Cataluña: la universidad secuestrada

Cataluña: la universidad secuestrada

Lo más grave no fue la algarada estudiantil, sino que los claustros se alinearan con las tesis torristas y de la CUP y los CDR.

Estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) encapuchados. Agencia EFE

Fue una imagen impactante: un grupo de encapuchados, vestidos de negro riguroso, como en los entierros y duelos de la primera mitad del siglo XX, impedían la entrada de estudiantes y profesores a la Universidad Pompeu Fabra. La foto recordaba otra que ha sido de actualidad estas semanas: tres mujeres españolas, también vestidas con un modelo de burka, en el que solo asomaban, como en nuestros chicos universitarios tocados con pasamontañas y sudaderas, apenas los ojos y el entrecejo. 

Había una línea invisible de contacto entre ambas fotografías, separadas por miles de kilómetros: una en Barcelona, la ciudad que tiene vocación de ser capital del Mediterráneo, y otra en algún lugar de Siria próximo a Turquía. Los dos grupos tan distantes están unidos por la irracionalidad, que lleva a la frustración, al impulso violento y matón por despecho, y, en fin, al fanatismo.

En las universidades catalanas el conflicto se activó cuando el estado mayor separatista tocó a rebato tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y decretó el estallido social. Lo más grave, sin embargo, no fue la algarada estudiantil, sino que los claustros se alinearan con las tesis torristas y de la CUP y los CDR, y emplearan el lenguaje de los sediciosos.

O sea, que no sólo no entendieran que los condenados, y los que no fueron juzgados por estar a la fuga, habían cometido un gravísimo delito, del que habían  sido advertidos previamente y de forma reiterada por el Tribunal Constitucional y las autoridades del Estado, sino que no acataran como es obligado la sentencia del Alto Tribunal. “Solo aceptaremos la absolución”, había anunciado Quim Torra, el presidente vicario de la Generalitat y primer activista de la república imaginaria.

Los claustros, contaminados por el separatismo, y únicamente con alguna sensata pero valiente oposición que no logró torcer el rumbo de colisión hacia el desprestigio en el ámbito europeo de la educación superior.

¿Cómo es posible que los claustros no solo no acataran la sentencia, como es obligado, sino que defendieran la estrategia de tierra (catalana) quemada? ¿No habló ningún catedrático de derecho? ¿o de psiquiatría? ¿Nadie expuso la realidad con sentido común? 

Probablemente alguno lo hizo; de hecho en los medios de comunicación han salido profesores que han criticado la toma de partido de unos claustros incompetentes para ello y claramente viciados; e incluso más de 800 profesores han desafiado la ley del borrego asustado y han firmado un manifiesto en el que muy razonadamente han mostrado en público su rechazo a esto y a que los rectores hayan aceptado modificar el sistema de evaluación continua por una final, para que quien quiera ir de huelga o de juerga pueda hacerlo sin tener que arriesgar nada por la rebelión.

Cataluña está en quiebra moral, los brujos de la tribu han planeado que cuanto peor, mejor, y sueñan con un alzamiento tumultuario que haga intervenir a Europa.

Pero, atención Cataluña, tenemos un problema; o mejor, varios. Ni los claustros son soberanos y pueden decidir en contra de las leyes que nos rigen a todos, ni la autonomía de las universidades, limitada por las leyes (art. 27.10 de la CE78) significa soberanismo ni derecho de autodeterminación; ni los rectores concentran el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial como algunos creen. Ni los claustros ni los rectores pueden anular motu proprio, por un mero capricho oportunista, el sistema de evaluación aprobado y validado por la Agencia Catalana de Calidad sin recorrer el mismo camino que llevó a su aprobación. Algo similar ocurrió en la ULPGC en 2018 cuando el rector decidió, por sí y ante sí, anular ‘provisionalmente’ la obligación (legitimada por el procedimiento de validación del grado por ANECA y su publicación en el BOE) de contar con el B1 de idiomas para retirar el título por la presión de un grupo de alumnos.

No, Montesquieu vive también en las universidades públicas, aunque ya desde 1990 Jordi Pujol y CiU diseñaran un plan llamado de ‘recatalanización’ que en esencia pretendía dos aspectos principales: matar a Montesquieu con nocturnidad y alevosía desde una Generalitat nacionalista y llevar a cabo un gigantesco y minucioso proceso de lavado de cerebro colectivo.

Es un documento público: fue publicado en exclusiva por El Periódico de Cataluña el domingo 28 de octubre de 1990.

