El Gobierno saca adelante la ley Celáa entre duros ataques de PP, Vox y Cs
El Congreso se parte entre los aplausos de la izquierda y los gritos de "libertad, libertad" de los partidos de derecha.
El Gobierno ha sacado adelante la ley de reforma educativa, conocida como ley Celáa por la ministra del ramo, en el Congreso entre duros ataques de PP, Vox y Cs. El proyecto del Ejecutivo ha salido adelante con 177 votos a favor, por 148 en contra y 17 abstenciones.
La nueva norma, que el principal partido de la oposición, el PP, ya ha anunciado que derogará en caso de que llegue de nuevo al poder, llega con polémica. La ley contempla que el castellano no será más la lengua vehicular en la enseñanza, ni aparecerá como la lengua oficial del Estado en la reforma educativa impulsada por el Gobierno.
Ese plan fue acordado a través de una enmienda de PSOE, Unidas Podemos y ERC y levantó fuertes críticas de la oposición. Desde entonces, no ha parado de generar controversia y ha tenido su zénit este jueves en un agrio pleno que ha dejado el ruido de la protesta de la derecha mezclándose con la gran ovación en que han estallado los asientos de enfrente, los de la izquierda.
El nuevo marco legal, que sustituye a la Lomce, ha reflejado la misma confrontación con la que han nacido todas las normas previas que han intentado regular la enseñanza desde hace casi cuatro décadas. No obstante, se convertirá en la octava norma educativa de la democracia. Para los partidos de izquierda, el proyecto de Isabel Celáa es una ley “moderna, equitativa e inclusiva”. Para la oposición, es una herramienta que solo contribuye al enfrentamiento, por sectarismo.
La norma aún tiene que recibir el visto bueno del Senado, aunque en caso de que no sea aprobada allí y sea devuelta al Congreso, una segunda aprobación en el Cámara Baja la hará entrar en vigor automáticamente. Isabael Celáa ha sido la única miembro del Gobierno en el banco azul del hemiciclo, del que han salido los diputados de la oposición, entre ellos algunos de Vox, para saludar a alrededor de 200 padres y madres de la educación concertada que, denuncian, ven restringidos sus derechos con esta nueva ley.
Lo cierto es que la norma contempla la prohibición de que las administraciones públicas cedan suelo público para que se impulsen en él proyectos educativos de educación concertada. Además, algunas de las nuevas políticas de escolarización que pauta la ley imponen ciertas limitaciones a este tipo de centros.
Celaá es consciente de que lo óptimo hubiera sido alumbrar un proyecto educativo con el máximo apoyo posible, pero no ha sido posible. Aún así, considera que su plan es un paso decisivo para garantizar el derecho de todos a una educación “excelente”. “Es imposible aprobar una ley con consenso cuando hay grupos que se autoexcluyen y utilizan la Educación como arma de confrontación política”, ha lamentado la ministra.
Desde que estalló la polémica del castellano, la titular de Educación ha negado que la enmienda busque “desalojar” la lengua castellana de los centros educativos y ha garantizado que esta seguirá siendo tratada como fija la Constitución y los estatutos autonómicos.
“Es la contrapartida de ERC para apoyar los Presupuestos”
La sospecha de la oposición al Gobierno es que la cuestión idiomática de esta ley es la contrapartida del Ejecutivo de coalición para acercar el ‘sí’ de ERC a las cuentas generales para el año 2021 que se están negociando y negociando en la Cámara. Así lo ha dejado claro la portavoz de Cs en el Congreso, y líder del partido, Inés Arrimadas: “Es la contrapartida de ERC para apoyar los Presupuestos”.
El líder de los populares, Pablo Casado, ha asegurado la intención de su partido de llevar la norma al Tribunal Constitucional una vez se apruebe de manera definitiva. El plan del presidente del PP lo secunda también Cs y Vox, que se han sumado a la idea por considerar inconstitucionales las limitaciones a la escuela concertada y la supresión del castellano como lengua vehicular.
Los grupos que han intervenido en el debate han sellado en el diario de sesiones la división. Quien ha puesto más énfasis en pedir consenso educativo ha sido el diputado de Junts Sergi Miquel: “Necesitábamos una ley no de un bando, sino un poco de todos”.
La diputada popular Sandra Moneo, del PP, ha sido la encargada de leer la cartilla a Celáa: “Es una ley profundamente ideologizada, que suprime la cultura del esfuerzo y la búsqueda de calidad”. Moreno ha acusado al Gobierno de dinamitar el consenso previo de la Lomce, la llamada ‘ley Wert’.
El morado Javier Sánchez ha sacado pecho por la norma: “Hoy es un mal día para quien defiende que la educación es un privilegio de clase”. Y ERC ha destacado que, aunque no es su ley, “es mejor de lo que había” y que “era un deber moral desactivar la ley Wert”. Sus colegas del PNV han afirmado que, aunque tampoco es su ley ideal, tienen que “aprovechar” lo que esta ley ofrece.
