La directora del CNI no amaina a los socios del Gobierno

Sala Mariana Pineda del Congreso, La jefa de los espías españoles, Paz Esteban, se sienta junto a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y diez representantes de los grupos parlamentarios. Los móviles se han quedado fuera en unas taquillas. No se puede grabar ni hacer fotos. Sólo está permitido tomar notas. Con la obligación de guardar silencio. Los secretos de Estado, sobre la mesa de la comisión de gastos reservados.

Este jueves la directora del CNI ha tenido los ojos de toda España sobre ella al llegar a esa sala, estando acostumbrada a pasar desapercibida -como exige su cargo- y moverse entre las bambalinas del Estado. Esas sombras tienen patas arriba a toda la política española a raíz de los casos de espionaje.

Esteban, en el punto de mira y cuya cabeza podría caer, iba con muchos documentos a ver a Batet -presidenta del Congreso-, Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Pablo Echenique (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aitor Esteban (PNV), Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Edmundo Bal (Ciudadasnos), Míriam Nogueras (Junts) y Albert Botran (CUP). La comisión llevaba sin reunirse desde que arrancó la legislatura por vetos cruzados, y se convocaba tras un cambio de reglamento y por la presión de esclarecer los casos de espionaje.

En un primer momento se había citado para hablar del supuesto espionaje revelado por The New Yorker, con un trabajo de Citizen Lab, que afectaba a más de sesenta cargos, activistas y personalidades relacionadas con el independentismo catalán, a través del sistema Pegasus (credo por la compañía israelí NSO Group). Pero en un giro inesperado se ha unido otro caso de espionaje, revelado este lunes por el Gobierno, que afecta a los móviles del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles (aunque también se podría haber extendido a otros miembros de las administraciones socialistas como Arancha González Laya y Fernando Grande-Marlaska).

Dentro de esa sala, según han trascendido por fuentes presentes, la directora de CNI ha confirmado que se espió a líderes independentistas, pero rebajando a alrededor de una veintena, lejos de los más de 60 apuntados por The New Yorker. Con un punto fundamental: esas intervenciones se hicieron siempre bajo las condiciones de legalidad, con la autorización judicial correspondiente al juez del Tribunal Supremo.

De lo que no ha querido hablar Esteban es del espionaje sobre Sánchez y Robles, alegando que no estaba en el orden del día. Esto había provocado tensión dentro del Gobierno en las últimas 24 horas por el cruce entre Félix Bolaños (Presidencia) y la ministra de Defensa, sobre la culpabilidad en ese fallo de seguridad. La propia Robles dijo antes de comparecer un día antes que en la ley estaba claro de quién competía la seguridad del teléfono del jefe del Ejecutivo e hizo una defensa cerrada del CNI.

En tanto, desde Presidencia se habían delimitado las competencias: el móvil, de la Secretaría General de Presidencia, y la ciberseguridad, del Centro Criptológico Nacional. Según fuentes gubernamentales, los dos ministros hablaron el miércoles por la tarde, y los dos se mostraron “sorprendidos” por el revuelo mediático y que había “cero problema” entre ellos. Los dos han intentado rebajar la tensión y diluir este choque interno, diciendo que están coordinados y que se corresponsabilizan los dos. Desde el Gobierno sí se han desvinculado de los espionajes del CNI diciendo que no fueron órdenes de La Moncloa, según fuentes citadas por la Cadena Ser.

Pero las esperadas explicaciones del CNI no han servido para calmar los ánimos de los socios del Gobierno, de los que dependen las mayorías para poder aguantar hasta el final de la legislatura. Pero es que el mismo Podemos no considera suficiente este paso, sino que sigue insistiendo en que rueden cabezas. Al terminar la reunión, Pablo Echenique, ha dicho ante la prensa: “Salimos más preocupados de la comisión de lo que entramos”. “Por lo que se ha contado, se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas. No las reduce, sino que las refuerza”, ha clamado el ‘morado’, con otra petición: que se desclasifiquen los documentos mostrados por Paz Esteban a los parlamentarios.

Todas las miradas estaban también en Esquerra, cuya relación con el Gobierno es vital y se encuentra en el precipicio por este caso -de hecho ya votó que ‘no’ al decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania como represalia al espionaje-. Gabriel Rufián se ha quejado: “Salgo tan intranquilo como demócrata que como entré”. Por eso ha exigido que se cree una comisión de investigación (rechazada por el PSOE, PP, Vox y Cs).

Esto mete más presión al Gobierno, ya que no consigue rearmar esa relación con Esquerra, que está muy tocada al estar hasta el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, entre los espiados por el CNI. Todo esto se ha producido horas antes de que se vean las caras Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo catalán con motivo de la reunión del Cercle d’ Economía y el premio que se le entregará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El líder de la Generalitat ha exigido dimisiones y que se desclasifiquen los motivos.

Pero otra polémica azuza a ERC, y es que Vox y Cs se plantean denunciar a Gabriel Rufián por revelación de secretos (los miembros de la comisión deben legalmente guardar silencio y se podrían enfrentar hasta penas de cárcel). El portavoz republicano ha dicho que sus declaraciones han sido interpretaciones cuando se ha referido a que Esteban había dado a entender que el espionaje venía de organismos extranjeros o de otros estatales. La polémica está servida, en base a una regulación de hace décadas y que muchos, entre ellos Yolanda Díaz, creen que habría que cambiar.

En cambio, desde la derecha ha llegado el apoyo a la directora del CNI, con Gamarra, Espinosa de los Monteros y Bal. Y su caída, apuntan, se debería a una cesión a los independentistas. Además, esto se hace en un momento en el que los populares están subiendo en las encuestas por el efecto Feijóo y con la vista puesta en las elecciones andaluzas. En los partidos del Gobierno son conscientes de que, al final, esta polémica ya está erosionando al Ejecutivo y de que ir a elecciones anticipadas, como pretende Génova 13, podría suponer una derrota ante las derechas.

El caso del espionaje cada día se complica más políticamente. No se ve una salida. No se sabe cómo acabará.