De las reivindicaciones al lamento de los trabajadores: "Estoy desesperada"
El parón de la actividad provocado por el coronavirus ha suspendido el empleo a más de 4 millones de personas que viven con la incertidumbre de si llegará la prestación.
José Alberto tiene 51 años y trabaja en una imprenta. Su hija Natalia, de 28 años, es dependienta en una perfumería. Ambos viven en Coslada, municipio madrileño situado en el Corredor del Henares, aunque su rutina ha cambiado mucho en las últimas semanas, ya que sus puestos de trabajo se encuentran suspendidos en el tiempo al estar incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).
Ellos ponen nombre a los más de 4 millones de trabajadores que se han visto afectados por esta figura jurídica desde el pasado 13 de marzo. Su testimonio cobra especial relevancia este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que será totalmente diferente a los anteriores. No habrá manifestaciones por las calles, ni tampoco un puente festivo en el que irse a la playa. La pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo.
Ante la gravedad de la crisis sanitaria, el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, que implicó el cierre de miles de negocios. Con el objetivo de evitar los despidos, el Ministerio de Trabajo fomentó los ERTEs y muchas empresas se han acogido a ellos.
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Al igual que ocurrió en la crisis económica de 2008, las redes familiares vuelven a ser un pilar fundamental en los momentos de dificultad. “Nosotros no tenemos que pagar el alquiler, ni la hipoteca, porque la casa ya está pagada y puedo ayudar a mis hijas. Somos unos privilegiados, porque hay mucha gente que lo está pasando peor”, cuenta José Alberto.
“Estoy desesperada, quiero volver a trabajar”, confiesa su hija Natalia, que trabajaba como dependienta hasta que se cerraron los comercios. Ahora está aprovechando el tiempo libre para pintar la cocina. “Soy una dormilona, necesito volver a tener horarios”, cuenta entre risas.
Natalia vive con su pareja en un piso de alquiler, por el que pagan unos 600 euros. “Afortunadamente él está trabajando en la limpieza, incluso echando más horas, y con eso pagamos el alquiler. A mí de momento solo me han pagado la parte de marzo, unos 470 euros”, cuenta.
La situación de suspensión de empleo en la que se encuentran José Alberto y Natalia ha dejado de ser atípica, porque es la misma en la que viven actualmente muchos trabajadores en España como Cristina, Marta, Alicia, Marc, Luca o Alba y su marido Alberto.
A la mayoría de ellos les une una sensación de incertidumbre ante lo desconocido o, incluso, de cierta resignación ante una situación inesperada y que nadie sabe con certeza cuándo acabará. “Suelo ser bastante positiva pero si me asusta un poco el futuro”, confiesa Alicia (nombre ficticio).
Esta joven de 25 años trabajaba en una tienda de ropa antes de que se decretara el estado de alarma y lo compaginaba con los estudios, actualmente un máster. Cobraba algo más de 700 euros por 32 horas a la semana, un dinero que ha dejado de entrar en casa. “Me veo en una situación un poco complicada porque tengo que seguir pagando mis estudios y mis gastos. Intento tener paciencia y enfocarme en el día a día”, cuenta.
Alicia vive de alquiler en un piso en Madrid, junto a su pareja, que sí sigue trabajando: ”Él es sanitario, por lo que no se ha visto afectado”. Los caseros también se han mostrado comprensivos ante la situación. “Han sido más flexibles a la hora del pago como acto de buena voluntad”, afirma.
Gracias a eso y a su previsión en tiempos de bonanza, no han tenido que recurrir a familiares. “Soy bastante ahorradora, tenía ahorros para mis estudios y voy pagando de ahí”, cuenta.
Su situación es similar a la Marta, de 23 años, que era dependienta en una tienda de Mango y que también lo compagina con la universidad. “Estoy terminando de estudiar la carrera, mis padres me ayudan y sé que en la calle no me voy a quedar, pero mis ahorros de cara a estudiar un máster, por ejemplo, a este paso se van a ver afectados”, asegura.
Marta vive de alquiler en el centro de Madrid, en un piso junto a otros dos estudiantes. “Tenía contrato temporal que finalizaba el 2 de mayo pero por esta situación se prolongará tanto como dure el ERTE cuando la actividad comercial vuelva”, cuenta.
La prolongación del parón de actividad empieza a preocupar a muchos de ellos. Luca, un italiano de 39 años, trabajaba de camarero en un restaurante en Cheste (Valencia) hasta que irrumpió el estado de alarma. Tiene un contrato indefinido de 19,5 horas semanales y cobraba 470 euros. “El 14 de marzo fue el último día de trabajo, desde entonces estoy sin ingresos. ¿Quién tiene dinero para vivir sin ingresos durante dos meses con estos sueldos?”, se pregunta.
Luca nació en Como, al norte de Milán, trabaja desde los 14 años, reside en España desde hace seis años, habla cuatro idiomas y, antes de mudarse a Valencia, ha vivido en París, Montpellier y Granada. Actualmente vive de alquiler en una habitación con sus dos perros. “Mi alquiler cuesta 200 euros al mes y ya debo dos alquileres”, lamenta.
