Condenan a prisión permanente revisable a Bernardo Montoya por agredir sexualmente y asesinar a Laura Luelmo
Después de que el jurado le declara culpable.
La Audiencia de Huelva ha condenado, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, a la pena de prisión permanente revisable Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en El Campillo (Huelva) en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo.
Además, le impone 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con el delito de agresión sexual con la agravante de género, así como en concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima.
La Audiencia recuerda que, en su veredicto, el jurado declaró probado que los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018, cuando la joven regresaba de hacer la compra en un supermercado y fue abordada por el condenado, que vivía frente a ella en una vivienda de la localidad de El Campillo.
En la sentencia notificada este viernes a las partes personadas en la causa, la Audiencia condena al acusado a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia (puesto que fue condenado por sentencia firme de 31 de diciembre de 1997 de la Audiencia de Huelva por delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y asesinato) y le impone además 17 años y medio de cárcel.
Sobre esto último, la Audiencia considera que “es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual”, de modo que “nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, en el que el encierro” de la víctima en la casa del encausado “fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tiene sentido ni finalidad sin ella”.
El juicio se celebró del 15 al 20 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva con tribunal del jurado y a puerta cerrada, después de que el magistrado presidente, Florentino Ruiz Yamuza, accediera a la petición de las partes al objeto de garantizar la intimidad y la memoria de la víctima.
