De jueces, másteres y reinas

Mariano Rajoy ha plantado hoy un árbol en Sevilla. Allí, al calor de los suyos, palada a palada, qué no habría dado por enterrar junto a la raíces una de las semanas más desastrosas para el gobierno en esta triste legislatura. Después de la escena del árbol, iba a escuchar la conferencia de David Meca: "Nadando hacia la orilla del éxito".

Esa orilla se le está alejando a Rajoy. Esta semana le ha fallado la justicia alemana, que ha tumbado la acusación de rebelión contra Carles Puigdemont, y le ha fallado su presidenta en Madrid, Cristina Cifuentes, pillada en prácticas tramposas para conseguir un máster, arrastrando consigo a toda una universidad pública. El cisne negro, el factor sorpresa, ha sido el rifirrafe entre las reinas Letizia y Sofía en la catedral de Palma, que ha trascendido la categoría de escandalillo de prensa rosa para dañar la imagen de la monarquía en el peor momento posible. Es la confirmación de la Ley de Murphy: si algo puede ir mal, irá mal.

La estrategia Rajoy de dejar exclusivamente en manos de la justicia el polvorín catalán le ha estallado en las manos. Porque la causa independentista acaba de apuntarse dos tantos cruciales: un varapalo al juez Llarena que llega desde Schleswig-Holstein y el horizonte de una europeización total del conflicto.

Cierto es que los jueces alemanes no están juzgando a Puigdemont, pero sí han valorado -y descartado- algo clave: la existencia de violencia para que sea sostenible el delito de rebelión, equiparable al de alta traición en la ley germana, y castigado en España con hasta 30 años de cárcel. Los alemanes inclinan así la balanza a favor de quienes no entienden la dureza en la actuación del Tribunal Supremo, que no son exclusivamente la defensa de Puigdemont y su gobierno. Esta 'absolución' preventiva traerá consecuencias: Bélgica, Suiza y Escocia tendrán que valorar y pronunciarse también sobre el futuro de los demás dirigentes independentistas huidos. El proceso va a dilatarse si, como parece, la justicia española acaba planteando un conflicto de competencias ante el Tribunal de Justicia de la UE. Otro frente jurídico-internacional abierto, de resolución incierta.

El caso de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, difícilmente tendrá trascendencia fuera de nuestras fronteras, pero también entra en fase judicial. Es demoledor para el futuro del Partido Popular, a un año de las elecciones autonómicas. Madrid es un territorio clave, como lo es Andalucía, donde la cita con las urnas puede adelantarse a este otoño: por eso el cónclave popular de este fin de semana en Sevilla, y el desembarco procesional de ministros durante Semana Santa, entonando el Himno de la Legión.

Las informaciones periodísticas de eldiario.es y que luego amplió El Confidencialhan destapado un cúmulo de incompetencias e irregularidades en la gestión de los másteres impropio de una institución pública como la Universidad Rey Juan Carlos. Eso, en el mejor de los casos para Cifuentes, que está ensayando un nuevo papel de 'víctima' de ese descontrol.

Pero las informaciones apuntan a un hecho más grave: la obtención de un título oficial por parte de una dirigente política de forma arbitraria, sin que quede acreditado que estudió, trabajó y presentó el famoso e inédito Trabajo de Fin de Máster. Además de ilegal, es algo profundamente inmoral, incompatible con el ejercicio de un cargo público. Las explicaciones que ha dado hasta ahora Cifuentes son tan contradictorias como insuficientes, pero insiste en que no piensa dimitir. Cuenta con la complicidad de Ciudadanos, a quien estratégicamente no le interesa dejarla caer a un año de las elecciones, y mucho menos apoyar la moción de censura que ya ha presentado el PSOE con el apoyo de Podemos. El hecho es que tanto para Cifuentes, autoerigida en azote de la corrupción en su propio partido, como para Ciudadanos, que sedujo a tantos votantes con su promesa de regeneración de la política, el caso del máster fantasma es una prueba de fuego.

Ninguno de estos dos culebrones políticos -Puigdemont y Cifuentes- ha podido competir en atención, en esta semana de Pascua, con los miles de vídeos, memes, chascarrillos y horas de televisión dedicadas a analizar lo que, cuando sucedió, parecía una estampa familiar más protagonizada por la familia real al completo.

Al completo, sí, porque después de cinco años, y en una campaña clara para recuperar la imagen perdida de unidad, el rey emérito asistió a la misa del domingo de Resurrección en la Catedral de Palma. Como en tantos bautizos, bodas y comuniones, tras la sonriente foto oficial a las puertas del templo se escondía un psicodrama entre la suegra y la nuera. La reina Letizia se interpuso de malos modos entre la reina Sofía y el fotógrafo que quería inmortalizarla con sus nietas. Unos segundos de desconcierto para Felipe VI y Juan Carlos I, y luego una tormenta mediática que ha saltado fuera de nuestras fronteras.

Dicen los expertos en monarquía que el incidente es grave porque demuestra tensiones internas en una institución cuyo valor simbólico principal es, precisamente, la unidad familiar. Que la reina Letizia ha cruzado una línea roja al romper la apariencia de armonía y felicidad que le exige el protocolo, y al hacerlo, torpeza sobre torpeza, frente a la reina emérita.

En fin: que puedes competir contra una suegra, pero no contra una abuela.

Puedes dejar que los jueces hagan tu trabajo, pero ellos harán el suyo, a su manera.

Puedes presumir de máster, pero no engañar a todo el mundo, todo el tiempo.