No entiende por qué las instituciones españolas están tardando tanto tiempo en pagar las ayudas a los trabajadores afectados, cuando se supone que su ERTE quedó confirmado el pasado 28 de marzo. ”¿Cómo pueden dejar dos meses sin ingresos a los trabajadores?”, señala.
Su madre, una jubilada residente en Italia, le tuvo que prestar algo de dinero, pero no descarta tener que acudir a Cáritas para pedir comida si no recibe pronto la prestación por desempleo: “Llevo un mes con 100 euros”.
No todos los ERTEs presentados por las empresas son iguales. Hay algunas compañías que no han echado totalmente el cierre, sino que han optado por reducir la jornada a sus trabajadores para reducir costes, sobre todo si están vinculadas con actividades esenciales.
Este es el caso de la imprenta en la que trabaja José Alberto. “El expediente en mi caso es parcial. Trabajamos una semana y otra no. La situación es flexible. Si hay trabajo en la semana que estamos en casa, te pueden llamar. Y si vas y no hay, te pueden mandar a casa”, explica.
Algunas empresas están aprovechando las reducciones parciales para formar al personal. “Yo trabajo como representante de una empresa de suministros hospitalarios y tengo una reducción de jornada del 50%. Nos seguimos formando para cuando volvamos a la rutina. Mi marido, Alberto, que trabaja como cocinero en un hotel con restaurante, tiene un ERTE total”, cuenta Alba.
Eso sí, las compañías que han mantenido la actividad durante el estado de alarma han notado mucho la caída de trabajo por el parón económico y el desplome del consumo. “Mi imprenta hace muchas revistas, que han reducido la tirada, y mucha propaganda, pero ahora no se buzonea. Prácticamente tenemos un 20% de trabajo. Hasta que no empiecen a abrir las tiendas, no empezaremos a recuperar el trabajo”, señala José Alberto.
Donde sí existe un punto en común es que ninguno de ellos cobró el pasado 10 de abril la prestación por desempleo. La avalancha de ERTEs ha desbordado a las administraciones públicas y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que han llegado a tramitar más de 80.000 expedientes diarios.
Únicamente han recibido una parte del sueldo de marzo por parte de la empresa. “En abril no cobramos nada, menos mal que la empresa adelantó las pagas extraordinarias de verano al 15 de abril y con eso teníamos las espaldas un poco cubiertas”, asegura Marta. “Hasta el 14 de marzo cobramos la parte proporcional y desde entonces, nada”, cuentan Alberto y Alba.
Los trabajadores incluidos en un expediente deberían recibir una ayuda equivalente al 70% del salario medio de los seis meses anteriores, es decir, si un empleado cobraba 1.000 euros al mes, ahora recibiría 700 euros. Los próximos pagos están previstos para el 10 de mayo, aunque algunos bancos han adelantado los pagos. El Ministerio de Trabajo no ha ofrecido datos sobre el número de beneficiarios previstos.
“Los gimnasios se cerraron y nos enviaron a casa el 13 de marzo. No he cobrado la prestación en abril”, cuenta Marc, un fisioterapeuta de 28 años, que trabajaba en un gimnasio con contrato indefinido a tiempo parcial y que aprovecha este tiempo para estudiar japonés.
A pesar de no recibir la ayuda, su pareja tiene una pequeña empresa de servicios informáticos y sí que sigue trabajando, aunque con muchas dificultades, lo que les permite seguir pagando la hipoteca. “No tenemos problemas económicos, porque tenemos los ingresos de Carlos”, señala.
La prestación del SEPE tampoco llegó a la cuenta de Cristina, de 34 años, que trabajaba en una sala de juegos con apuestas deportivas, ruleta, bingo y tragaperras. “Empecé con 24 años, a los seis meses me hicieron contrato indefinido y en octubre cumplo 10 años en la empresa”, señala.
Cristina vive sola en un piso en Madrid, con sus gatos, y de momento solo ha cobrado la parte proporcional de los días trabajados en marzo. “Con lo que me ha pagado mi jefe he podido pagar facturas y comprar”, confiesa.
Aunque no descarta aceptar la ayuda prestada por su círculo más cercano si fuera necesario. “No es que vaya al día, pero tampoco es que pueda despilfarrar. Tengo la suerte de que tanto familia como amigos me han prestado ayuda pero al final y al cabo es adquirir una deuda”, cuenta.
Se siente insegura de salir a la calle, así que intenta bajar lo menos posible y ahora compra en el supermercado más cercano a su piso. “Soy más casera, estoy llevando bien el confinamiento. Cuando sales a la calle, te sientes como un narcotraficante, porque nos lo han pintado tan mal”, dice.
Cristina mantiene un cierto escepticismo sobre la recuperación, ya que las casas de apuestas no será el primer sitio al que vuelven los clientes, aunque se muestra contenta de haber pactado con sus caseros un alquiler más reducido.