Desde entonces se han ido desarrollando todas las ‘instrucciones’ tendentes a que el separatismo controlara todos los pilares de la educación, la universidad y los medios de comunicación públicos y privados. Desde la construcción de un ‘memorial de agravios’ (sic), al control del ámbito educativo: “Impulsar el sentimiento nacional catalán de profesores padres y estudiantes”, “Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales”; “Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen la normativa sobre catalanización”; “Velar por la composición de los tribunales de oposición”, “Estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores en la Universidad”, “Potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las universidades públicas”…

Fue en octubre de 1990. Han tenido 28 años para catatonizar a la universidad y para, a través de la constante intoxicación y desinformación de TV3 y otros medios afines y controlados, fomentar ‘científicamente’ el victimismo que lleva ineluctablemente al odio a la España “que nos roba” ( y que ha tapado el 3%) y mutatis mutandis al separatismo con su carga de irracionalidad.

La primera ley orgánica de universidades de la democracia, la LRU, o Ley Maravall de 11/1983 de 25 de Agosto, sentó las bases de lo que era la universidad pública en democracia: “… esta Ley –se dice en el preámbulo– está vertebrada por la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio publico referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas…”.

Y añadía (esto es muy importante): “Esta (la Universidad) debe gozar de autonomía para la ordenación de la vida académica, pero en justa correspondencia debe asumir también el riesgo y las responsabilidades inherentes a la facultad de decisión y a la libertad”. Pero advertía: “…de nada servirá ninguna ley si ellos (profesores y alumnos) no asumen el proyecto de vida académica que se propone, encaminado a conseguir unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento libre y critico y la investigación”.

Lo más grave no fue la algarada estudiantil, sino que los claustros se alinearan con las tesis torristas y de la CUP y los CDR.

La LRU fue sustituida por la LOC y después por el texto refundido, pero estos párrafos no pierden vigencia; son perennes. José María Maravall quería sentar las bases de una universidad moderna y europea; suya fue la iniciativa de implantar una suerte de cogobierno con los consejos sociales, en los que está representada la sociedad, y que la CRUE, rector a rector, quiere convertir en floreros o, como mucho en jarrones chinos que decoren un rincón.

La planificación de una sedición en escalera desde Waterloo, que a veces imita a los chalecos amarillos de Francia, a veces a Hong Kong, a veces a las primaveras árabes, ahora a Chile, y otras al califato del ISIS (con perdón por la comparación) ha abierto una grieta en la imagen, y en el ser mismo  de la universidad catalana, que en todos los ranking figura en el grupo de cabeza de las españolas.

De momento unos encapuchados que han atendido el llamamiento a la insurrección general realizado por los que consideran que el punto crítico, la Cataluña incendiada y en crisis económica inducida, es favorable para su rebelión a lo ‘patria o muerte’ (que en Cuba y Venezuela vienen a ser lo mismo) han secuestrado a las universidades catalanas, han impuesto un pensamiento único y, tratando de liquidar el pensamiento libre y crítico, han llevado la división social, el enfrentamiento civil, a los campus,.

Cataluña está en quiebra moral, los brujos de la tribu han planeado que cuanto peor, mejor, y sueñan con un alzamiento tumultuario que haga intervenir a Europa; pero estos no son los tiempos del Pacto de Varsovia. La Unión Europea se creó precisamente para exorcizar a los fantasmas que por dos veces en el siglo XX asolaron el Viejo Continente, para  evitar nuevos nacionalismos y populismos que, como han dicho Mitterrand, Macron, Merkel… “son la guerra”.

Menos mal para Cataluña que decenas y decenas de miles de constitucionalistas salen a la calle diciendo ‘aquí estamos, nosotros también contamos’, y cientos de profesores universitarios que plantan cara a los nuevos totalitarismos, de derecha o de izquierda. Los alquimistas que quieren convertir el barro en oro un día pagarán su responsabilidad en el nacimiento de Vox.

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Empezó dirigiendo una revista escolar en la década de los 60 y terminó su carrera profesional como director del periódico La Provincia. Pasó por todos los peldaños de la redacción: colaborador, redactor, jefe de sección, redactor jefe, subdirector, director adjunto, director... En su mochila cuenta con variadas experiencias; también ha colaborado en programas de radio y ha sido un habitual de tertulias radiofónicas y debates de televisión. Conferenciante habitual, especializado en temas de urbanismo y paisaje, defensa y seguridad y relaciones internacionales, ha publicado ocho libros. Tiene la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.