Cómo el reciclaje informal en Ecuador pone en riesgo la vida de los trabajadores
Los recicladores y recicladoras informales −como se conoce a aquellas personas que trabajan el reciclaje sin una estructura laboral contractual detrás− abundan en las calles y vertederos de Ecuador, recolectando, separando y vendiendo materiales que otras personas ya descartaron. Con ínfimas o inexistentes medidas de seguridad y sanidad, estas personas −en su mayoría mujeres− vagan entre montañas de residuos buscando elementos que vender, acompañadas muchas veces de sus hijos e hijas que colaboran con el trabajo de su padre y madre.
Según la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR), se estima que en Latinoamérica hay más de cuatro millones de personas trabajando en el sector del reciclaje, de las cuales el 90% serían informales. Los abusos y peligros a los que se enfrentan son numerosos: expuestas a ambientes insalubres por largos periodos de tiempo, bajo el intenso sol ecuatoriano y sin un contrato laboral que provea de derechos y protección, ponen en riesgo su salud e integridad física por una remuneración insuficiente para sostener a sus familias.
Siendo el trabajo del reciclaje en los vertederos a cielo abierto de alto riesgo de por sí, la peligrosidad se incrementa para las personas que trabajan de manera informal, al exponerse a materiales contaminantes y peligrosos sin el equipamiento o las medidas de seguridad requeridas: las personas recicladoras se arriesgan al contacto con materia fecal, materiales tóxicos, residuos químicos, jeringuillas usadas y contaminadas, pilas y baterías, que abundan en la mayoría de los vertederos del país, donde el tratamiento separado y controlado de estos tipos de residuos es inadecuado. Así, las probabilidades de contraer enfermedades como la hepatitis, afecciones estomacales e infecciones oculares y de la piel se incrementan marcadamente. Esta tendencia infecciosa se acrecienta en el caso de las mujeres, al no ser habitual el acceso a lavabos adecuados.
Además de la exposición a materiales tóxicos y peligrosos, las personas recicladoras se enfrentan a otros riesgos, especialmente en los vertederos a cielo abierto, que van desde ser arrolladas por los camiones recolectores a ser víctimas de hundimientos o incendios en las impredecibles montañas de desechos.
Asimismo, las personas recicladoras deben enfrentarse al estigma social asignado, viéndose discriminadas e infravaloradas por partes de la ciudadanía a razón de su profesión −a lo que en buena parte de los casos se añade la discriminación por su etnia, su género y su clase social−, y no reconociéndose ni entendiéndose el valor de su trabajo.
El colectivo de mujeres recicladoras se ve doblemente expuesto a discriminaciones y abusos: por recicladora y por mujer. El IRR revela que el 54% del sector del reciclaje son mujeres, cuya edad promedio son los 45,7 años. Las mujeres son ubicadas habitualmente en el eslabón más bajo del proceso del reciclaje, donde los riesgos y peligros se incrementan; a esta circunstancia se añade el acoso que sufren por parte de sus compañeros de trabajo y autoridades. Adicionalmente, la remuneración económica es sensiblemente menor en el caso de las mujeres en todos los grupos de edades, donde las mujeres recicladoras por trabajos de las mismas características y condiciones perciben menores retribuciones que los hombres recicladores, y se les niega la apropiación de materiales de mayor valor en el mercado del reciclaje que puedan encontrar.
En América Latina, numerosos proyectos se están poniendo en marcha para dignificar y formalizar el trabajo que las personas recicladoras realizan en el continente. Especialmente en países como Brasil o Colombia, las personas recicladoras llevan décadas clamando por una justicia socioambiental en sus países, movimiento que se formalizó a través de la creación de estructuras organizativas de peso como cooperativas, asociaciones y sindicatos, institucionalizando su activismo, metas y exigencias. Las mujeres se han convertido en referentes en estos movimientos, incrementándose su presencia y voz, así como la conciencia de las trabas que encuentran por el hecho de ser mujeres en un sector ya de por sí arduo.
Con la financiación y apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del programa de voluntariado de la Unión Europea EU Aid Volunteers, la fundación Alianza por la Solidaridad ha puesto en marcha diversos proyectos de mejora del modelo de gestión de residuos sólidos a lo largo de Ecuador, a través de los cuales se busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales descentralizados y los procesos de participación ciudadana para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, al tiempo que se refuerza la conciencia ecológica de la ciudadanía, se promueve un desarrollo sostenible y se aplican medidas de inclusión social. Esto se realiza por medio de diversas acciones:
En estos proyectos de gestión de residuos sólidos se introducen plantas de reciclaje donde clasificar los residuos inorgánicos y darles una nueva vida a materiales plásticos, metálicos, de vidrio o de papel.
Uno de los ejes del proyecto es la dignificación de las condiciones sociolaborales del sector del reciclaje. Así, se introduce una política de inclusión sociolaboral a través de lo que se conoce como "empleos verdes": la figura de la persona recicladora se ve regularizada, normalizando su situación laboral y vinculándose a las personas recicladoras como trabajadoras formales, reconocidas dentro de los GAD Municipales o las EMMAIs, proporcionándoles no sólo seguridad contractual, sino también una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo, con estándares sanitarios controlados y acciones de minimización de los riesgos laborales.
Estas personas que durante años han estado realizando tareas de reciclaje en vertederos y contenedores de manera informal son expertos en su campo, seleccionando y recogiendo materias primas de manera eficiente y dispuesta. La formalización de sus condiciones laborales no es únicamente beneficiosa para las personas recicladoras, sino también para los municipios (GAD) y empresas públicas (EMMAI) que las contratan y que incorporan en sus planteles trabajadores y trabajadoras con experiencia probada en el ámbito.
Este tipo de iniciativas, así como las políticas públicas y los movimientos asociacionistas que se están poniendo en marcha a nivel regional, aspiran a la inclusión, a la dignificación y a la protección de las personas recicladoras, no sólo a nivel laboral, sino también a nivel de reconocimiento social, económico y ambiental.
