Claves del juicio histórico a la gestión de una década de Gobierno andaluz: el caso de los ERE
En los próximos días o incluso este martes se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre una causa que afecta a una década del Gobierno andaluz.
El 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y a seis consejeros por la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La Audiencia de Sevilla condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación. Este martas 26 de julio el Supremo, según adelanta Cadena Ser, avalará por mayoría, en líneas generales, la decisión de la Audiencia de Sevilla que envió a prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Vieira y Carmen Martínez Aguayo. El expresidente Manuel Chaves fue condenado a una pena de inhabilitación de nueve años por prevaricación.
La pieza política
El juicio sobre la pieza política de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 19 altos cargos, comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos.
En esta pieza se juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización.
El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto, que murió en octubre de 2020.
Mercasevilla, el origen del caso
La investigación judicial de la macrocausa arrancó en 2011 en el Juzgado 6 de Sevilla y la primera instructora fue la magistrada Mercedes Alaya, que estuvo sometida a una gran presión y que fue cuestionada por su forma de dirigir la investigación, aunque fue sustituida por su acenso a la Audiencia Provincial por María Núñez Bolaños, quien tampoco ha estado al margen de críticas, y terminó siendo sustituida por el juez José Ignacio Villaplana.
La jueza Alaya abrió diligencias el 19 de enero de 2011 a raíz de las presuntas irregularidades en un ERE en Mercasevilla que derivó en indicios de un fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.
El caso Mercasevilla investigaba la grabación de los empresarios del Grupo La Raza de Sevilla a dos altos cargos de Mercasevilla que les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería.
La grabación cayó en manos de Alaya, que imputó al delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y tirando del hilo indagó en otras empresas, además de en Mercasevilla, sobre la posibilidad de que hubiera intrusos en los ERE: personas que cobraban ayudas y que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en las sociedades que las recibieron.
Las primeras confesiones
El 9 de enero de 2012 Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar “cocaína, fiestas y copas”.
En su declaración ante Alaya, Guerrero implica a “todo” el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el “fondo de reptiles”, y el 10 de marzo de 2012 se convierte en el primer imputado que ingresa en prisión.
La dimisión de Griñán
El caso de los ERE se cobró su principal víctima política y el 27 de agosto de 2013 José Antonio Griñán, que insiste en su inocencia, dimite como presidente de la Junta de Andalucía y es sustituido por Susana Díaz.
Un mes después, Alaya “preimputa” a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produce el mismo día en que toma posesión el Gobierno de Susana Díaz.
Chaves y Griñán declaran en el Supremo
En noviembre de 2014, el Tribunal Supremo abre una causa contra los expresidente de la Junta y otros aforados como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE.
El 9 abril de 2015 Griñán comparece en el Supremo, donde declara que aunque él cree que no hubo un gran plan sí existió “un gran fraude” en el caso de los ERE. El 14 de abril declara Chaves.
El 15 de junio Griñán renuncia a su escaño en el Senado, por lo que la causa debe volver al juzgado 6 de Sevilla al perder el aforamiento.
La sustitución de Alaya
El 16 de junio de 2015 la instrucción cae en manos de María Núñez Bolaños al lograr Mercedes Alaya una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya solicita una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo deniega.
En mayo de 2016, el juez de refuerzo Álvaro Martín procesa a 26 ex altos cargos, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoce como juicio por el “procedimiento específico” de los ERE.
Juicio en la Audiencia de Sevilla
En febrero de 2017 la Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que el primero conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era “consciente de las vulneraciones patentes y groseras” que se estaban cometiendo.
El 13 de diciembre de 2017 arranca el juicio por el “procedimiento específico” contra los 22 ex altos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares del PP y del sindicato Manos Limpias. Toda una época del Gobierno andaluz se sienta desde este día en el banquillo de los acusados.
La vista oral finaliza el 17 diciembre de 2018 y, casi un año después, el 19 de noviembre de 2019 se comunica la sentencia. Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación.
