¿Censura? ¿Control de los medios?: las claves del plan del Gobierno contra la desinformación
La estrategia del Ejecutivo para controlar las 'fake news' sigue las líneas de las recomendaciones de la Unión Europea.
El procedimiento de actuación contra la desinformación que ha aprobado el consejo de Seguridad Nacional y al que el Gobierno ha dado el visto bueno este jueves sigue las directrices de la Unión Europea. El principal objetivo del plan es evitar la intromisión interesada de campañas de información falsa que afecten al funcionamiento de las instituciones y de los procesos democráticos.
Los partidos de la oposición, como el PP y Vox, y algunas asociaciones de periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), recelan, no obstante, del plan del Gobierno, en el que ven una nueva forma de censura por buscar “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”.
El propio líder de los populares ha recurrido a ese punto para desacreditar el plan, pero se trata de una supuesta transcripción del European Democracy Action Plan, recogida en la propia orden, aunque no figura literalmente en el plan europeo.
La orden del Ejecutivo tiene tres líneas estratégicas: una que se refiere a las garantías para que los procesos electorales sean justos; otra, al examen de los medios que se usan para interferir en los procesos democráticos y otra, que es la que más polémica ha causado, que es la que ha resaltado Casado. La ultraderecha, por su parte, ha bautizado el plan contra las fake news como Ministerio de la Verdad.
No se trata de censurar, se trata de que no se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación; radios, periódicos, televisiones y plataformas digitales que gestionan la conversación pública”, ha explicado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
También ha levantado las suspicacias de las asociaciones profesionales. La APM ha cuestionado la iniciativa del Gobierno diciendo que, aunque cualquier propuesta contra la desinformación es bienvenida, ésta suscita “reparos” porque “deja en manos del Gobierno una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos”.
Qué persigue hacer el plan
El objetivo es evitar “la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales”, según la nota de Moncloa, que tiene muy en cuenta los procesos últimos procesos electorales en EEUU y en el Reino Unido a cuenta del Brexit, en los que se demostró intervención exterior.
El Ejecutivo trabaja con la intención de atajar la desinformación y, por eso, pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales son libres y justos. “Se trata de definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos y, en ningún caso, vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones, dentro del respeto a la libertad de expresión y de información, consagradas por la Constitución”.
En qué consiste
La estructura del plan está constituida por los siguientes organismos, según la orden publicada en el BOE.
1. El Consejo de Seguridad Nacional.
2. El Comité de Situación.
3. La Secretaría de Estado de Comunicación.
4. La Comisión Permanente contra la desinformación.
5. Las Autoridades públicas competentes.
6. El sector privado y la sociedad civil.
El procedimiento establece cuatro niveles diferentes de activación que sirven a las autoridades para detectar las campañas de desinformación y su análisis ante posibles impactos en la Seguridad Nacional.
En el nivel 1. Se monitoriza y se vigilan las plataformas de conversación pública (medios de comunicación y redes sociales) para detectar las campañas, alertar pronto —dentro del Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea—, notificarlas y analizarlas. Además, se investiga el posible origen, el propósito y se sigue su actividad.
En el nivel 2. Se convoca, se sigue y evalúa la alerta por parte de la Comisión Permanente contra la desinformación; se analiza la situación y se buscan propuestas de actuación. Y, si procede, se activa una célula de coordinación contra la desinformación activada por el Director del Departamento de Seguridad Nacional, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros Martín. Además, en caso de que se considera oportuno, se decidirá sobre la conveniencia de realizar una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación para contrarrestar la información falsa.
En el nivel 3. La Secretaría de Estado de Comunicación informará al Gobierno a nivel político-estratégico de las campañas de desinformación para que actúe políticamente. Además, seguirá y evaluará la alerta al Comité de Situación.
En el nivel 4. Se coordina la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado para que tome las medidas concretas.
A qué se parece
En 2018, la Unión Europea, con la intención de mejorar los programas iniciados en 2015 para la detención de las campañas de desinformación y protección de sus sistemas democráticos y debates públicos, presentó un potente Plan de Acción que entró en vigor en 2019 para contrarrestar cualquier campaña de dentro del llamado fenómeno de la posverdad.
El Plan de Acción europeo contiene un conjunto de acciones que permiten un enfoque conjunto y coordinado de la Unión para afrontar la desinformación y que está basado en cuatro claves:
1. Un aumento de recursos para frenar la “avalancha de desinformación2 que trata de disipar la información real, y así “mejorar la detección precoz de noticias falsas”. El grupo especial de Comunicación Estratégica y la célula de Fusión Híbrida de la Unión Europea en el Servicio Europeo de Acción Exterior, junto con las delegaciones de la UE en los países vecinos, serán reforzadas con personal especializado y potentes herramientas de análisis de datos.
2. Una respuesta coordinada a los ataques, implementando para ello un sistema de alerta rápida entre las Instituciones de la UE y los Estados miembros, de modo que se facilite el intercambio de datos y evaluaciones de las campañas para hacer frente a la desinformación en tiempo real. Cumplir este objetivo requiere que los Estados miembros se conciencien del impacto negativo y de la desestabilización social que puede provocar la desinformación.
3. Se exige el cumplimiento del código de buenas prácticas a las plataformas que ofrecen información en línea, lo que posibilita la identificación de cuentas falsas e interacciones no humanas. De esta forma, se busca garantizar la transparencia de la publicidad política, pues se conseguirá cerrar cuentas falsas activas, etiquetar los bots y cooperar con los investigadores para detectar campañas de desinformación.
4. Creación de grupos de verificación y contraste de datos, además de sensibilizar a la ciudadanía de las posibles campañas de desinformación a través de programas específicos, y de un apoyo firme a estos equipos de verificadores e investigadores que trabajen en la detección temprana de campañas de desinformación en las redes sociales (RRSS).