“He tenido la suerte de que llegué a un acuerdo con los dueños del piso. Les conté mi situación, que no sabía lo que iba a cobrar y que seguramente no iba a poder hacer frente a la totalidad del alquiler. Les hice una oferta y me la aceptaron. Mientras dure esta situación, yo pago esa cantidad y cuando yo recupere la nómina, vuelve a mi cuota normal”, cuenta.
Al igual que ocurría en el caso de Alicia, el ahorro realizado en épocas anteriores juega ahora un papel fundamental en estos momentos. “Nosotros sabemos que somos los últimos que vamos a volver a entrar al trabajar. Hay que tomárselo con filosofía. Gracias a Dios, tenemos unos ahorros”, cuenta Alberto. “No tenemos niños, tenemos pocos gastos, percibimos parte de mi nómina, por lo que podemos salir adelante. Si no estarían entrando en casa cero euros”, añade su mujer Alba.
A pesar del parón económico, los gastos no han cesado. “Nosotros somos dos personas jóvenes que nos amoldamos a la situación, pero todas las facturas te las pasan con total normalidad, excepto el impuesto municipal, que se ha retrasado”, recalca Alba. “Yo antes comía en el hotel y ahora comemos dos personas en casa todos los días. Gastamos unos 100 euros cada 10 días en la compra”, señala su marido.
Cristina está convencida de que recibirá la prestación por desempleo en mayo. “Tengo cierta seguridad de que me la han concedido porque una compañera llamó a su banco y le dijo que sí que a partir del día 3 tenían la orden de pagarlo”, señala.
Aunque realmente solo Alba de los nueve afectados con los que ha hablado El HuffPost ha recibido durante estos días la esperada carta del SEPE confirma la tramitación de su expediente, lo que significa que recibirá la ayuda a principios de mayo. También la recibirá Alicia, que ha podido en la página web que tiene reconocida la prestación desde el pasado 28 de abril, un mes y medio después de que su empresa tramitara el ERTE.
El resto de los casos vive con la incertidumbre de si la llegará. “Yo consulto el estado de mi prestación y me encuentro con que mis datos no figuran en su sistema, o sea, no me han tramitado la prestación. No cuento con cobrar en mayo dada la incompetencia con la que me estoy encontrando, no me cogen el teléfono o me cuelgan, que es peor”, lamenta Marta.
Las empresas que utilicen los expedientes de regulación de empleo que se han flexibilizado durante el estado de alarma tienen la obligación de mantener a los trabajadores en sus puestos una vez termine esta situación.
“Las medidas excepcionales estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Esta limitación afectaría a los despidos por causas objetivas pero, en mi opinión, no estarían incluidos los despidos disciplinarios que sí podrían tener lugar durante este periodo”, señala Joaquín Casanovas, abogado laboralista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Debido a la gran estacionalidad existente en el mercado laboral en España, el Gobierno añadió un matiz sobre ese mantenimiento del empleo para establecer una cierta flexibilidad, ya que no es lo mismo una tienda de ropa de una ciudad grande, que abre todo el año, que un restaurante de la costa, que solo lo hace durante unos meses.
“El real decreto 9/2020, de 17 de marzo, aclara que para valorar ese compromiso de la empresa habría que analizar las características y especificidades del sector. Nos podemos encontrar con una empresa de un sector estacional que no puede salvaguardar el nivel de empleo que tenía con anterioridad al estado de alarma”, señala.
Casanovas también señala que lo que sí ocurrirá probablemente es que los contratos temporales podrían no renovarse, al igual que los de obra y servicio, lo que incrementará el número de personas en situación por desempleo.
Tampoco se puede descartar que haya empresas que se ven obligadas a cerrar y que, por tanto, tengan que hacer despidos. “Es más que probable que bastantes de los ERTE que ahora están en marcha acaben derivando en despidos individuales o colectivos (ERE), y ello como antecedente o como consecuencia de los concursos de acreedores que sin duda también veremos”, explica Víctor Canalda, abogado y profesor de Derecho laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes su plan para la desescalada en cuatro fases para la vuelta a la normalidad, que se recuperaría a finales de junio si todo va bien. Aunque los propios afectados son los primeros que temen que, una vez se recupere la actividad, haya ajustes en las empresas. “Creo que va a a haber una reducción de jornada o que despidan a gente. Si antes éramos siete por turno, que ahora seamos cinco”, cuenta Natalia.
“Se viene una crisis económica que va a ser la madre superiora de la que sufrimos en 2007, y que las medidas del Gobierno son cortoplacistas, pan para hoy y hambre para mañana”, lamenta Marta.
Especialmente aquellas profesiones que requieren una gran afluencia de público o, incluso, el contacto físico, como es el caso de los fisioterapeutas. “Va a costar, porque estamos en un momento en el que la gente se siente insegura. Aunque llevemos a cabo todas las medidas de higiene es probable que hasta dentro de un año la gente no recupere la confianza”, señala Marc.
Se avecinan tiempos difíciles para el empleo que ojalá queden en un mal sueño.
