El revisionismo político: cómo la derecha y la ultraderecha retuercen la historia y la reescriben a su favor

“La Guerra Civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable directamente, es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936, lo siento por lo que opinen muchos otros historiadores. Es mejor olvidar el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que, poco menos, la derecha es la culpable del 36 y de la Guerra Civil. Eso es mentira, a mi juicio. Hay que responder a la izquierda. Mire usted, si hubo Guerra Civil, es porque lo hicieron muy mal en el Gobierno de la República y fue un fracaso que nos llevó a un enfrentamiento”.

Estas palabras y mentiras las lanza el exministro de UCD Ignacio Camuñas, delante de Pablo Casado. Los asistentes aplauden mientras le pide al líder del PP que su primera medida, si llega a La Moncloa, sea derogar la ley de Memoria Histórica. Casado calla, no salta, no rebate las aseveraciones revisionistas del político, invitado a unas jornadas bajo el paraguas del Partido Popular el pasado lunes. Y ese silencio se ha alargado, hasta hoy el líder del Partido Popular no ha desautorizado esas frases.

En los últimos meses las corrientes revisionistas, e incluso negacionistas, sobre lo que pasó en la Guerra Civil y la dictadura en España se están exteriorizando en ciertas corrientes de la derecha y de la ultraderecha española. Todo ello azuzadas por la campaña de Vox y del PP de considerar ilegítimo este Gobierno y en mitad de la aprobación por parte del Ejecutivo central de la nueva ley de Memoria Democrática, que pasa ahora al Parlamento y que pretende profundizar en la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Hace pocas semanas el propio Pablo Casado lanzaba una frase en el Congreso que provocaba el estupor de la izquierda, de muchos ciudadanos y de catedráticos de Historia en un intento de liar la historia de lo que pasó: “La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”. El líder del PP, muy dado a las citas históricas, optó por el silencio posterior en los dos casos.

Fuentes del Partido Popular consultadas por El HuffPost dicen que las posiciones del partido son muy claras y que apuesta por una ley de Concordia frente a la de Memoria Democrática. Los populares señalan que promovieron y respaldaron en 2002 una resolución en el Congreso que condenaba la Guerra Civil. El partido, sentenciaba Cuca Gamarra estos días, no se ha movido un ápice. El portavoz en el Senado, Javier Maroto, señalaba además que el PP condenaba la dictadura franquista “como la de Pinochet, la de Cuba o la de Venezuela”.

Esa condena no llega de Vox, el partido de ultraderecha aliado del PP en autonomías y ayuntamientos y potencial sustento de Casado si gana las elecciones. Santiago Abascal, directamente, hace afirmaciones en sede parlamentaria como que este es el peor Gobierno “en los últimos ochenta años”, lo que incluye a los de la dictadura franquista. En la nueva ley de Memoria Democrática se incluye una condena de la Guerra Civil y de la dictadura, algo que rechaza frontalmente el partido de ultraderecha. Su líder afirmaba en el patio del Congreso esta semana: “No hay ley ilegítima, ni ha nacido presidente ilegítimo, ni fiscal de partido, ni juez corrupto capaz de hacernos condenar a nuestros abuelos a los abuelos de otros compatriotas”.

La norma, pilotada ahora por Félix Bolaños, quiere poner en el centro a las víctimas y hace al Estado responsable de buscar los entre 20.000 y 25.000 cadáveres que hay en fosas comunes en España. Además, se creará un registro de víctimas, como hay en países como Alemania, y se decretarán dos días oficiales para recordar a las víctimas y a los exiliados.

El Gobierno espera lograr en las Cortes los máximos apoyos posibles, pero la derecha ya ha desplegado una ofensiva: el PP promete una ley de Concordia y Vox ha anunciado que llevará la norma ante el Tribunal Constitucional.

Lo que dicen los expertos y las víctimas

La actitud de los populares hace que los historiadores se lleven las manos a la cabeza y, peor, duele a las familias de los represaliados y a los cada vez menos supervivientes de la Guerra Civil y la dictadura. Los primeros salieron en tropel a puntualizar. “No hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley”, “es una estupidez. Una de esas frases que suenan bien para quien no sabe nada, pero que no corresponde a los hechos demostrados inequívocamente”, o “toda guerra civil empieza con un golpe de Estado, un acto de fuerza para ocupar el poder y expulsar a los que están”, dijeron investigadores de la talla de Julián Casanova, Ángel Viñas o Enrique Moradiellos, posiblemente los más respetados del país.

José Luis Gutiérrez ahonda en esa línea sin ganas de explicarle a Casado en qué falla su aseveración -“de verdad que hay miles de libros que puede leer para salir de dudas”, dice-, pero sobre todo pone marco: entiende que no estamos ante afirmaciones aleatorias, coyunturales, sino fruto de un plan “no improvisado, ideológico”, de “rechazo y desdén de la memoria”. “El PP no es un partido que, en sus orígenes, tuviese a muchos luchadores por las libertades en sus filas. Los elementos que provenían del franquismo se amoldaron a la democracia, pero no más. Las dinámicas internas han sido siempre las de mantener el relato idílico de la Transición y atacar a quien hable, por ejemplo, de régimen del 78. Ahora va más allá, a la guerra, a revisar hechos objetivos y no cuestionables. Ya le quitó importancia cuando dijo aquello de las fosas. Es un paso más, es insistente”, lamenta.

Ese cálculo ha quedado reflejado hasta en estudios universitarios como el de Pedro Paniagua, de la Complutense de Madrid, que en la revista Hispania Nova analizó mensajes de Casado y su exportavoz parlamentario, Rafael Hernando, sobre memoria. Su primera conclusión es demoledora: “Se enmarcan dentro de una línea comunicativa del Partido Popular que consiste en despreciar a las víctimas del franquismo en un intento de negar o atenuar los crímenes cometidos por dicho régimen”.

Y ahonda en la segunda: “esa línea comunicativa busca ridiculizar a otras posturas políticas, tradicionalmente consideradas de izquierdas, y a cualquier asociación que intente luchar por la dignidad de las víctimas porque eso le da al PP réditos electorales”.

Paniagua constata que la ola que causan sus palabras es mayoritariamente contestada en redes sociales, pero no por ello las modifican. “El Partido Popular no intenta mitigar la forma de herir la memoria que suponen las declaraciones de Casado y Hernando. Por el contrario, premia a esos políticos con ascensos porque el propio ascenso es una forma más de comunicación del partido”, concluye.

Gutiérrez añade que el fortalecido movimiento asociativo, el mismo que ha forzado a Pedro Sánchez a mejorar la ley de Memoria, “pone el PP frente al espejo, aunque no quiera”. “Le obliga a definirse”, remacha. ¿Y Vox? “De ellos, ni hablamos. Están en otro plano de negacionismo”. “Y lo que se está viendo no sólo es un retorcimiento de los hechos, constatados por historiadores españoles y extranjeros, sino una falta de compasión con las víctimas bastante triste”, insiste.

Es lo que denuncian desde el memorialismo: la distancia. El contacto con el PP para reuniones de trabajo es prácticamente inexistente, cuando no es que esperen mucho pero, al menos, aguardan a que Casado les explique en qué consiste su oferta normativa alternativa, esa ley de Concordia que anuncia desde hace años.

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, entiende, como razonamiento general, que “nuestra democracia no fue fundada sobre la derrota del fascismo como ocurrió en Europa, sino en una transacción entre la posición democrática y los restos del régimen franquista”, y eso hace que aún estemos ante estos debates y que haya formaciones que no tengan claro el punto de partida. Aunque hayan pasado 85 años...