El Congreso tumba los vetos de PP y Vox a la ley del 'solo sí es sí'
El texto, defendido por Irene Montero, sigue su tramitación legislativa con una amplia mayoría de apoyos.
‘No es no’ para PP y Vox. El Congreso de los Diputados ha tumbado sus vetos contra la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del ‘sí es sí’ y que ahora seguirá su tramitación legislativa.
De esta forma, el proyecto de ley, que reformará el Código Penal para acabar con la distinción entre abuso y violación y hará del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales, empieza su tramitación en el Congreso, ya que las enmiendas a la totalidad no cuentan con los apoyos suficientes para salir adelante.
En el caso de Vox, su intento de tirar la propuesta del Gobierno se ha saldado con 55 ‘síes’, 205 ‘noes’ y 88 abstenciones. El PP ha obtenido una derrota también sonada, con 91 apoyos, 244 rechazos y 12 abstenciones. La ultraderecha ha contado con la abstención popular y los de Génova han recibido el mismo trato por parte de Ciudadanos y PdCat.
“Es un momento decisivo para la historia de las mujeres en España... Un cambio cultural de los derechos de las víctimas”, ha remarcado Irene Montero, titular de Igualdad, desde la tribuna al hacer su defensa del texto. “Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen este acuerdo”, ha añadido después.
Vox vuelve a dar la nota
No ha faltado la polémica en el debate. El Partido Popular ha tachado de “maniquea” la ley y critican que suponga un ataque “al principio de presunción de inocencia”.
Sin embargo, el momento más tenso ha llegado –cero sorpresa– de la mano de Vox. La diputada Carla Toscano ha lucido una camiseta con la leyenda Not me too, una crítica al lema que impulso la lucha contra las agresiones sexuales. Ya de palabra, ha tirado de demagogia al exigir a los diputados que “detengan este odio visceral al hombre”. “Con esta ley cualquiera de ustedes pueden acabar en el calabozo con una denuncia falsa”.
Las peleas previas a su aprobación
La norma llega a la Cámara Baja tras un largo camino, después de que el anteproyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2020 y provocara diferencias entre los ministerios de Igualdad y Justicia, así como las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó la supresión del abuso sexual.
El texto al que dio luz verde el Ejecutivo recoge que las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido, ya que todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal, como ha pedido reiteradamente el movimiento feminista desde el caso de la violación múltiple de la Manada.
