El Constitucional aplaza su debate sobre el segundo estado de alarma a final de mes "por falta de tiempo"
Se iba a tratar esta semana pero los magistrados reconocen que "era muy aventurado” pensar que entrase en plazo.
El debate sobre la constitucionalidad o no del segundo estado de alarma se aplaza “por falta de tiempo” hasta final de mes. El Tribunal Constitucional retrasa hasta el 26 de octubre la deliberación del recurso de Vox por tener que resolver otros asuntos con anterioridad en el pleno que ha finalizado este jueves.
Según han explicado fuentes jurídicas a Efe, este asunto sí figuraba en el orden del día de su pleno esta semana, pero “era muy aventurado” pensar que se podía llegar a abordar esta cuestión, “con tantos asuntos importantes por delante” como la prisión permanente revisable, el recurso del expresident catalán Artur Mas o la suspensión del Congreso durante el primer estado de alarma.
Los magistrados no solo se excusan en la “falta de tiempo”, sino en que se trata de uno de los asuntos de mayor calado y envergadura del presente curso judicial en este tribunal y que, por tanto, requiere de mucha reflexión.
Sin embargo, otras voces en el tribunal de garantías apuntan también a las “importantes discrepancias jurídicas” para aplazar su deliberación partiendo de que el proyecto de sentencia del magistrado Antonio Narvaez, del bloque conservador, es partidario de declarar la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma.
“Profundo malestar” en el TC
Hace un mes, una noticia publicada por el diario ABC avanzó el fallo del borrador de la sentencia, lo que generó un “profundo malestar” en el tribunal de garantías ya que, según las fuentes, “el proyecto de sentencia todavía no había sido repartido y ni siquiera era conocido por los magistrados”. Algunas fuentes consultadas consideraban “un absoluto desprecio al Constitucional” dar por aprobada una ponencia que los magistrados aún no habían empezado a deliberar ni siquiera a estudiar.
Ante esta situación, las fuentes explican a Efe que el presidente Juan José González Rivas tomó la decisión de pedir a todos los magistrados que realizasen un escrito con sus aportaciones al ponente, que podría o no modificar el texto a partir de ellas. Con esta maniobra, buscaba lograr un mayor consenso y acercar posturas para evitar lo ocurrido con el primer estado de alarma con “descalificaciones” que amenazaron con “romper el tribunal”.
Cuando el tribunal anuló el confinamiento decretado en marzo de 2020 en el primer estado de alarma señaló en su sentencia que este marco jurídico debe estar “estrictamente acotado en el tiempo y sometido a constante fiscalización y control”, uno de los argumentos que podrá influir en su decisión sobre el segundo estado de alarma.
Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso, una situación que se dio en varios países de nuestro entorno, pero respecto a la cual el tribunal se muestra dividido. Esta cuestión y la cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales serán las cuestiones más delicadas a tratar por los magistrados.
