Las protestas sí sirven, y en Colombia está la prueba
Los manifestantes han conseguido que su Gobierno dé marcha atrás en su polémica reforma fiscal con la que pretendía encarecer los servicios públicos.
El presidente colombiano, Iván Duque, ha cedido ante la presión ciudadana, al anunciar este domingo que retira su polémico proyecto de reforma tributaria, tras cuatro días de multitudinarias protestas en todo el país que han dejado al menos seis muertos, según Human Rights Watch.
El impopular proyecto de reforma fiscal nació muerto. Todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, cuyo jefe es el expresidente Álvaro Uribe —mentor de Duque— se fueron lanza en ristre contra la iniciativa, que fue calificada como un “engendro”, pero que el presidente insistió en defender hasta este domingo.
Con la reforma, el Gobierno de Colombia aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para mejorar el estado de las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia de covid-19.
Rodeado de varios de sus ministros y de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, Duque comunicó al país la retirada del proyecto “para evitar incertidumbre financiera”, pero en ningún momento se refirió a las decenas de miles de personas que salieron en los últimos cuatro días a oponerse a esta iniciativa que buscaba ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos, entre otras medidas.
El mandatario explicó que luego de múltiples diálogos con las fuerzas vivas del país solicitó al Congreso el “retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera”.
El trágico coste de las protestas
La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas asegura en un comunicado que a fecha del 1 de mayo eran cinco las personas fallecidas “presuntamente asociadas a jornada de movilización, pero los móviles están por esclarecerse”.
Mientras tanto el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que sigue de cerca el acontecer de Colombia, informó en redes sociales que han “podido confirmar 6 muertes relacionadas con las protestas”. Desde ahí ha pedido “que la protesta sea pacífica” y que “las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos”.
Según Vivanco, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), entre el 28 de abril y el 1 de mayo murieron cuatro personas: Marcelo Agredo Inchima, Cristian Alexis Moncayo Machado, Miguel Ángel Pinto Mona y Einer Alexander Lasso Ocampo.
Relaciona también el fallecimiento de Santiago Triviño, en Ibagué, capital del departamento del Tolima y el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano Beltrán, asesinado a cuchilladas en Soacha, población vecina de Bogotá, cuando intentaba impedir que un grupo de vándalos saquearan un comercio.
Sin embargo la Procuraduría (Ministerio Público) ha señalado que las protestas “arrojan un saldo trágico de 14 muertes”, sin dar detalles de lugares o circunstancias.
La entidad pidió recabar pruebas, adelantar investigaciones y entregar resultados sobre las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante las marchas, “en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales”.
Escuchar el clamor popular
La medida de retirar la polémica propuesta supone un alto costo político para Duque por el desgaste que suponen cuatro días de manifestaciones.
A lo largo de esos cuatro días de protestas se vivieron dos situaciones que contrastaron.
Por un lado, decenas de miles de manifestantes que se echaron a la calle de forma pacífica, coreando eslóganes contra el proyecto tributario en un ambiente casi festivo, y por el otro, grupúsculos de encapuchados saquearon comercios, quemaron estaciones y autobuses públicos en ciudades como Cali y Bogotá.
Duque ha asegurado que después de “escuchar a la ciudadanía” y las propuestas de empresarios y los partidos políticos, la nueva reforma buscará crear una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio e incrementar transitoriamente el tributo a los dividendos.
También espera crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado, puntos sobre los que ya “existen principios de consenso”.
“El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo”, explicó el presidente.
