Casi 300 menores palestinos siguen en prisiones de Israel tras la liberación de Ahed Tamimi

"Mi felicidad no está completa, porque tengo hermanos que permanecen en prisión". Las primeras palabras de Ahed Tamimi en libertad fueron para los 5.600 presos palestinos que cumplen condena en cárceles de Israel y, especialmente, para los casi 300 menores que, como ella, han sido sometidos a juicios militares, privados de cualquier derecho esencial en un niño y encerrados en cárceles de adultos.

La adolescente palestina, convertida en el mayor icono actual de la causa de su pueblo con apenas 17 años, tuvo que asumir las acusaciones vertidas contra ella de abofetear a un soldado israelí y someterse a una condena de ocho meses de prisión y una multa de más de mil euros. Su caso es de libro: acusaciones poco claras, recuperación de supuestos antecedentes para sumarlos a una pena actual, visitas vetadas a su propio padre, un fallo acatado para que no fuera mucho peor, presiones policiales, supuesto acoso sexual de los interrogadores... Tamimi ya abraza a su familia, pone flores en la tumba de Yasser Arafat junto al presidente Mahmud Abbas y come helados, de los que ha estado privada entre rejas. Otros aún no pueden.

Esta es la radiografía de situación de los menores presos palestinos presos hoy en Israel.

Los datos

Según la Asociación de Apoyo a los Presos y los Derechos Humanos Addameer (por sus siglas en árabe), actualmente son 291 menores palestinos los que se encuentran arrestados en cárceles israelíes. De ellos, 49 tienen menos de 16 años. La inmensa mayoría, salvo una decena, son varones.

Desde que comenzó el siglo, en el año 2000, esta ONG ha contabilizado más de 12.000 menores arrestados por parte de Israel. Y desde la Guerra de los Seis Días (1967), han sido más de 700.000. Suele haber, de media, unos 300 cada año, pero por ejemplo el pasado 2017 llegó a haber 500, añade la asociación Defence for Children International (DCI).

La principal acusación por las que son procesados es el lanzamiento de piedras a uniformados israelíes, a colonos (hay unos 600.000 en Jerusalén Este y Cisjordania) o a sus bienes (coches, vallado). Estos cargos se pueden llegar a pagar con 20 años de prisión, tras una reforma legislativa aprobada en 2015. Cada año se dictan un millar de sentencias por esta causa, a menores y a adultos.

El proceso se asemeja mucho en la mayoría de los casos. "Cada año, cientos de menores palestinos sufren el mismo escenario. Fuerzas de seguridad israelíes, los atrapan en las calles o en sus casas a media noche, luego los atan y les vendan los ojos, llevándolos a interrogatorios y con frecuencia y durante el trayecto son sometidos a actos de violencia", describe en un comunicado la ONG israelí B'Tselem (Centro Israelí de Información de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados).

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Sin garantías

Addameer, B'Teselem, DCI, la Asociación por los Derechos Civiles de Israel (ACRI), Save The Children, Amnistía Internacional y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) coinciden en sus sucesivos informes en describir, más allá de los números, una situación poco adecuada para tratar a un menor supuestamente delincuente. Denuncian que en muchos casos los arrestos son arbitrarios e indiscriminados, que se detiene en masa tras una protesta para buscare delatores, se entra en casas sin órdenes de arresto nominativas, en redadas masivas como castigo a determinadas comunidades donde se hayan producido incidentes.

Aunque en Israel sí existe una ley del menor que cubre a quien delinca con menos de 18 años, los palestinos no están amparados por ella, sino por una ley militar y se les aplica la excepcionalidad terrorista. Por tanto, es un juez uniformado el que también los procesa. Hay una serie de derechos que, según estas ONG y entidades, se vulneran con facilidad: no se le ofrece a los niños un traductor, cuando muchos interrogatorios se hacen en hebreo y muchos de los documentos que firman están igualmente en el idioma del ocupante; no se informa convenientemente a sus padres de en qué comisaría se encuentra y qué visitas puede tener; en teoría, los padres han de estar presentes en las audiencias, pero eso se cumple con poca frecuencia; los chicos tienen derecho a un abogado y de ello se les informa al entrar en comisaría, pero sólo lo llamarán si el menor les da un contacto ("¿Qué niño lleva en el bolsillo el teléfono de su abogado?", se pregunta uno de los informes de Addameer).

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Más: tienen que llevar uniforme en la cárcel como los mayores; se les juzga según la edad que tienen en el momento de las vistas, y no de la que tenían al cometer supuestamente el delito que sea; sus condenas nunca son borradas de su expediente, como sí ocurre en el caso de los infractores israelíes; no se les garantiza el derecho a la educación dentro de las prisiones; muchos salen sin saber ni por qué cargos se les procesaba, dando a la "sospecha rango de legalidad", denuncian. Los procesos finalizan en condena casi en el 100% de los casos, porque acaban por firmarse acuerdos para pasar menos tiempo en prisión: confesión (sea o no) por libertad.

Según la ONG local Military Court Watch (MCW), casi el 64% de los menores palestinos detenidos confiesan que han sufrido abusos durante sus arrestos y condenas, según su último balance de 2017. El 90% de ellos acaba generando estrés postraumático, abunda ACRI, un problema de salud mental que cuaja en ansiedad y pesadillas, sobre todo, en miedo a salir a la calle y sufrir otro arresto. Las diversas asociaciones han documentado y acreditado casos de bofetones y patadas, golpes con culatas de armas, posturas dolorosas, pinchazos, duchas de agua fría, aislamiento repetido, privación de sueño, amenazas de sumar nuevos cargos extra si no se delata a otros familiares o amigos, amenazas de violencia sexual (y algunos casos de abuso, mucho menos corrientes) y constante violencia verbal.

El tratamiento es tan poco acorde con lo que merece un menor que, constata la ONG israelí Breaking The Silence, cada vez son más los soldados al mando de Tel Aviv que denuncian estas detenciones y que se niegan a participar en ellas.

El caso de Ahed Tamimi ha hecho que las quejas por esta realidad lleguen, además, de las más altas instancias, como el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina, Stanley Michael Lynk, que habla de "violaciones". "La Convención sobre los Derechos del Niño, al que reconoce Israel, expone claramente que la reclusión de un menor en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso y por el mínimo período necesario", ha recordado. Por su parte, desde la oficina de la diplomacia europea se ha llamado a la "necesidad de respetar y proteger los derechos de los menores, sobre todo durante el arresto y el proceso judicial".