Compensando la parálisis social del Govern
Las sociedades menos desiguales son las más preparadas y competitivas, y mientras tengamos estos niveles de desigualdad no podremos competir con el resto del mundo.
Está bien que, de vez en cuando, los políticos hagamos algo de autocrítica. Hoy cabe reconocer que no fue ni el Govern de la Generalitat ni ningún partido político quien impulsó la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía: fue la sociedad civil recogiendo más de 120.000 firmas quien obligó al Parlament a tramitar esta iniciativa legislativa popular.
El Govern de la Generalitat hizo lo imposible por bloquear la ponencia y si esta ley salió adelante fue porque la oposición al completo hizo piña luchando contra los intentos del Govern de retrasar la aprobación de la ley.
Finalmente la Renta Garantizada de Ciudadanía entró en vigor en septiembre de 2017 sustituyendo a la anterior Renta Mínima de Inserción. Desde un principio Ciudadanos apostamos por esta ley porque entendíamos que es la última red de seguridad de familias que no tienen ningún ingreso y que pone en sus manos las herramientas necesarias para volver a insertarse social y laboralmente.
Más de dos años después de su aprobación lo que nos encontramos es que el actual Govern de la Generalitat sigue con la misma actitud que el anterior: no ha presentado el reglamento que permite el despliegue correcto de la ley, no cumple con la simplificación burocrática y, lo que es peor, deniega la prestación de forma injustificada.
Para poder cobrar la prestación, entre otros requisitos, una familia no debe haber percibido ningún ingreso en los 6 meses previos a la solicitud. El Govern interpreta este requisito de forma restrictiva y deniega la prestación a familias que en un momento dado habían recibido una pequeña ayuda por parte de un familiar para comprar pañales o llenar la nevera. Es decir, para el Govern de la Generalitat si aceptas 20 euros de tu padre o hermana para poder llevarte algo a la boca te quedabas sin derecho a prestación.
Ante tal perversión de la ley, desde Ciudadanos decidimos dar un paso adelante y firmar junto a otros tres grupos de la oposición una ley para evitar que el Govern siguiese cometiendo tamaña fechoría. La oposición debe controlar al gobierno y criticar aquello que no haga bien, pero en Ciudadanos entendemos que la forma correcta de hacer oposición es aportando soluciones y no quedarse únicamente en la crítica, porque esto es lo más fácil pero quizá no lo más efectivo.
Nuestra deuda con el más de un millón de votantes de Ciudadanos es denunciar la inacción del Govern y la mala gestión que estaba realizando de esta prestación, pero esa deuda incluye también tender una mano a todos aquellos ciudadanos abandonados por el Govern y sus socios, aportando soluciones para paliar la desigualdad.
Porque la pobreza y la desigualdad son un problema social, pero también un problema económico que nos afecta a todos. En Ciudadanos, como partido de centro, liberal y progresista, nos gusta remarcar la vertiente económica de la desigualdad: las sociedades menos desiguales son las sociedades más preparadas y competitivas, y mientras tengamos estos niveles de desigualdad no podremos competir con el resto del mundo. Por ello no entendemos la dotación presupuestaria de esta ley como un gasto, sino como una inversión. Como una de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad, que es invertir en sus ciudadanos para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Sin olvidarnos, eso sí, que tenemos que hacer que la clase media y trabajadora también tenga oportunidades para generar riqueza. Porque sin riqueza no podremos redistribuir nada ni atender las necesidades sociales.
Finalmente, hemos conseguido modificar la ley para que el Govern no siga interpretando la carencia de ingresos de forma restrictiva pero por desgracia creo que ésta no será la última vez que tengamos que velar por el correcto cumplimiento de esta prestación. Desde Ciudadanos seguiremos haciéndolo, buscando puntos en común con otros grupos parlamentarios para sumar fuerzas en aquellas cuestiones que supongan avances sociales, que aseguren la igualdad de oportunidades y hagan de Cataluña un lugar más justo y libre dentro de esa España con la que algunos soñamos, por la que luchamos desde las instituciones: una España que no deja en la cuneta a los ciudadanos que más lo necesitan y que pone en sus manos las herramientas necesarias para volver al mercado laboral.
