Cuando la pandemia empuja hacia la pobreza (o la agudiza)

Desde el pasado verano, Vicente Lorenzo, de 64 años, pasa las noches y unas horas al día en un trastero. Un pequeño espacio donde duerme en una colchoneta hinchable, hay una estantería de pared y cabe una mesa en la que coloca su portátil con conexión a internet, tal y como se ve en las fotos que envía por WhatsApp a El HuffPost y que prefiere que no se publiquen por respeto a su situación temporal. Con un calefactor calienta el habitáculo. Sin ahorros, divorciado desde hace seis años y con dos hijos de 31 y 36 años a los que “no quiere pedir ayuda económica”, los ingresos que tiene Lorenzo son los 451 euros que recibe por un subsidio por desempleo por ser mayor de 52

años. Dice que le alcanzan para pagar el alquiler del trastero, el teléfono, la conexión a Internet, comprar algo para desayunar —no suele cenar— y para hacer frente a los gastos de transporte.

Cada día, Lorenzo se levanta a las siete de la mañana para caminar, regresa para estar unas horas delante del ordenador dando forma a “su nuevo proyecto empresarial” —una red de profesionales en la atención y cuidado de personas mayores que denomina Calidad de Vida Circular— y a mediodía se desplaza hasta el comedor social centenario que tienen las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en General Martínez Campos, una calle próxima al centro de Madrid y a unos diez kilómetros del trastero convertido en una especie de casa por necesidad.

“Las colas ya no dan la vuelta al edificio, quedan los más vulnerables”, afirma Jacinto, un jubilado que lleva 17 años colaborando con el programa social de esta congregación. En una fría y soleada mañana de las últimas semanas del año pasado, en el mismo espacio donde decenas de personas esperan su turno para subir al comedor, descarga su furgoneta llena de barras de pan. En los peores meses de 2020 eran cientos los demandantes que se agolpaban en este lugar, cerca de la entrada al edificio, y fuera del recinto, ocupando gran parte de esta conocida calle del barrio de Chamberí. Una imagen que llamó la atención de muchos medios que denominaron a aquellas filas de gente

como las “colas del hambre”.

“Me costó mucho venir aquí”, confiesa Vicente Lorenzo con la voz quebrada y ojos humedecidos mientras hace cola para entrar a comer en el turno de adultos de la una de la tarde. Con porte elegante y móvil en mano, su figura llama la atención. “Una de las cosas que he aprendido es a no negar la realidad”, agrega mientras cuenta cómo ha llegado hasta aquí al mismo ritmo que avanza la fila.

Hasta octubre de 2020, este madrileño que empezó a trabajar a los 14 años, era dueño de la residencia de mayores Fuente del Berro, un negocio privado que contaba con diez plazas de un coste mensual individual de 1.600 euros, vivía en un piso de alquiler y jamás había pensado que su vida iba a dar un vuelco de 360 grados. “Si no hubiera habido pandemia, yo no estaría en esta situación”, sostiene Lorenzo, que achaca el cierre de su residencia a una normativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que le obligaba a reducir su capacidad a ocho plazas para tener una zona de aislamiento covid (espacio reservado a residentes con PCR positiva con o sin síntomas). Según Lorenzo, y haciendo referencia a la noticia del cierre de la residencia que publicó eldiario.es en noviembre de 2020, no le quedó más remedio que decir adiós al negocio “porque no le cuadraban las cuentas ni tenía liquidez para aguantar” —explica que trató de pedir un crédito ICO, pero se lo denegaron— y “por dignidad personal”. Cuenta que tuvo que dejar a deber un mes de nómina a los empleados y 25.000 euros a los bancos. “Somos una sociedad hipócrita en la que no se acepta el fracaso”, se queja.

