Las claves de la reforma de la Ley de Ciencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La reforma pretende mejorar la carrera científica para dotar de más estabilidad al personal investigador, reducir las cargas administrativas y modificar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar su gestión, dotando de mayor reconocimiento a la transferencia de conocimiento.

La nueva ley llamada a combatir la precariedad en el sector y que incorpora numerosas demandas históricas, como el blindaje de la financiación hasta el 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB). Por otra parte, y tal y como ha explicado la ministra de Ciencia, Diana Morant, la reforma tiene un gran componente de igualdad. “No hay ciencia excelente si no es justa. Es más difícil prever un infarto en una mujer que en un hombre, porque la ciencia no contemplaba en los ensayos clínicos la misma proporción de hombres que mujeres”, ha desgranado.

Estas son las claves del nuevo texto que ha recibido luz verde.

Ampliación de la duración de los contratos

El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de “incorporación estable al sistema”. Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año.

Además, fija que las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista”, interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Una nueva evaluación para ser “investigador establecido”

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como “investigador establecido”, que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir “una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

Nuevo contrato indefinido en reemplazo del de obra y servicio

Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para “todo tipo de personal de investigación” que realice actividades científico-técnicas. “Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia”, señala el texto, que precisa que estos “no formarán parte de la Oferta de Empleo Público”.

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el ‘limbo’ hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el texto también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, propone “una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año”, medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Ampliación de evaluación de méritos a todos los centros públicos

Además, la reforma modifica el artículo 25 de la Ley, que permitía a los investigadores al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) someter a evaluación los méritos adquiridos únicamente en los propios OPI (CSIC, CIEMAT, ISCIII y IAC). Con el texto aprobado hoy en el Consejo, se amplía a todos aquellos centros del sistema público español de ciencia, tecnología e innovación, así como a universidades.

Rediseño del contrato de investigador distinguido

También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.

Y, por primera vez, el texto recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030.

Creación de la Agencia Espacial Española

Por otro lado, la futura norma recoge la creación de la Agencia Espacial Española, recogida ya en el decreto de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre. El borrador de anteproyecto señala que el Gobierno aprobará el estatuto de la institución, que tendrá carácter de agencia estatal adscrita al Ministerio de Ciencia y no supondrá aumento del gasto público, en el plazo máximo de un año. La agencia integrará funciones que actualmente están distribuidas en diferentes entidades y distintos ámbitos ministeriales para aunar la representatividad de España en el sector.