El CGPJ aprueba el informe que censura el anteproyecto de ley de vivienda
El dictamen del Poder Judicial es preceptivo, pero no vinculante.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por quince votos a seis, el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.
El dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el texto en segunda vuelta en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Se trata de una decisión que ya había sido prevista por el Ejecutivo y sobre la que se pronunció la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó un primer paquete de medidas como el plan estatal o el bono joven de alquiler.
Tras conocer la decisión, en su cuenta de Twitter, la ministra ha destacado que “la parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género”.
En esa línea, Sánchez ha garantizado su compromiso con que el anteproyecto de ley se apruebe en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria y asegura que “habrá Ley de Vivienda”.
Más tarde, la ministra ha defendido en el 24 horas de TVE que el anteproyecto es un texto “solvente, ajustado a derecho y que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas”. También ha anunciado que se llevará este martes al Consejo de Ministros para su aprobación y su posterior tramitación en el Congreso.
“Insisto en que es una buena ley que cumple con la Constitución, que beneficia a los propietarios y a la ciudadanía en general y que evita la especulación”, ha respondido.
Sánchez también ha aclarado que están dispuestos a ampliar el texto siempre que se respete el contenido de la ley que es “un mínimo inamovible”.
Además ha descartado fisuras en el seno del Gobierno de coalición por este tema y ha trasmitido un mensaje de unidad y de firmeza al respecto.
El texto, en detalle
El informe ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero, propuesto por el PNV, y Enrique Lucas, por el PP, después que el órgano de gobierno de los jueces rechazara el pasado día 14 una propuesta que avalaba el texto presentada por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
A lo largo de sus 60 páginas, el informe se refiere al anteproyecto con calificativos como “sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno” y señala que sus directrices generales están “imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.
En esa línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una “expropiación” regulatoria.
La posición de Podemos
En los últimos días, El HuffPost ha adelantado que existe temor en el seno de Podemos ante la posibilidad de que el PSOE trate de modificar el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha organizado una nueva ronda de contactos “con las organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a una vivienda digna”.
