Cómo y dónde reclamar tras la debacle de Banco Popular

El caso de Banco Popular no tiene antecedentes en el sector financiero español. Pequeños y grandes accionistas que han perdido toda su inversión preparan demandas civiles y penales contra un banco que se ha evaporado, mientras asociaciones de consumidores y usuarios y plataformas creadas ex profeso ultiman macrodemandas colectivas contra la entidad. Por decisión de las autoridades de resolución (Junta Única de Resolución o Single Resolution Board y el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, FROB), las acciones de la entidad han sido amortizadas a valor cero. Más de 300.000 inversores, de todo tipo de perfil, se han visto afectados.

Accionistas, pequeños inversores, consejeros e incluso empleados del banco preparan una avalancha de demandas ante la pérdida total de sus inversiones en la entidad. Aunque hay quien lo ha calificado como un caso de libro, los afectados comienzan a organizarse entre ellos alentados por las rarezas de la situación: es la primera vez que se aplica el Mecanismo Único de Resolución y existen lagunas legales que los bufetes de abogados están analizando en profundidad, la entidad ha sido absorbida por Banco Santander y los responsables de los primeros pasos en falso del banco no son los mismos que dieron los últimos.

Banco Popular sigue existiendo de forma jurídica y tendrá que hacer frente a todas las reclamaciones que surjan. Banco Santander, al ser el nuevo propietario, está obligado a responder a todas las contingencias que pueden surgir por la gestión de los anteriores administradores. Las demandas pueden superar los 1.500 millones de euros.Los integrados en la Sindicatura de Popular presentarán su denuncia a partir del informe de Deloitte, contratado por el Mecanismo Único de Resolución para valorar las pérdidas, ya que es cuando comenzaría a correr los dos meses para elevar la demanda, que podría remitirse posteriormente a la Audiencia Nacional, informa Cinco Días. El multimillonario mexicano Antonio del Valle, con un 4% de Popular, estudia también demandar la valoración y posterior intervención del banco. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó el lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula de Popular por presuntos delitos de falsedad contable y estafa.

Los miembros de la Sindicatura, accionistas de distinta índole, aunque una parte está vinculada al Opus Dei, controlaban en la entidad financiera intervenida y ahora en manos de Santander un 9,6% de su capital, lo que les convertía en el primer accionista y el grupo más afín a la entidad financiera.

¿Cómo demandar a un banco que ya no existe? ¿Contra quién dirigir el requerimiento? ¿Vía civil o judicial? ¿Cuánto reclamar? ¿Quién es el encargado de indemnizar? ¿Prescribe?

¿QUIÉNES?

Cualquier accionista, bonistas o inversores de deuda subordinado que le han reducido su participación a 0 euros tiene derecho a reclamar e intentar recuperar el dinero perdido con la venta del banco al Santander. Pero cada caso es diferente. Y también las eventuales indemnizaciones a percibir. Por un lado, se encuentran los damnificados en la ampliación de capital de 2.500 millones que se cerró en junio de 2016, cuando ya la situación de la entidad estaba muy deteriorada. En otra situación se encuentran los accionistas históricos del Popular, para los que se plantea una media ponderada de la cotización de la acción durante el tiempo que permanecieron como socios del banco.

Más complicado lo tienen aquellos que compraron y vendieron sus participaciones en las semanas que se conoció la situación financiera del banco.

VÍA CIVIL O VÍA PENAL

La querella se utiliza en la vía penal para depurar responsabilidades por delitos que pueden conllevar penas de cárcel. Los grandes inversores y los fondos institucionales suelen utilizar la vía penal para allanar el camino en las reclamaciones civiles. Para los minoritarios, en cambio, la vía civil es la mejor opción, la más rápida y barata.

Los accionistas tienen diferentes opciones en la vía civil, sin perjuicio de las acciones penales contra la propia entidad así como y sus antiguos gestores.

¿CUÁNTO?

El juez, salvo rara vez, no acepta indemnizaciones superiores a las cantidades invertidas, de las que se restan rentabilidades percibidas como intereses y dividendos.

¿CUÁNDO?

Los accionistas tienen un plazo de entre tres y cinco años, en función del tipo de delito y la vía de reclamación para reclamar. Salvo que se aplique un mecanismo de resolución extrajudicial, como un procedimiento de mediación o arbitraje, el procedimiento a través de vía judicial puede tardar alrededor de cinco años, en función del tiempo que dure la fase de instrucción. Por la vía civil, se pueden llegar a acuerdos en los tribunales de primera instancia que pueden ser recurridos, por los demandantes o por el banco.

En España no existen las demandas civiles colectivas, por lo que se deben presentar y resolverse por separado, o presentarse vía penal, donde sí tienen cabida.

¿CONTRA QUIÉN?

Los argumentos y los protagonistas de las demandas son varios. Mientras que la mayoría de los pequeños accionistas han dirigido o dirigirán sus denuncias contra la cúpula directiva de Popular bajo el argumento de la mala gestión de su anterior presidente, Ángel Ron, y del último, Emilio Saracho, otros estudian emprender acciones legales contra los supervisores europeos.

De hecho, las demandas pueden presentarse contra los actuales propietarios de Popular, Banco Santander; contra el anterior equipo del Popular liderado por Saracho, que no quiso reformular las cuentas a pesar de asumir los desajustes; contra el Gobierno, el Banco de España y la Troika, que autorizaron la macro ampliación en tramo minorista a clientes inexpertos y poco conocedores del mercado.

DEVOLUCIÓN

Los tribunales pueden tardar hasta cinco años en pronunciarse. Un mecanismo de resolución extrajudicial, como un procedimiento de mediación o arbitraje, acortaría los plazos.

MINUTA

La gran parte de los bufetes solo cobra si se gana el caso. Bien un porcentaje entre el 5% al 10%) o una tarifa de entre 150 y 600 euros, según despachos.

¿DÓNDE?

Plataformas, asociaciones de afectados creadas ad hoc, organizaciones de consumidores y usuarios y bufetes de abogados preparan demandas y macrodemandas con el objetivo de recuperar, en parte o totalmente, lo perdido con el hundimiento de Popular.

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