A Lorenzo todavía le quedan varios años para poder jubilarse. “Es casi imposible encontrar trabajo a mi edad”, se lamenta este antiguo informático que, en su larga etapa como trabajador por cuenta ajena, llegó a tener puestos de responsabilidad en diferentes empresas españolas y extranjeras. Sin embargo, y a pesar de su situación, Lorenzo desprende una gran vitalidad y tiene un discurso cargado de optimismo: “Hay que levantarse con una motivación. Todos los días me tengo que poner un chute de adrenalina porque cuidado con tener la cabeza vacía”. Lo que a él le mueve, insiste, es sacar adelante su nuevo proyecto porque no ve muchas más opciones, pero se encuentra en una encrucijada: sin propiedades, sin ahorros —dice que invirtió 60.000 euros de su bolsillo en la residencia—, solo cuenta con el dinero mensual que percibe de un subsidio que, si se hace autónomo para poder emprender, lo perdería.

Mientras busca una salida, no le queda otra que venir a las Hijas de la Caridad para alimentarse. En el espacioso y luminoso salón al que Lorenzo está a punto de entrar y que está a un 75% de ocupación para guardar distancia de seguridad por el coronavirus, se encuentra Josefa Pérez, directora del Programa Integral Vicente de Paúl (PIVP). “Ya puedes ser muy bueno, pero la pandemia ha tratado a todos por igual”, subraya sor Josefa. “Hay personas que jamás pensaron que podían tener una situación de vulnerabilidad y ahora la están sufriendo”, añade.

Entre los perfiles de beneficiarios que han llegado al comedor social durante los casi dos años de pandemia, sor Josefa cita incluso a personas que antes donaban al programa con alimentos o económicamente y que en estos meses les ha tocado venir a pedir ayuda. Pero hay de todo, tanto españoles como extranjeros. “Para las familias que estaban en una situación más frágil, la pandemia ha sido criminal porque tienen miembros desempleados u otros que se han comido el paro y no encuentran nada. También llegan jóvenes que nunca han trabajado, que lo tienen difícil para incorporarse y que no cuentan con una red familiar en la que apoyarse; personas en ERTE de larga duración o que lo cobraron tarde; mayores de 45 y 50 años en paro y que no encuentran nada; o

autónomos del mundo de la hostelería que lo están pasando mal. En cuanto a inmigrantes, recibimos a muchos de países de América Latina donde el coronavirus ha golpeado más duro que aquí y también de África, sobre todo ahora jóvenes que vienen de Marruecos”.

En 2020, el equipo que lidera la religiosa y que está formado por 23 trabajadores, siete hermanas y unos 60 voluntarios, atendió a 1.834 personas, mientras que en 2021 la cifra se redujo tan solo hasta 1.600 beneficiarios. Además de dar de comer a diario a una media de 300 adultos en dos turnos y

con bolsas de comida para los que no caben en el comedor, en el turno de las once de la mañana van unas 90 familias con menores a recoger comida elaborada para todo el día y que calientan posteriormente en sus casas.

Aparte de los recursos propios del programa, el comedor social cuenta con apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid, así como de donantes anónimos y entidades privadas, y recibe comida y aportaciones en especie de colegios, parroquias, empresas y del Banco de Alimentos de Madrid -según datos de esta entidad, siguen repartiendo a diario 190.000 comidas en toda la comunidad, 60.000 más que en 2019, antes de la pandemia-,

“Las personas que vienen al comedor o a por las bolsas, siempre han llegado con un informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, pero desde que están desbordados de trabajo por la pandemia lo que hacemos es pedir la documentación de las familias y llamamos al centro de salud y a los trabajadores sociales para que estén informados en todo momento de que se les está atendiendo”, subraya sor Josefa. “La necesidad hay que priorizarla y no podemos esperar a Servicios Sociales porque habiendo menores, no lo podemos permitir”.

Once millones de personas en exclusión social

Como le ha pasado a Vicente Lorenzo, muchos ciudadanos han caído en una situación de pobreza y exclusión social durante la pandemia de la covid-19. Según los datos del avance del informe ‘Análisis y Perspectivas 2021: Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, publicado por Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) en base a una encuesta

realizada a 7.000 hogares de toda España entre marzo y mayo de 2021, hay once millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social en España.

Los ciudadanos que están en exclusión no significa únicamente que tienen una situación económica débil, sino que a partir de unos indicadores de los que se sirve el estudio en base a los datos de la encuesta, los investigadores determinan si son o no personas que están integradas en la sociedad.

