La epidemia tensiona el puzzle autonómico

Hace más de un mes y medio que el poder en España se ejerce de otra manera. Desde el 15 de marzo las comunidades no tienen apenas competencias porque la única autoridad es el Gobierno. Y Euskadi, Cataluña y algunas autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, presionan para que Pedro Sánchez ponga fin al estado de alarma y les devuelva la capacidad de decidir qué políticas públicas implementar para hacer frente al coronavirus.

En todo este tiempo algunos líderes territoriales han convertido sus autonomías en altavoces para replicar al Gobierno. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso. El 12 de abril la presidenta de Madrid se conectó dos horas tarde a una reunión importante. Dejó plantado a Sánchez y al resto de líderes autonómicos. Ayuso pensó que era mejor recibir a un avión con 113 toneladas de material sanitario. Así que allí estaba, en el aeropuerto, mientras los líderes territoriales gestionaban junto al presidente del Gobierno la mayor crisis sanitaria desde la Guerra Civil.

En el PP, sin embargo, creen que no ha habido falta de colaboración autonómica. Incluso están asombrados por la actitud de algunos territorios: “En esta crisis las comunidades han demostrado absoluta lealtad. También en casos sorprendentes. Por ejemplo, el propio Quim Torra, quien no ha parado de quejarse, se ha rendido a la evidencia de que tenía que recibir la ayuda del Estado”, cuenta el diputado popular Vicente Bertoret, portavoz en la comisión de política territorial y función pública del Congreso.

No obstante, el presidente de la Generalitat no ha podido evitar usar la crisis sanitaria —más de 10.000 muertos en Cataluña— y ponerla a trabajar para la causa independentista. “Siendo un Estado habríamos podido hacer más, habríamos podido hacer todo lo que hemos pedido que hiciera al Gobierno español”.

Llama la atención el viraje del PP sobre el estado autonómico. Ha bastado una crisis con un Gobierno de izquierdas al mando del país para que pase de pedir la recentralización de competencias, como Educación, a reclamar a Pedro Sánchez casi bilateralidad. Antes, Pablo Casado se quejaba de deslealtad de algunas comunidades. Ahora, los populares dicen que se han portado bien.

A medida que se hicieron evidentes los problemas de suministro de material sanitario, que pusieron al Gobierno en un aprieto, algunas comunidades también se lanzaron al mercado internacional en busca de las codiciadas mascarillas y preciados respiradores que Sanidad tenía problemas para comprar.

Ese fue, de nuevo, el caso de Madrid. Pero también de la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña... Por eso Ayuso puso rumbo al aeropuerto ese día, para demostrar que era más eficiente que Sánchez. El avión que recibió la presidenta de Madrid era el tercero que llegaba a Barajas desde el comienzo de la crisis, tras los nueve días de retraso de la primera entrega.

El grueso de los ejecutivos autonómicos se quejaron de que el sistema de compra única no estaba funcionando y decidieron ir por su cuenta. “En el tema de las compras, las comunidades hubieran comprado más barato rápido y eficiente, porque son clientes habituales del material que se estaba pidiendo. El mando único ha generado un lío de contratos incensario”, resume Bertoret.

Ayuso simboliza el mensaje que está lanzando el principal partido de la oposición y del que los populares no se apean: “Las autonomías han demostrado que han sido las que han batallado contra el virus, porque el sistema sanitario depende de ellas. Lo que ha sido un desastre ha sido el mando único del Gobierno. Ha faltado coordinación. Y ha tensionado porque el presidente ha engañado a todo el mundo. Los presidentes autonómicos están cansados de que se les tome el pelo”, razona el diputado del PP.

Los de Pablo Casado utilizan algunos de sus gobiernos autonómicos como ariete para agrietar los muros de La Moncloa y combatir a la coalición entre socialistas y morados. Y eso es algo que irrita a algunos de los grupos que hicieron a Sánchez presidente y que, aun así, también son beligerantes con los límites del estado de alarma. ”¿Por qué se mete a todas las autonomías en el mismo saco? ¿Por qué no decimos Madrid o decimos Cataluña?”, se pregunta el diputado del PNV Mikel Legarda cuando se le cuestiona por las comunidades que más palos han puesto en el camino del Gobierno.

