De Estado fallido nada: los motivos que desmienten la teoría de España como fracaso

La coalición de PSOE y Podemos está en pie de guerra por la calidad de la democracia en España. Pablo Iglesias cree que no hay una situación de plena normalidad democrática, mientras que el lado socialista ha salido en tromba a defender el armazón institucional del país, una de las 23 democracias plenas según barómetros prestigiosos como el de The Economist, como ha recordado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

El asunto, además, ha sido usado por la Rusia de Vladímir Putin, que ha dicho que no sabe a quién creer, si a Laya o al vicepresidente segundo del Gobierno cuando el Ejecutivo defiende que en España no hay presos políticos, sino políticos presos en referencia a los líderes independentistas encarcelados. La cuestión ha provocado un serio conflicto diplomático entre España, y la Unión Europea, y Rusia.

¿Pero qué hay detrás de la leyenda negra de España como fracaso? Ya Friedrich Leopold, profesor de economía en la Universidad Bundeswehr de Múnich, disparó hace unos meses al orgullo de España desde el periódico suizo más importante. Este experto se preguntó en una columna si la cuarta economía de la zona euro es un Estado fallido. La reseña, junto con las crónicas de los corresponsales extranjeros en Madrid, fue un clavo en el ataúd de la autoestima nacional. Los expertos consultados, no obstante, son contundentes: España no es un país fracasado y quien diga lo contrario dice “tonterías”.

La Fundación Alternativas lleva 12 años auditando el funcionamiento del sistema político a través de una encuesta a la que responden cientos de expertos. Y su último informe sobre la democracia en España evidencia que la valoración global continúa su ascenso por cuarto año consecutivo, alcanzando los 6,1 puntos sobre 10, la nota más alta desde 2008.

La conclusión del informe está en concordancia con otros grandes observatorios internacionales que también puntúan alto a la democracia española. Por ejemplo, el índice Varieties of Democracy (VDem) de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y del Instituto Kellog (EE UU) también señala mejoras y arroja calificaciones superiores a la media de las democracias de Europa occidental en democracia deliberativa, en democracia igualitaria y en democracia liberal, aspectos en los que España consigue 79 puntos en las dos primeras y 81 en la última. La calificación también se encuentra dos puntos por encima de la media europea occidental en democracia electoral y participativa, con 88 y 63 puntos respectivamente.

Es cierto que los resultados de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, son de 2019 y no recogen los efectos que está teniendo la pandemia. Pero, aún así, es la primera vez que España se encuentra por encima de los cinco puntos en las grandes dimensiones que se evalúan: derechos y ciudadanía; Gobierno; representación y elecciones; sociedad civil y dimensión internacional de la democracia.

“Tras haber superado un declive prolongado, más o menos coincidente con la recesión económica, la evaluación de este año consolida un juicio de conjunto favorable”, sellan los autores del informe, bajo la dirección de Alberto Penadés, jefe de innovación del Instituto Nacional de Administración Pública y profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca.

“Decir que España es un Estado fallido es una tontería. Una cosa es que alguien piense que el Gobierno apesta y otra que el Estado sea fallido, que son palabras con una connotación muy clara y que interpelan a Afganistán o a Nigeria, por ejemplo. En España hay una red de hospitales que atiende, etc. Internamente ha sido un discurso cocinado por independentistas y ciertos republicanos que dicen que somos un país como de Oriente Medio, pero completamente alejado de la realidad”, explica a este diario Penadés, quien señala el gran problema que está dejando en evidencia la pandemia: la Administración.

“Lo que puede arreglar España es un plan a largo plazo para modernizar la Administración. Lo han anunciado a bombo y platillo, pero como casi todo lo que anuncian los gobiernos no es creíble. La reforma de la Administración se ha anunciado muchas veces pero no se ha hecho… Y es un problema, porque no está siendo capaz de gestionar, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, ni va a ser capaz de gestionar los proyectos que requieren los fondos europeos. Tiene mucho personal de cualificación media y baja y personal de poca cualificación alta. El nuestro es un Estado rezagado en cuanto a la capacidad de gestionar. No hay agencias resolviendo problemas y es cuando se abre la puerta para que entren las controversias políticas. Y, ojo, son los políticos quienes deben tomar decisiones, pero no son los que tienen que decidir qué información es cierta o falsa, quiénes tienen que ejecutar o calibrar los errores...”, incide Penadés.

“No se puede decir que España sea un Estado fallido, pero es verdad que tenemos más cosas que mejorar de las que pensábamos. Es preocupante el problema de continuidad en la prestación de servicios… Es que no me cabe en la cabeza. No se puede dejar de prestar asistencia sanitaria no covid, no se puede no dar clase a los niños… Tenemos que mejorar”, cuenta con cierta frustración la doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid Eloísa del Pino, exdirectora de gabinete de la exministra de Sanidad socialista María Luisa Carcedo y exdirectora del observatorio de calidad de los servicios en la extinta Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios (AEVAL).