Para evaluar el grado de exclusión social, se tienen en cuenta las siguientes ocho dimensiones: salud, empleo, vivienda, educación, consumo, participación politica, conflicto social y aislamiento social. En el caso de Lorenzo, atendiendo a la dimensión de empleo, se ubica en el grupo de trabajadores de edad comprendida entre 45 y 64 años, que es el que tienen la mayores tasas de

exclusión, con un 27,3%. Según las razones que esgrime el informe, fue uno de los grupos más perjudicados por la crisis financiera, a quien no terminó de llegar la recuperación económica y al que el actual proceso de digitalización que ha acelerado la pandemia puede minar su incorporación al trabajo.

“Es una muestra muy representativa, con datos sólidos y consolidados que hacemos en el conjunto de la sociedad. Llevamos realizando esta encuesta desde 2007 y la última fue en 2018. Con respecto a hace cuatro años, ahora hay 2,5 millones de personas más viviendo en exclusión social y es la primera vez desde 2007 que se superan los 6 millones de personas en exclusión severa, es decir, los que acumulan muchos problemas [con afectación en al menos cinco de las ocho dimensiones que se analizan]”, explica Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas y coordinador del documento que se publica al completo a lo largo de este mes de enero. “Lo más alarmante de los

datos que hemos extraído es que, en los meses que llevamos de pandemia, la exclusión social alcanza al 21% de los hogares españoles mientras que durante la Gran Recesión, que duró desde 2008 hasta casi 2018, se alcanzó el 24% de exclusión en cinco años”, alerta.

Según Ubrich, estas cifras constatan lo que han ido observando desde los programas de acción social de Cáritas, “que la pandemia golpea con más fuerza a los más frágiles, a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote o con pocos recursos propios y ahorros desde la crisis de 2008, y a los que no les ha llegado el escudo social”. El técnico destaca a dos colectivos como especialmente afectados por las consecuencias de la pandemia: las familias numerosas o monoparentales —especialmente encabezadas por mujeres— y la población inmigrante.

“A las dificultades que entraña la crianza de los hijos se une la ausencia de apoyos públicos. En el caso de la población inmigrante, que parte con desventaja, la pandemia les ha afectado más, en parte, porque durante el confinamiento muchos no pudieron trabajar ya que sus sectores sufrieron

paralización económica y por ello han perdido su permiso de residencia o trabajo, indica Ubrich. Según los datos que arroja el informe, la tasa de exclusión de extracomunitarios triplica a la de los ciudadanos de origen español (un 54,2% frente a un 15%, respectivamente). En el caso de las familias numerosas u hogares monoparentales, los porcentajes son del 47% y del 49%,

respectivamente, frente al 18% de riesgo de exclusión entre parejas sin hijos.

Gabriela, nacida en la República Dominicana hace 38 años, forma parte de ambos colectivos. Lleva veinte años viviendo en España, está soltera, y tiene dos hijos de 10 y 20 años que dependen en gran parte de los 800 o 900 euros que, hasta ahora, suele llevar a casa —el hijo mayor encontró trabajo en

un almacén hace cinco meses, lo que ayuda a la débil economía familiar—. Hasta el 7 de enero del nuevo año que acabamos de estrenar tenía un trabajo “en negro” como ayudante de cocina en un restaurante, pero ahora vuelven los problemas económicos a su hogar. Sin los papeles en regla al perder el permiso de residencia con motivo de una multa que le pusieron hace varios años por vivir en un piso como okupa, el dueño del establecimiento en el que lleva trabajando unos años según temporadas la podría volver a contratar cuando consiga de nuevo la residencia. La situación ha cambiado porque, según Gabriela, este año su jefe dice que no puede permitirse volver a arriesgarse y pagar una posible multa por tener a una trabajadora en situación irregular.

