Cataluña limita el precio de los alquileres en determinadas zonas
Los propietarios podrán pedir más de un 10% por encima el índice público fijado por la Generalitat.
El Govern ha aprobado un decreto ley para limitar los precios de alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia de la Generalitat en barrios y ciudades con una “falta acreditada de vivienda asequible”.
Lo han explicado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, acompañados por la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
Las zonas en las que se aplicará esta contención de rentas serán aquellas que se declaren como ”áreas con mercado de vivienda tenso” y, según la norma, deberán hacerlo el departamento de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente la Conselleria de Territorio, y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento mediante acuerdo del pleno del Consejo Municipal.
El Consell Executiu también ha aprobado este martes la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de Arrendamientos de Fincas Urbanas impulsado por la Conselleria Justicia, que incorporará el mecanismo para la limitación de precios aprobado por el decreto ley y ampliará la regulación en el resto de aspectos relacionados con el alquiler de viviendas.
“Pinchar la burbuja”
Capella ha defendido que era necesario intervenir en el mercado del alquiler con esta norma porque, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona el alquiler ha subido un 40% en los últimos cinco años, mientras que los salarios de las personas no lo han hecho al mismo ritmo, y también para evitar que ciudades y pueblos “se despueblen” y se cohesione el territorio.
Así, ha reivindicado la labor de la Generalitat en esta materia: “El interés que nos mueve por encima de todos los demás son las víctimas de los abusos del mercado del alquiler. El Govern, gobierna, no hace de espectador de lo que pasa ante sus ojos”.
Calvet ha valorado que este decreto ley permitirá contener los precios y “pinchar la burbuja del alquiler” que ha advertido de que se está produciendo en Catalunya y, sobre todo, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Ha señalado que la nueva norma está en concordancia con el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que no se llegó a aprobar en abril por falta de apoyos parlamentarios: “Lo volveremos a poner sobre la mesa”.
También ha dicho que la Conselleria de Territorio tiene la intención de mejorar la legislación vigente sobre esta materia, que ha recalcado que está “dispersa”, y concentrarla en una nueva Ley de Vivienda.
Sin sanciones
El decreto ley no prevé multas a aquellos que no cumplan con este precio máximo, puesto que Capella ha enfatizado que contiene normas de Derecho Civil y que éste se encarga de regular obligaciones y contratos y no la imposición de sanciones.
“No corresponde al Derecho Civil la sanción”, ha aseverado Capella, y ha explicado que las personas que paguen por encima de ese precio máximo podrán reclamar al tener unas cláusulas de contrato anulables, que se podrán impugnar y compensar.
Índice de referencia
Calvet ha puesto en valor el índice de referencia creado en 2017 por el Govern y al que se añadirá un 10% para calcular el precio máximo para los alquileres: “En dos años se ha convertido en un instrumento útil para políticas de vivienda”.
Ha remarcado que, con este decreto, el índice pasa de ser informativo a ser una “herramienta principal” para contener los precios de mercado de alquiler y evitar aumentos desproporcionados, y ha indicado que se basa en 370.000 datos de toda Catalunya y que 130.000 provienen de la ciudad de Barcelona.
El conseller ha expuesto que esperan completar este índice incluyendo más datos, como los gastos de las comunidades de vecinos, y con la Conselleria haciendo un estudio previo de las áreas que podrían considerarse como tensas y que el índice no contempla.
Y es que el índice de referencia se ha aplicado en 53 municipios de Catalunya en los que se han producido un mínimo de 1.000 operaciones de alquiler y Calvet ha abogado por estudiar también las que no llegan a ese tope, argumentando que igual no llegan precisamente por la falta de vivienda asequible y la presión inmobiliaria.
Las competencias en materia de alquiler
Capella ha defendido que la Generalitat puede regular esta cuestión porque considera que tiene “competencias exclusivas” en la materia y ha asegurado que el decreto se fundamenta perfectamente en el Estatut y en el Código Civil catalán.
Calvet ha recalcado que el decreto ley aprobado este martes estaba contemplado en una de las disposiciones finales de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, e impulsada por entidades sociales como la PAH.
No obstante, Budó ha remarcado que “no sería de extrañar” que el Ejecutivo central pudiera suspender este decreto ley porque ha sucedido con otras normas, y ha reivindicado que entra de las capacidades legales del Govern.
“Es un riesgo que siempre está encima de la mesa porque no sería la primera vez”, ha valorado la portavoz del Govern.