El representante nacionalista considera que si hay una percepción de que las autonomías han dado más problemas que soluciones se debe al uso partidista “evidente” que se ha hecho de ellas. Algo que él mismo lamenta porque “entre el ruido” se pierde el mensaje de comunidades como Euskadi. “La tensión natural que produce la territorialidad se ve amplificada por algunas autonomías que se usan como herramienta de acoso y derribo”, opina Legarda.

Los vascos creen que si se hubiera dado un modelo de codecisión entre los diferentes territorios y el Gobierno hubiera sido más fácil gestionar la crisis para todos. Pero no lo ven así algunas comunidades. El presidente de Aragón, Javier Lambán es tajante cuando se le pregunta si las comunidades han acelerado o parado la crisis: “Hemos frenado al coronavirus y hemos acelerado la solución”, dice a este diario.

El Gobierno de Aragón saca pecho de todas las ideas que surgieron de Zaragoza y se aprobaron en Madrid, como “que los niños puedan dar un paseo con sus padres”, que planteó Lambán en la conferencia de presidentes del 29 de marzo. O el cierre de fronteras, a la que se sumaron Galicia, Extremadura, Cataluña, Andalucía, porque tras cerrar el país “entraban y salían los turistas”.

Galicia, comandada por el popular Alberto Núñez Feijóo, también cree que “la administración autonómica ha sido fundamental para anticipar una respuesta al virus y contener más sus consecuencias”, según matizan fuentes de la Xunta, que valoran las medidas que tomaron antes de que se decretara el estado ed alarma. “Afortunadamente ha habido una Xunta un paso (o más) por delante para contener virus. Mejor no imaginar que todo hubiese quedado en manos de un Gobierno que actuó varios días o incluso semanas después de la administración autonómica”, precisan estas fuentes del gobierno gallego.

El PP y el PNV tachan de error el mando único. Los de Casado porque dicen que el presidente del Gobierno no ha gestionado bien. Y los nacionalistas porque lo ven como “un intento de Sánchez de salir reforzado de la crisis”. Pero el PNV sostiene que implicando a las 17 comunidades se habrían diluido las medallas y se habrían repartido más los errores. Estos últimos, según cuentan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, “se socializan menos que los primeros”. Estas fuentes añaden, en forma de aviso: “Teniendo en cuenta que se trata de una situación inédita y extraordinaria, hay que ser humildes”.

“Ese mando único ha generado un escenario propio para que ese malestar se use de manera específica”, matiza Legarda. Una de las claves del papel de las comunidades durante la crisis está en la politización de la tragedia, que deja más de 25.000 muertos.

¿Pueden la autonomías garantizar el orden sin alarma?

La mayoría de partidos ajenos a la coalición de Gobierno de PSOE y Podemos coinciden en que Sánchez ha decidido gobernar “de manera unilateral”, como sintetiza el representante del PNV. Legarda cree, al igual que el popular Bertoret, que no ha sido acertado por parte del presidente del Gobierno aventurar que sin estado de alarma solo habrá caos.

Tanto el PP como los nacionalistas vascos, además de ERC —que votará no a la cuarta prórroga de la medida excepcional—, señalan que hay mecanismos legales a disposición de las comunidades para garantizar la restricción de movimientos que algunos juristas creen que solo puede imponer el estado de alarma. “Hoy día tenemos miles de limitaciones a la libertad de circulación. Es una interpretación constitucional… sin el estado de alarma en Cataluña se confinaron poblaciones. Y sin el estado de alarma la comunidad vasca suspendió el derecho a la educación”, opina Legarda.

El Gobierno, sin embargo, tampoco se apea de su mensaje: No existe alternativa al estado de alarma para “salvar vidas”. E insiste en que la fortaleza de un Estado compuesto, como el español, reside en la cooperación entre las diferentes administraciones.