Cuando estalló la primera ola de la pandemia de coronavirus en España en marzo de 2020, a Gabriela le pasó lo mismo que le va a suceder este mes de enero: se quedó sin empleo. En aquel momento también trabajaba en el restaurante de ahora y con el estado de alarma su jefe decidió prescindir de sus servicios. “Me quedé sin ahorros de dos años y tuve que dejar a pagar varios meses de alquiler”, recuerda mientras ayuda a preparar bolsas de comida en el local que tiene en la calle Quero 67 la Red de Apoyo Mutuo de Aluche (RAMA), un colectivo surgido al comienzo de la pandemia del que forman parte voluntarios de la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) y otras asociaciones y ciudadanos del barrio de Aluche, uno de los más deprimidos de Madrid.

En este amplio espacio de dos plantas se almacenan los cerca de 7.000 kilos de alimentos que cada sábado decenas de voluntarios reparten en bolsas de comida a unas 400 familias (más de 1.300 personas) residentes en esta zona del distrito de La Latina y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. También ofrecen productos de higiene, material escolar y hasta han

llegado a repartir ordenadores procedentes de donaciones.

En 2020, en la Comunidad de Madrid llegó a haber hasta 76 despensas solidarias como la de Aluche para dar respuesta a una avalancha de vecinos que lo estaban pasando muy mal por las consecuencias económicas del confinamiento y de las restricciones sociales para luchar contra el virus. A fecha de enero de 2022, se mantienen activas cerca de 20 despensas en Madrid capital, según estiman desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). La de Aluche es, junto a las del distrito de Puente de Vallecas, la que reparte más bolsas de comida de toda la ciudad.

Gabriela es una voluntaria más, pero hasta hace no mucho era beneficiaria de este servicio vecinal que recibe comida del Banco de Alimentos de Madrid, así como donaciones económicas, de material o también de alimentos por parte de empresas privadas y de ciudadanos anónimos de Madrid y de otras ciudades de España e, incluso, del extranjero. Hace un par de meses, el Ayuntamiento de Madrid les dio 7.000 kilos de pollo embotado a través del Banco de Alimentos —“la primera donación que han recibido desde el consistorio hasta la fecha”, critican fuentes de RAMA—.

“Cuando empecé a venir a por comida, llegué a hacer cola desde las doce de la noche para ser de las primeras el sábado por la mañana”, confiesa Gabriela. “Aparte de ayudar a los demás, la red me sirve como terapia para sobrellevar esta situación. Llegué llorando y ahora vengo sonriendo”, añade. Señala que seguirá como voluntaria hasta que ya no haga falta el reparto de alimentos. Si no encuentra trabajo pronto, quizá tenga que volver a hacer cola en la despensa vecinal. Son las consecuencias de tener que vivir al día. Al menos, ha saldado parte de sus deudas gracias a que Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid le ha concedido una ayuda de unos 1.200 euros para pagar dos meses de alquiler.

Como Gabriela, un 30% de los cerca de 90 voluntarios con los que cuenta esta red tuvieron que hacer cola para conseguir una bolsa de comida en momentos de extrema necesidad. Desde abril de 2020, en este rincón de Aluche no se ha dejado de repartir toneladas de alimentos a través de su despensa solidaria . Tal y como pasó con las largas colas de gente esperando para obtener comida de las Hijas de la Caridad, durante los primeros meses de pandemia en España se viralizaron vídeos en las redes sociales en los que se veían a cientos de personas aguardando su turno en el Parque Aluche para llevarse una bolsa de comida. Llegaron a tener alrededor de 800 familias.

“Sigue viniendo mucha gente, tanto españoles como inmigrantes con o sin papeles. Personas que que no tienen trabajo, pero también una alto porcentaje de familias en las que trabaja solo una persona y que con 1.000 euros no les da para pagar un alquiler y hacer frente al resto de gastos básicos que están subiendo, como la luz”, explica Rogelio Poveda, presidente de RAMA.

Entre el parque y el local donde almacenan la comida, varias voluntarias recogen los datos de los solicitantes de la ayuda. Si cumplen con los requisitos, les conceden las tarjetas con las que podrán venir cada sábado a por comida. “Pedimos lo mismo que Servicios Sociales. Que estén empadronados en el distrito de La Latina, datos de la vivienda, justificante de la nómina si es que tienen, número de familiares o los ingresos que suelen tener al mes por unidad familiar”, detalla Poveda. “Esto es para gente necesitada y que esté debidamente registrada en nuestro sistema. Las personas llegan aquí cuando están al límite”, enfatiza. Una vez se registra una persona, si no lo han hecho, desde la red les piden que vayan a Servicios Sociales para contar su caso.

