Ayuso y Vox tumban que se investigue lo que pasó en las residencias

Justo 392 días después de reconocer sin querer que le tocó gestionar las residencias durante lo peor de la pandemia, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha valido este jueves de la abstención de Vox para impedir que se siga investigando en la Asamblea de Madrid qué ocurrió y qué se pudo hacer mejor en el gran epicentro de la muerte que fueron los centros de mayores.

Los 65 diputados del PP han votado a favor (y los 13 de Vox se han abstenido) de un escrito de oposición a la petición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos de retomar la comisión de investigación para esclarecer los errores políticos que contribuyeron a que la Comunidad de Madrid sea la región de España con más víctimas de la covid-19 o sospecha de ella en estos centros entre marzo de 2020 y febrero de este año, según los datos de las autonomías recabados por los ministerios de Derechos Sociales, de Sanidad y de Ciencia y difundidos por el Imserso.

La principal razón de los populares para impedir la investigación es el y tú más: “No vamos a aceptar lecciones de dignidad de quienes vetan sistemáticamente comisiones similares allí donde gobiernan”, ha advertido el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano, quien ha asegurado que la comisión es un intento de la izquierda de “usar las desgracias para hacer política”. “Nos piden esta comisión [en referencia a los partidos de izquierda] quienes llamaban a este Gobierno asesino, quienes buscaban retorcer lo de las residencias o los que en campaña decían que había que aprovechar este drama”, ha remachado el popular.

Vox, que en un primer momento aseguró que apoyaría la comisión, se escuda ahora en que como la propuesta “tiene interés revanchista” por parte de la izquierda, es mejor abstenerse. Algo que la oposición ha recibido fatal.

“La decisión de hurtar a los familiares de los fallecidos el derecho a saber lo que pasó pasará a la historia como uno de los episodios más lamentables de la infamia y la vileza de la derecha madrileña. Todos y cada uno de ustedes será responsable. Saben que si hubiesen muerto con protocolos que impedían su traslado a hospitales firmados por un gobierno de izquierdas estarían con antorchas en las calles”, ha espetado el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado.

La diputada socialista, Irene Lozano, ha seguido una línea similar: “Se entierran las esperanzas de miles de familiares que sufrieron no sólo por la muerte de sus familiares, sino por las condiciones en que murieron, en muchos casos abandonados, solos, sin tener acceso a cuidados paliativos. Se hubieran podido salvar muchas vidas, y así lo ha dicho el ex consejero de Políticas Sociales. Ya no es posible, pero sí lo es conocer la verdad y dar a las familias al menos el confort de haber asumido la responsabilidad de los errores políticos”.

Durante casi un año, desde que estalló la crisis sanitaria en marzo de 2020, el número de decesos en las residencias fue un gran agujero negro. Los datos que llegaron después solo confirmaron el horror: 29.945 muertos en los centros de toda España y 6.192 en Madrid. Por encima de Cataluña (5.426) y Castilla y León (4.002) y muy lejos de Canarias (80), Ceuta (3) o Melilla (2).

El Gobierno de Ayuso peleó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en particular, con el ya exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por la gestión de las residencias. Durante meses (y también este jueves en la Asamblea), el mantra del Ejecutivo autonómico fue que era Iglesias, coordinador en el marco del mando único de las medidas del Ejecutivo sobre estos centros, el responsable de gestionarlos.

Lo cierto es que la gestión siguió recayendo en los Gobiernos autonómicos. El BOE publicó el 21 de marzo una orden de Sanidad que establecía cómo debían organizarse las residencias, pero dejaba claro que eran las “autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma” las encargadas de garantizar la ejecución de las medidas.

Una agria pelea

En el último año, en política, han cambiado muchas cosas en Madrid. Hace 365 días, Ciudadanos formaba parte del Gobierno autonómico. Ahora, tras las elecciones del 4 de mayo y la aplastante victoria de Ayuso, los naranjas no existen ni en el Gobierno ni en la Asamblea. Pero hay que recordar que la crisis de las residencias generó una agria pelea entre los entonces socios que terminó mal.

El entonces consejero de Políticas Sociales, el naranja Alberto Reyero, a quien la presidenta le retiró la gestión de las residencias, trasladó a su homólogo de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero, su impotencia para contener el avance del virus en las residencias, pero según su versión no recibió respuesta.

Reyero le dijo a Ruiz Escudero que si no le ayudaba medicalizando los centros, podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. También le advirtió de las consecuencias de negar auxilio a personas con discapacidad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

El Ejecutivo madrileño reconoció que se hicieron siete versiones de un protocolo de actuación en las residencias y que fue uno de ellos, el quinto, que se envió “por error”, el que descartaba la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con coronavirus para evitar el colapso de la sanidad en los meses más duros. Pero según Sanidad el fallo se subsanó en la versión definitiva, la séptima, enviada el 25 de marzo a los centros de mayores.

La situación dramática salió a la luz cuando El Confidencial avanzó un parte fechado el propio 25 de marzo en el que directamente un hospital, el Infanta Cristina de Parla, rechazó a una mujer de 80 años con neumonía bilateral: “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”.

Hasta dos centenares de diligencias

La Fiscalía General del Estado tuvo abiertas hasta mediados de junio de 2020, pasada la primera ola, 224 diligencias por posibles delitos en la gestión de las residencias durante la pandemia. Y la mayoría, 93, eran de la Comunidad de Madrid. El drama en estos centros dio hasta entonces lugar a un total de seis procedimientos penales en la región, según los datos que difundió entonces el Ministerio Público.

Los testimonios del drama están en la hemeroteca. Este diario recogió la historia de Lucía Bernal y Carmen Llorente, ambas madrileñas de 80 y 87 años, que, junto a Antonio Cintas, de 86, ponen nombre y apellidos al horror desatado por sanitario desatado por el coronavirus. Los tres murieron sin sus familias, que no pudieron imaginar que su ser querido enfrentaría la muerte en soledad.

El relato que hicieron entonces coincidió en la falta de información y la sensación de caos que transmitió el personal de las residencias donde se encontraban, en Alcorcón y Leganés. Y el que hacen este jueves, también: “Me parece que es una manera de quitarse los muertos que hay en Madrid de en medio y de no averiguar nada. No quieren indagar porque saben que los protocolos se hicieron de verdad. Y a Ayuso le ha venido muy bien que Vox le haya apoyado porque se está empezando a tirar de la manta. Es inaudito que después de lo que pasó nos salgan con esto”, sintetiza a El HuffPost Aurora de Miguel, hija de Lucía Bernal. El tiempo pasa, pero los familiares no olvidan.