Claves para no perderse con la polémica del castellano en la Ley Celáa

El castellano no será más la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como la lengua oficial del Estado en la reforma educativa impulsada por el Gobierno (LOMLOE) -que modifica la LOE-.

La medida, acordada a través de una enmienda entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, ha despertado las críticas de la oposición y no ha parado de generar controversia en los últimos días. El Congreso de los Diputados la ha aprobado este jueves.

Te contamos todo lo que debes saber para no perderte en esta nueva polémica:

¿Qué dice a día de hoy la ley educativa?

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que fue aprobada por el Partido Popular en el año 2013 establece que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”.

¿Qué se modifica?

Ahora, la enmienda introducida fija que, con la nueva reforma educativa, “las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable”. Es decir, se suprime el castellano como “lengua oficial del Estado” de la fórmula anterior y se le da la misma prioridad al resto de lenguas de las distintas CCAA.

Pero, ¿qué quiere decir exactamente ‘lengua vehicular’?

La lengua vehicular hace referencia a la que es usada en el ámbito educativo cuando los alumnos tienen varias lenguas maternas.

Entonces, ¿qué implica para las CCAA?

Simplemente se introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

¿Quién lo ha propuesto?

La enmienda ha sido acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC este jueves en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que ha concluido sus reuniones tras cinco sesiones estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales al proyecto de la LOMLOE.

Ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra, y el PNV se ha abstenido.

¿Cuándo entraría en vigor?

El Congreso de los Diputados la ha aprobado este jueves, después de que el proyecto de ley experimentara importantes cambios en las últimas semanas por la vía de enmiendas.

¿Quién se opone?

PP, Cs y Vox han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el uso del castellano corre peligro en las aulas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado que “Sánchez pretende negociar el futuro de nuestros hijos” y ha llevado a cabo una campaña para derogar la ley que lleva recabadas más de 10.000 firmas solo en la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes ‘populares’.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se ha sumado a la iniciativa con su firma y ha expresado que el actual Gobierno “vulnera derechos lingüísticos”, y por ello, denunciarán ante Europa.

¿Qué justifican desde el Gobierno?

La titular de Educación, Isabel Celaá, niega que la enmienda busque “desalojar” al castellano de los centros educativos y garantiza que seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos autonómicos. El objetivo, ha dicho, es que los alumnos aprendan por igual el castellano y su lengua cooficial.

¿Qué más puntos contempla la LOMLOE?

Además, la ley fija que no se financien aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo: “Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género”, reza el texto.

Otro de los aspectos más comprometidos hace referencia a las escuelas concertadas, ya que la prohibición de cesión de suelo público y algunas de las nuevas políticas de escolarización, imponen ciertas limitaciones a este tipo de centros.

Centros escolares y diversas plataformas educativas se han manifestado para mostrar su rechazo alegando que “atenta contra la pluralidad” del sistema y cercena la “libertad de elección de centro”.

Asimismo, la asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente y se introducirá la materia ‘Valores Cívicos y Éticos’.