El presidente de la Red de Apoyo Mutuo de Aluche dice que le gustaría que poco a poco las familias dejaran de necesitar la ayuda de la red al haber mejorado sus condiciones de vida, pero cree que no va suceder a corto plazo. “A pesar de que siguen bajando los datos del paro, sigue habiendo mucha temporalidad y trabajos precarios. Además, la situación económica ha vuelto a agravarse y ha subido la carestía de la vida; y claro, mucha gente vive al día y le ha pillado esta crisis sin ahorros”.

Los efectos de la pandemia agudizan la pobreza más severa

En una pequeña calle próxima a la céntrica plaza madrileña de Tirso de Molina, se ubica la sede de la ONG A+familias. Hasta esta estrecha y larga oficina también llegan familias del distrito de La Latina que necesitan ayuda, así como de Puente de Vallecas y Retiro. Su origen es similar al de la Red de Apoyo Mutuo de Aluche. Desde el decreto del estado de alarma, parte del equipo fundador promovió de forma altruista varias campañas de recaudación de fondos para ayudar con comida a más de 2.000 familias de diferentes barrios de la ciudad. Sin embargo, a diferencia de las despensas vecinales solidarias, llevaban cestas de la compra a las casas y daban tarjetas con dinero para

canjear por alimentos en determinados establecimientos. Tras ver que la necesidad seguía siendo muy alta conforme se sucedían las olas de la pandemia, decidieron constituirse como ONG a finales de 2020 y se profesionalizaron en marzo de 2021.

Desde entonces, un equipo de seis personas con formación en el tercer sector asisten, a tiempo completo, y con la ayuda puntual de una red de unos 50 voluntarios y algunos estudiantes en prácticas, a familias en situación de vulnerabilidad. Las apoyan económicamente con tarjetas de débito que tienen una cantidad determinada de dinero para gastar en comida o productos de higiene en los supermercados o comercios con los que colaboran, realizan un acompañamiento telefónico semanal para ver cómo se encuentran emocionalmente y cuáles son sus progresos o necesidades y ofrecen cursos formativos de educación financiera o jurídica para el día a día. Además, según las necesidades de cada familia y en el caso de que no puedan prestar determinados servicios, las derivan a otras entidades sociales.

Soraya Barrul, de 37 años y de etnia gitana, es una de las receptoras de ayuda de A+familias. Llegó en noviembre de 2021 derivada desde Servicios Sociales. Tanto ella como su marido Emilio, de 38 años, nunca han trabajado y subsisten gracias a las ayudas públicas. Tienen tres hijos, dos menores y una mayor de edad. Residen en una vivienda de protección oficial en el barrio de Campamento por el que pagan un alquiler social de 85 euros al mes. Desde que nació Sephora, la hija mayor de 19 años que ahora mismo no estudia ni tiene trabajo, la única entrada de dinero con la que cuenta toda la familia son los 500 euros y pico que perciben por la Renta Mínima de Inserción (RMI) que ofrece la Comunidad de Madrid. Esta prestación social, reconocida por ley como derecho para satisfacer las necesidades básicas cuando no se pueden cubrir con trabajo, pensiones u otros ingresos, no la reciben desde hace seis meses por un problema administrativo con el padrón que están tratando de solventar.

- ¿Cómo lo hacéis para subsistir tantos meses sin ingresos?

- Pues con lo que me ayudan en la ONG, gracias al asesoramiento de la asistenta social que tengo asignada por el Ayuntamiento, a lo que nos pueden ayudar mis padres...

“Lo estamos pasando muy mal”, dice Barrul con voz temblorosa. Es la primera vez que se sincera fuera de su círculo más cercano y por eso le acompaña María Quesada, su asistente de referencia en la ONG. “Todo el día estoy pensando en qué vamos a comer. Es una lucha diaria”, confiesa. Al

menos, dice, a sus hijos todavía no les ha faltado comida.

