general) que integran el nuevo AntiMoney Laundering Package (AML) del Derecho de la UE.
Este Paquete AML impulsará un más estricto y limitativo régimen jurídico a la discrecionalidad de las entidades financieras en el trato que dispensan a “clientes de alto riesgo”, con herramientas más potentes para actuar en el control de las acciones originadas en bancos de terceros países. Se asegura, por tanto, que haya más supervisión y due diligence (diligencia debida) en el cumplimiento de las obligaciones coercibles, imponiéndose sanciones graduadas a la gravedad de los flujos no reportados. Sin duda, el tradicional “secreto bancario” suizo ha ido cediendo terreno a la cooperación, pero sigue siendo imprescindible que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) investigue, junto con los supervisores nacionales contra el blanqueo, cada hecho susceptible de escándalo.
Por nuestra parte, España se ha distinguido como pilar confiable en la acción supranacional coordinada contra el blanqueo de capitales. Miembro fundador del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, que suma ya 30 años de estándares de transparencia) y de la Task Force europea, España es, además, partidaria de incorporar al marco comunitario de la UE las listas elaboradas por el GAFI y el análisis de riesgo de las operaciones con terceros países. Y, decididamente, nuestro país se manifiesta resueltamente favorable a incorporar, en el procedimiento legislativo actualmente en curso en el PE, una nueva Agencia UE a la constelación de organismos y entes especializados: una nueva Autoridad Europea de Prevención del Blanqueo de capitales, cuyo reglamento específico debe garantizarle suficientes capacidades y recursos para desarrollar sus funciones.
Una conclusión se impone. La estrategia dirigida a erosionar la tupida malla de redes del poder de Putin sobre todo lo que se mueve en Rusia —que es, no se pierda de vista, el país más extenso de la Tierra, obsesionado por tanto con lo que denomina “profundidad estratégica” frente a cualquier “amenaza existencial” a su seguridad nacional— pasa por intervenir con determinación —y con leyes europeas— en esa oscura y pantanosa urdimbre de fortunas corruptas, secretos blindados, sobornos, extorsiones, omertá y crimen organizado que son los oligarcas rusos.