Un talón de Aquiles con forma de función pública

Uno de los grandes problemas del Estado es el funcionamiento de la Administración y los recursos de que dispone para hacer frente a situaciones que tensionan el sistema. “Tenemos algunas cosas que no funcionan bien. El gran shock de esta pandemia ha sido que no hemos sido capaces de dar continuidad a los servicios públicos. La Administración, que debe garantizar que en cualquier circunstancia se puedan prestar servicios como los sanitarios o de cuidado en las residencias, se ha atascado. Y esa falta de capacidad es preocupante. Tiene que ver con la falta de actualización que sufre. No hay un proceso de modernización. Tiene carencias de personal, en número y en cualificación. La Administración ha incorporado poco talento joven”, explica del Pino.

Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la universidad sueca de Gotemburgo, también incide en que España no es un fracaso, pero que tiene retos y problemas acuciantes que no admiten dilación. “No es un Estado fallido. Si en los indicadores internacionales, en cuanto a calidad de democracia, estamos altos y somos una democracia homologable a la de los países de nuestro entorno, el problema no es tanto de democracia como de burocracia”, explica.

“Me gusta definir el problema como politización de la Administración y funcionarización de la política. De esta manera se alimentan malas prácticas de partidismo, que es lo que hemos visto a grandes rasgos con el tema del Consejo General de Poder Judicial. Y esto afecta a toda la Administración, donde tenemos funcionarios altamente dependientes de los políticos para ascender y promocionar… y eso es un problema”, insiste Lapuente.

Para este experto, los funcionarios públicos en España se eligen con un sistema anticuado. “La selección de funcionarios es propia casi del XIX, con oposiciones memorísticas, donde la gente entra a hacer una carrera en la Administración… Esa forma de entender el trabajo, propia de los cuerpos del siglo XIX, puede tener sentido quizá en el cuerpo diplomático… pero en otro tipo de tareas que ejerce el sector público, pero que podía llevar a cabo el sector privado, esa rigidez hace que no se atraigan perfiles jóvenes. Y falta, por ejemplo, gente de datos. La pandemia lo ha dejado patente. Las plazas son para auxiliares, pero necesitamos gente con alta cualificación”.

Su colega Penadés, director del informe de Alternativas, comparte la visión de Lapuente. “Lo que tenemos malo es una mentalidad y una forma de trabajar de los empleados públicos que necesita ser reformada”. Este experto, no obstante, ve a España lejos del fracaso e incluso percibe cosas buenas de los fallos del sistema autonómico que está dejando al descubierto la pandemia. “A pesar de todo, se están poniendo en marcha instituciones federalizantes. Y eso, per se, es bueno. No digo que esté funcionando bien, pero se están poniendo en marcha canales de comunicación y toma de decisiones entre administraciones diferentes que no se habían puesto en marcha nunca”.

El consejo interterritorial de salud es una de las últimas semillas federalizantes que ha plantado la pandemia en España. El último decreto de estado de alarma ha convertido de facto a este organismo, que agrupa a Sanidad y a los consejeros de las 17 comunidades autónomas, en el foro de coordinación y toma de decisiones para hacer frente a la propagación de la covid-19. Según el decreto “podrá adoptar a estos efectos cuantos acuerdos procedan”.

Los mejores de la clase

“Hay saberes y disciplinas que están pobremente incorporadas a la Administración. Falta cualquiera que tenga capacidad de análisis. Necesitamos una Administración capaz de anticiparse y adelantarse, de ser más creativa en las políticas que pone en marcha, que sea capaz de trabajar interdisciplinariamente. Tenemos administraciones que trabajan solas, aisladas. Tenemos una crisis de sistemas de información y de interconexión. Algunas cosas son difíciles de hacer porque generan, y hay que combatirlos, intereses. Tampoco tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y también hemos tenido mucho que hacer con la implantación de la administración territorial”, explica Eloísa del Pino. Con todo lo que ha que hacer, ¿qué países son la referencia?

Víctor Lapuente, experto en política comparada, se lanza: “Francia, ahora con Macron, intenta ser la referencia. Tiene un modelo que hemos copiado, pero no bien. El suyo es más meritocrático, donde se ha hecho un esfuerzo para atraer a los mejores al sector público. Pero aquí esto ha fallado. No se ha copiado igual, se ha mantenido una selección de élites del centro de España… El modelo de Francia será muy elitista, pero ha sido capaz de ser meritocrático. En todo caso, para mi tampoco sería el gran modelo a seguir. Nueva Zelanda o Dinamarca, que son países diferentes pero sí han hecho una reforma en la línea de facilitar el desarrollo de la Administración; sí han hecho una adaptación de la Administración para que opere con la flexibilidad del sector sector privado”.