Durante el tiempo en el que Soraya Barrul no ha recibido la RMI puede llevar comida a casa gracias, sobre todo, a la tarjeta de 120 euros mensuales que le dan en A+familias para gastar en Carrefour. Y hasta finales del año pasado gracias también a que la asistenta social que tiene asignada por Servicios Sociales le ayudó a conseguir una ayuda pública de 1.200 euros para

comprar bienes de primera necesidad en un periodo de tres meses en una “tienda chiquita” donde le iban descontando lo que gastaba. Sus padres, que tampoco trabajan y viven de prestaciones sociales correspondientes, les ayudan en lo que pueden llevándoles comida.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2020, el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad de consumo al año, es decir, cada persona debe vivir con menos de 281 euros mensuales en el caso de formar parte de una familia con dos adultos y dos menores. A tenor de este indicador del INE, la familia de Soraya forma parte de este colectivo de 6 millones de españoles que están en situación de exclusión social severa según los datos estimados por Cáritas y la Fundación FOESSA en su informe. Y ni eso. Están un escalón por debajo ya que sus ingresos no llegan para que cada uno de los cinco miembros la unidad familiar disponga de poco más de 100 euros al mes cuando reciben la RMI.

“No nos hemos levantado de una cuando ya estamos en otra. Y así llevamos estos meses de pandemia”. Barrull relata el calvario por el que han pasado desde que el coronavirus irrumpió en sus vidas. “Nos contagiamos todos”, señala. En aquellos primeros días de la primera ola vivían en el piso junto a sus suegros y cuñados. No puede evitar las lágrimas al recordar cómo su suegro, de 65 años, murió a los pocos días de contagiarse. Su cuñado de 33 años también, pero no por consecuencia directa del virus, sino indirecta: falleció a los siete meses por un ictus que derivó de la infección de covid. “Fue algo brutal”.

Barrull cuenta que su marido no fue a la escuela. Ella, sin embargo, sí. Cursó hasta sexto de primaria, pero no hizo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). “Mi marido ha hecho muchas entrevistas. De reponedor, de barrendero y de otros oficios, pero nunca le han cogido por no saber leer ni escribir. Tampoco tiene carnet de conducir y, claro, para todo piden una experiencia que no tiene. Yo creo que ya ha perdido las esperanzas de trabajar. Además, desde que perdió a su padre y a su hermano está con una pequeña depresión. No sale a la calle, se ha encerrado en él mismo y no quiere ayuda psicológica”.

La madre de familia confiesa “que ya no puede más” porque está tirando de sus hijos, de su marido, de la casa y de la economía y llega a un punto en el que “al final acabas tú mal”. “Las mujeres creemos que somos muy fuertes, pero hay ocasiones en que no lo somos tanto”.

Semanas después del encuentro, María Quesada, su asistente en la ONG, cuenta en un correo electrónico que han conseguido que esté motivada para empezar a formarse. “Noto una mejoría en su estado de ánimo y en el cuidado de sí misma. Se quedó embarazada muy joven, sus hijos ya son más mayores y ahora es cuando está empezando a darse cuenta de que puede ser más independiente. Nos ha dicho que le encantaría aprender a coser y dedicarse a ello profesionalmente. Estamos buscando cursos cerca de su barrio ya que no puede pagarse el transporte. Esperamos que esa motivación no se desinfle”.

Por ahora, Barrull estrena 2022 con la misma lucha diaria para sobrevivir con lo que le dan y con una motivación renovada para tratar de conseguir un trabajo en el futuro. Y no puede bajar la guardia. Cuando este reportero la preguntó si quería añadir algo más tras la entrevista realizada en la sede de A+familias a finales del año pasado, su respuesta fue que sí, que quería lanzar un mensaje

de esperanza, aunque ella estaba en horas bajas. “Animo a la gente a que no se hunda. Que sigan adelante porque siempre hay una solución para los problemas y existen personas que te tienden la mano para ayudarte”.