El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas para amortiguar la subida del precio de la luz

El Consejo de Ministros se ha reunido este martes para aprobar un nuevo paquete de medidas para amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, de forma que los españoles paguen a final de este año una cuantía similar a la de 2018. En él también se fija que las compañías eléctricas deberán devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

Se trata de un encuentro esencial para continuar impulsando el plan de choque que el Gobierno ha diseñado para mitigar la escala de precios. En concreto, el Ejecutivo ha dado luz verde a la suspensión hasta final de año del impuesto del 7% a la producción eléctrica y rebajará el impuesto especial a la energía del 5,1% al 0,5%, que es lo mínimo que exige la legislación comunitaria, según anunció el lunes por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dentro de este paquete de medidas, Sánchez explicó que se “detraerán los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas” para redirigirlos a los consumidores, “topando” el recibo del gas y reduciendo así la factura de la luz.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, han comparecido en rueda de prensa para explicar los acuerdos. “El Consejo de hoy ha estado marcado por el compromiso adquirido hace apenas unos días por el presidente del Gobierno, un plan que va más allá de un plan de choque puntual”, ha asegurado Rodríguez.

“Éste contendrá medidas sociales, fiscales y ambientales, con el objetivo de bajar la factura de todos los consumidores, dar protección a los vulnerables e impulsar la recuperación económica”, ha añadido Ribera.

Las medidas en detalle

Una de las grandes iniciativas que llevará a cabo el Gobierno se corresponde con fijar un tope al precio del gas, uno de los principales desencadenantes del precio al alza de la electricidad. Se trata de uno de los ejes centrales del plan del Gobierno, puesto que es uno de los ámbitos que más influye en el precio final que paga el consumidor.

Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo pretende limitar el máximo de la tarifa denominada como de último recurso (TUR). Este indicador es regulado de forma trimestral por el Gobierno.

No será la única acción dirigida a reducir el impacto en el recibo. Si el Gobierno ya había rebajado el IVA del 21 al 10%, ahora el objetivo es actuar sobre el impuesto especial a la energía colocándolo en el mínimo posible que permite la legislación comunitaria, el 0,5%.

Asimismo, el real decreto-ley incluye también destinar 900 millones adicionales, hasta un total de 2.000 millones, de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras independientes.

Las grandes eléctricas, obligadas a subastar energía

Así, los grupos empresariales dominantes (Endesa, Ibedrola, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%, han explicado desde Transición, que han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.

Según el Gobierno, la aplicación de esta plan de choque dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Mitigar la escalada de precios

El plan llega en un momento en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista se mueven por encima de los 150 euros por megavatio hora (MWh).

“Se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores”, enfatizó ayer Sánchez en una entrevista en TVE, en la que reprochó que “no es razonable” que estas empresas tengan esos beneficios extraordinarios en estos momentos. “Tenemos todos que ser solidarios y todos tenemos que hacer un esfuerzo”, remarcó.

Caídas en Bolsa

Este martes, las compañías energéticas experimentaban notables caídas en Bolsa en los primeros compases de la sesión a la espera de las medidas que aprobará este martes el Consejo de Ministros para frenar la escalada en el precio de la luz.

Endesa lideraba las caídas a las 9.50 horas, con un descenso del 1,76%, seguida de Solaria (-1,68%), Iberdrola (-0,93%), Repsol (-0,44%), Enagás (-0,40%), Red Eléctrica (-0,38%) y Naturgy (-0,27%).