Cataluña: 4, 3, 2, 1-O
Se ha desatado la cuenta atrás que nos conduce a todos al 1-O sobrecargado de hechos. Hechos, sí, faits accomplis, carentes de diálogo honesto e incluso de entendimientos. Hechos, en un psicodrama preñado de una intensidad que hubiera sido sencillamente impensable tan solo diez años atrás. Y ello por más que desde hace siete -la fecha de la STC 31/2010 sobre el recurso masivo del PP contra el Estatut se ha fijado en la retina colectiva como la de la chispa que prendió fuego a este incendio- todos los episodios del conflicto a los que hemos asistido resultasen predecibles de tanto que se hubiesen anunciado con larga anticipación.
Los últimos desarrollos de la creciente tensión que apunta al 1-O evidencian con claridad meridiana la estrategia diseñada desde hace tanto tiempo. La misma que ha sido desplegada en el curso de estos siete años con precisión de relojero: centrifugar la tensión desde su esfera de origen -la responsabilidad política de los secesionistas hacia los sectores de la sociedad y de la ciudadanía de Cataluña más proclives a incorporar el mensaje de movilización en la calle; acto seguido provocar, deliberadamente, la ineludible respuesta de defensa de la legalidad frente a quienes la quebrantan dolosa y sistemáticamente; y, sucesivamente, explotar la intervención estatal en la clave martirial a la que vengo refiriéndome como "martirologio impostado"; la misma que Josep Borrell describe, más recientemente, como "martirologio low cost".
El escenario al que nos abismamos de manera ya inminente, resulta escalofriante; justo porque carecemos de precedentes que revistan una gravedad pareja. Pero insisto, no sorprende. No, no es ninguna sorpresa: el secesionismo instalado al frente del Procés desde posiciones de mando en la Generalitat apunta, por la vía de los hechos consumados, a dictar una lección acerca de la pretendida "fuerza normativa de lo fáctico".
Se trata éste de un problema sobre el que hace mucho que se ocupa la Teoría del Derecho (singularmente a propuesta del "decisionismo" de Carl Schmitt, lo que ha suscitado un debate en torno a la conveniencia de que, en la actual situación, haya "un poco más de Kelsen y mucho menos de Schmitt"): consiste esta alegada "fuerza normativa de lo fáctico" en imponer hechos que, rompiendo materialmente, y a las bravas, el orden jurídico anterior, instauren un punto de no retorno que compela, guste o no, al "reconocimiento" de una "nuevo orden" y por tanto "nueva legalidad"... Por más que haya prorrumpido ilegalmente, antijurídicamente, inconstitucionalmente.
Se quiebran así todos los consensos, todas las reglas de juego, todas las garantías, todos los procedimientos y formas sobre los que se sustenta la diferenciación entre "legalidad" impuesta por la vía de los hechos y "legitimidad" como fuerza de persuasión y acatamiento voluntario y consensuado de las leyes aunque individualmente nos disgusten o estemos en desacuerdo con ellas.
Con este marco movedizo y estresante, proliferan ahora -¡por fin!- las iniciativas discursivas en medios de comunicación (especialmente en la prensa escrita) orientados a romper los "mitos", "falacias" y "mentiras" desde hace tiempo propaladas por el secesionismo, así como a manifestar, argumentadamente, su falta de fundamento en el Derecho Internacional (la "autodeterminación" sólo se aplica en contextos coloniales de opresión y negación de los derechos civiles y políticos), en Derecho Europeo (la UE es Unión de Estados miembros, no de "naciones autoproclamadas") y en Derecho Constitucional (un referéndum que trocea el poder de reforma constitucional que reside en todo el pueblo español, es inconstitucional e ilegal).
El objetivo estratégico de los secesionistas está cada vez más claro: situar a Cataluña tras esa "secesión fáctica", en el mejor de los dos mundos. Por un primer lado, ad intra, los secesionistas quieren ejercer sus poderes habiéndose instalado de hecho (política y psicológicamente) en su "República" independiente y autoproclamada, desvinculada y "desconectada" de toda legalidad del Estatut en vigor y de la Constitución española de 1978 de la que sus poderes traían causa; y en desobediencia y desacato deliberado y sistémico de las resoluciones de los tribunales españoles (incluido, claro, el TC).
De otro lado, ad extra, los ciudadanos de Cataluña continúan (y continuarán) siendo, de oficio, ciudadanos españoles (art. 11 CE) y, por lo tanto, ciudadanos europeos. Y continuarán beneficiándose de todos los derechos propios del estatuto de ciudadanía europeo y de pertenencia a la UE. "El mejor de los dos mundos", piensan los secesionistas, a riesgo de desgarrar las costuras del orden jurídico, tal y como lo hemos conocido durante las cuatro últimas décadas, testando la resistencia (y la fragilidad) de sus materiales ante una situación tan extrema y prolongada en el tiempo, que es justo lo que debió haberse evitado.
Nunca debió haber sucedido. Nunca deberíamos haber llegado hasta este punto. Pero ahora la pregunta no es ¿cómo hemos llegado a esto? Sino ¿cómo vamos a salir, todos juntos, de esto?
Todas las miradas se encuentran ahora concentradas en el día después del 1-O. Habrá que vivir cada jornada a partir del 2 de octubre, y en el tan postergado como imprescindible diálogo que más pronto ya que tarde habrá que entablar y ejercer sobre bases diferentes a las que hemos padecido; y que lo haga posible aquello a lo que metafóricamente vienen refiriéndose muchos (es la posición del PSC) como "contador a cero". Sólo así cabe pensar que estamos todavía a tiempo.
