De lo que no quiere la derecha que se hable en Castilla y León
El PP explota el tema de la ganadería y Garzón para esquivar los casos de corrupción y la futura relación con Vox.
“Más ganadería, menos comunismo”. El PP quiere seguir estirando la polémica que ha creado sobre las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Vídeos, actos entre vacas, podcasts, declaraciones ante los medios, tuits, mítines… Repitiendo unas palabras que nunca pronunció el también líder de Izquierda Unida. Entienden que es la mejor precampaña que pueden hacer de cara a esas elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero.
La estrategia del Partido Popular ha surtido efecto y se acumulan los titulares sobre el tema desde hace diez días. Se ha convertido en el asunto que abre los informativos y que ha enredado hasta el Gobierno de coalición por dentro. Ahondando en esa brecha que ha marcado la política estadounidense o el referéndum del Brexit: lo rural vs. lo urbano. Campo frente a ciudad, con la derecha intentando dominar ese terreno y llenar las urnas con sus votos.
Pero, además, esta polémica le está sirviendo al Partido Popular para tapar algunos de los principales temas de la comunidad y que no le benefician. Empezando por la corrupción, ya que el PP de Castilla y León está envuelto en varios oscuros episodios en los tribunales en estos momentos: el caso Perla Negra, la trama eólica y las primarias del PP de Salamanca.
El calendario judicial que enfrenta el PP autonómico es de vértigo. Un mes después de las elecciones, el 14 de marzo, tendrá que declarar como testigo ante el juez por el caso Perla Negra Juan Vicente Herrera, el que fuera todopoderoso presidente de Castilla y León entre 2001 y 2019. Se están investigando los sobrecostes en la adquisición de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid). Será la primera vez que un exjefe del Ejecutivo de esta comunidad tenga que ir ante un magistrado por un caso de corrupción.
Hay doce encausados (expolíticos y empresarios) por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Entre ellos, está el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado. La peticiones de cárcel de la Fiscalía en su conjunto suman 79 años de cárcel. La acusación pública entiende, respecto al edificio, que las arcas públicas abonaron 60.499.800 euros cuando su valor no debía de haber superado los 50.000.000 euros.
También está en los tribunales la conocida como trama eólica: la Fiscalía Anticorrupción pide 138 años de cárcel para los 16 encausados, ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios. Además, se exigen 848 millones de euros de multas. Se está investigando posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, extorsión y cohecho. Aparece también como presunto cabecilla de la trama Rafael Delgado, que fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general desde entonces hasta 2011, actuando al dictado del entonces consejero, Tomás Villanueva, ya fallecido. El juzgado está investigando las ‘mordidas’ en los planes de energías renovables por un importe de más de 80 millones de euros, por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la comunidad entre los años 2000 y 2015.
El tercer caso afecta directamente al propio candidato del PP y presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco. El PP de Salamanca está imputado por presunta financiación ilegal en las primarias que ganó el dirigente. Además, están imputadas dos personas de la máxima confianza suya: Javier Iglesias (presidente del partido en la provincia) y María Isabel Sánchez (gerente).
El juez instructor, en un auto, señalaba indicios racionales de la presunta comisión de ese delito por las donaciones anónimas que se utilizaron para abonar cuotas atrasadas de afiliados del Partido Popular para que pudieran participar en las primarias que terminó ganando Mañueco ganando en 2017. A la causa se acaba de incorporar un documento anónimo remitido por ex compañeros de Mañueco implicándolo directamente en este proceso.
Las palabras de Alberto Garzón también están siendo utilizadas por la ultraderecha de Vox durante estos días de precampaña intentando tapar y ocultar los polémicos tuits de su candidato, Juan Manuel García-Gallardo Frings, que tenía en su historial en la red social mensajes homófobos como: “Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones”.
También publicó hace años mensajes machistas: “Qué ridículo suena que las mujeres exijan igualdad de trato, cuando lo que quieres es seguir siendo tratadas igual de bien que has ahora” y “Ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres una mujer”. Además, otros con tintes xenófobos: “El Ayuntamiento de Burgos, inspirado por la Agenda 2030, invita a los niños a reinventar las historias tradicionales. El Cid será negro. Doña Jimena trans y la Reconquista un encuentro de poliamor entre culturas, supongo ¿Qué bazofia es esta?”. El candidato borró esos mensajes al lanzarse al ruedo electoral y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que eran simplemente “unos chistes malos”.
Y todo este ruido sobre Garzón también está acallando uno de los grandes debates: ¿qué Gobierno habrá después de las elecciones? Si se cumplen las encuestas, el Partido Popular ganará los comicios, pero sin mayoría absoluta, en tanto que Cs se quedaría en un escaño previsiblemente y Vox subirá. La ultraderecha será necesaria para Mañueco, y además la única aliada que puede encontrar en las Cortes. Desde el PP no se aclara qué pasará y si permitirá por primera vez que entren los de Abascal en un Ejecutivo autonómico.
Casado insiste en que es un cambio de ciclo electoral, pero deja fuera el gran debate de si la ultraderecha entrará en la ecuación. El propio Santiago Abascal ya está poniendo sobre la mesa que hará sudar a los populares y ha señalado este fin de semana que no regalará sus votos. Un panorama que se abre en Castilla y León y seguirá en Andalucía a lo largo del año, donde también el PP pasará previsiblemente a depender todavía más de Vox. La ultraderecha tiene ganas de empezar a pisar moqueta, lo que llevará al PP a traspasar una línea roja europea si acepta gobiernos así.
Todos hablando de Garzón, mientras estos temas no se chamuscan.