Así lo ve también Podemos. “Las comunidades son las administraciones más cercanas, pero se han visto superadas en una situación como esta, tremendamente extraordinaria, y que ha provocado que la respuesta del Estado sea una centralización transitoria que ha tenido éxito”, cuenta la diputada morada Maria del Carmen Pita.

Pita alaba el sistema autonómico. Y no ve una contradicción en hacerlo y defender a la vez que el mando único del Gobierno limite el papel de las comunidades en la toma de decisiones en este momento de urgencia. “Algunas autonomías han pedido a gritos la intervención del Estado porque sus sistemas sanitarios no estaban preparados”.

La representante morada, que también tiene asiento en la comisión de política territorial del Congreso, asume el coste político de ese mando único y acepta el juego de los partidos que usan los Gobiernos autonómicos para hacer oposición.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ven “lógico” el deseo de normalidad de las Comunidades Autónomas: “Pero quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser prudentes en la gestión de las expectativas y actuar de forma coordinada, porque las decisiones afectan a personas. No podemos relajarnos. El virus sigue entre nosotros”.

“Hay coyunturas electorales en País Vasco y Galicia. Las comunidades autónomas suelen confrontar con el Gobierno. Y eso son más palos en las ruedas”, reflexiona Pita. Y avisa: “Las fuerzas políticas que tienen el control de los gobiernos autonómicos quieren contar victorias tempranas. Y eso no deja de ser legítimo, pero nunca debe anteponerse al interés general”.

Una tensión que “tiene que salir”

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Subirats apunta que la tensión “tiene que salir”, porque el problema en la base de la pandemia estaba en los hospitales, gestionados por las autonomías. Esa imagen de falta de camas y equipos está grabada en la retina de pacientes y sanitarios.

Sánchez ha tenido que esforzarse para encauzar la cuarta prórroga del estado de alarma. Ciudadanos y el PNV han condicionado el alcance de la medida. Y los nacionalistas insisten en la codecisión. “La idea de la cogobernanza, que implica trabajar en red y asumir que no puedes ocuparte de todo, llega tarde”, explica Subirats, sobre el último giro del presidente del Gobierno.

El ministerio que dirige Carolina Darias, que ha estado en cuarentena por haber pasado la Covid-19, insiste en que “la cogobernanza, es decir, con la necesidad de entenderse, de estar a la altura del comportamiento ejemplar de la ciudadanía y encontrar al menos un mínimo común de entendimiento” es la clave para que la desescalada por fases funcione.

Este experto en sistemas federales de gobierno aclara que el Ejecutivo acertó al acompasar su mensaje recentralizador del mando único “con que el virus no obedece a fronteras”. Y es que las comunidades, dice Subirats, deben compartir información y datos; algo que implica dependencia. Y asumir que no han podido ocuparse de todo. Pero ahora, una vez se instala la percepción de que lo peor ha pasado, las autonomías quieren correr para mostrar que pueden resolver problemas.

El catedrático también menciona la lógica de competición de los partidos por las elecciones en Galicia, Cataluña y Euskadi que aún se tienen que celebrar y que quedaron postergadas por la epidemia. El ‘no’ de ERC a la cuarta prórroga del estado de alarma tiene justificación: “Cataluña debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento”. El presidente Torra quiere que se excluya a su comunidad del estado de alarma si no recupera sus competencias.

La presión sube. Sánchez ha recordado hasta la extenuación que la desescalada se hará con el concurso de las autonomías. “Jugaremos en equipo”, dijo el presidente en una de sus alocuciones, cuando presentó el plan de desescalada por fases. El Gobierno, sin embargo, aún no ve el momento de dejar libres a las comunidades y, por eso, ha acordado con ellas los parámetros e indicadores para evaluar esas fases que deben conducir a casi 47 millones de españoles a la nueva normalidad. La batalla política sigue y no hay vacuna para frenar la politización.