Las claves del espionaje a los líderes independentistas con Pegasus
Este caso ha tensado las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo central.
Más de sesenta políticos y activistas catalanes a favor de la independencia habrían sido espiados a través de su teléfono móvil utilizando el programa de software espía Pegasus entre 2017 y 2020, coincidiendo con el momento álgido del proceso independentista. Es lo que reveló una investigación del portal The Citizen Lab y The New Yorker este lunes.
Entre las personas investigadas destacan los cuatro últimos presidentes de la Generalitat catalana –Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y el actual, Pere Aragonès–, además de miembros de otros partidos independentistas y de asociaciones civiles como la ANC u Òminum Cultural.
En la investigación se detalla que se han podido demostrar 51 infecciones de móviles con Pegasus, y al menos otros 12 intentos de infección, mediante correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, aunque no se ha podido demostrar que los terminales fueran finalmente afectados.
¿Qué es Pegasus?
Pegasus es un software espía de la compañía israelí NSO Group pensado para rastrear a terroristas y delincuentes. Precisamente por esta consideración, el programa está concebido para que lo adquieran preferentemente estados.
Este software penetra en los dispositivos electrónicos a través de pequeñas vulnerabilidades y puede llegar a tener el control de todo el aparato. Una vez infectado, los espías pueden ver las llamadas que hace hecho la víctima, leer sus whatsapps, los correos y el historial de internet, consultar fotografías, vídeos, el calendario, los contactos o activar el micrófono y la cámara.
Una de las maneras en las que Pegasus entra en los dispositivos, según explicó John-Scott Rialson, de The CitizenLab, es enviando un mensaje o un correo con un enlace, en el que si la víctima hace click, el dispositivo pasa a estar infectado y Pegasus ya puede tener acceso a toda la información.
Según El País, el CNI pidió comprar Pegasus para poder espiar en el extranjero. Según dicho medio, el servicio secreto pagó cerca de seis millones de euros para adquirir el equipo de espionaje informático. El CNI solicitó la adquisición de este programa alegando que su uso no estaba destinado a España, sino al extranjero.
De haber querido utilizar este software en territorio nacional, el CNI hubiera necesitado obtener un permiso de un magistrado del Tribunal Supremo que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial.
La reacción de la Generalitat
En una entrevista en RAC1, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido una investigación interna e independiente para determinar quién ordenó el presunto espionaje, quién lo conocía, a cuánta gente se le ha intervenido el teléfono móvil, qué datos se han intervenido, y que se asuman las responsabilidades necesarias. Si no, ha advertido de que “será muy difícil” que ERC continúe dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Además, en una rueda de prensa este martes, el presidente de la Generalitat cargó contra el Gobierno por este caso de espionaje y anunció que “congelaba” las relaciones entre el Gobierno y el Ejecutivo catalán. “Para negociar tiene que haber una confianza mínima y se ha visto dañada. Le corresponde al Estado español restablecer esta confianza”, dijo el presidente de la Generalitat.
Aragonès ha anunciado también que viajará este jueves a Madrid para reunirse con representantes de todos los partidos políticos espiados. Además, confía en poder hablar “cara a cara” en algún momento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ya ha mantenido contacto mediante mensajes de teléfono, en los que Aragonès le hizo llegar su malestar y Sánchez, según el president, le trasladó la “voluntad de reconducir la situación”. “
Por su parte, el eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciaron este martes en una rueda de prensa conjunta en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Defensa, Margarita Robles ha explicado este miércoles en una entrevista en el canal 24 horas que “el Gobierno y el CNI siempre actúa con arreglo a la legalidad vigente”. En la misma entrevista ha insistido en que todas las actuaciones del centro de inteligencia están sujetas a autorización y control judicial.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones “si no es al amparo de la ley y del derecho”. “Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada”, recalcó.
Y el ministerio del Interior ha negado tener relación con la empresa NSO, propietaria de Pegasus.
Por su parte, Unidas Podemos se ha unido a las formaciones independentistas del Congreso para solicitar que la Cámara cree una comisión de investigación sobre este presunto caso de espionaje.
Las formaciones reclaman que el Congreso abra una investigación sobre el “espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”.
El listado completo
En la investigación se explica que algunas personas han sido espiadas directamente, como el eurodiputado Toni Comín, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el diputado en el Parlament, Carles Riera, mientras que otras, como Puigdemont, han sido espiadas a través de personas de su entorno. En el caso del expresidente de la Generalitat, por ejemplo, se infectaron los dispositivos de hasta a siete personas de su círculo como su mujer, Marcela Topor, o su abogado, Gonzalo Boye.
Pero no solo se ha espiado a dirigentes y altos cargos de formaciones independentistas. Entre las personas afectadas también hay empresarios, abogados o desarrolladores.