Carta a los reyes… o mejor al presidente y vicepresidente

Estas semanas se han hecho muchas artículos y cartas a los reyes, pero a mí el cuerpo me pide escribir más a los que mandan de verdad.

Bastante hemos leído y escuchado sobre monarquías como para gastar más golpes de teclado en una cuestión que ya hemos discutido los ciudadanos, pero no lo han discutido en condiciones quienes han de hacerlo, que son los políticos.

Nuestro presidente del Gobierno y vicepresidente son los que me encantaría que llegaran a leer lo que vengo a contarles a los dos.

Pedro y Pablo se han esforzado en sobrellevar la crisis más fuerte que hemos sufrido, con un coronavirus que ha dado al traste con muchos objetivos de crecimiento y con muchos sectores de la economía… pero las principales víctimas han sido los ciudadanos.

La gestión de la pandemia en todo el mundo ha sido penosa, y a toro pasado podemos decir lo que nos parezca, pero en febrero de 2020 NADIE sabía lo que venía, o se hubieran cerrado fronteras y encerrado a la población inmediatamente. Quizás Díaz Ayuso y Boris Johnson, junto a Trump no lo hubieran hecho.

La lectura de la gestión se la dejo a otros, pero en relación a los efectos de esta pandemia, quiero poner el foco en un sector que ha pagado a mi entender por encima de todos: los emigrantes.

Aquellos que vivimos fuera tenemos amigos emigrantes como nosotros que en pleno encierro en España perdían familiares, sus padres o sus abuelos, sin poder despedirse de ellos. Llegaban a hacer malabares para intentar viajar a tiempo, y en algunos casos nunca se materializaba el viaje debido a la velocidad a la que la COVID se llevaba a sus familiares.

Muchos han pasado la pandemia aislados, solos en un país que no es el suyo y sin familiares o amigos cerca para ayudarles.

Hemos conocido casos de violencia doméstica, que golpeaba a todos los miembros de las familias debido a la suma de encierro, falta de trabajo, falta de amigos cercanos que puedan ayudar a sacar de casa a las familias afectadas…

Trabajadores que de repente pasaron a ser desempleados y en algunos casos no llegaron a poder disfrutar del furlough (equivalente a los ERTE). Se lanzaba a la precariedad a muchísimos compatriotas en un país que había sido la vía de escape para reencontrarse con la posibilidad de trabajar de nuevo.

Las aupairs, en su difícil situación de limbo legal al no haber contratos, también durante el principio de la pandemia vieron cómo en muchas familias, al estar los padres trabajando desde casa, no necesitaban su ayuda y con la excusa del coronavirus les solicitaban que se fueran de las casas y se buscaran otro alojamiento y trabajo… justo en el momento que menos oportunidades para ello existían.

Faltaron vuelos, faltaba dinero para pagar los vuelos, y si bien es cierto que desde el Gobierno se fletaron vuelos desde diversos países, en ocasiones podrían haber sucedido antes. Los vuelos se organizaban de manera privada, como sucedió en Irlanda, con organizadores particulares que llegaron a encargarse de fletarlos, o en Países Bajos, desde donde se organizaron autocares de vuelta.

En la segunda ola y ante la campaña navideña que sería la oportunidad de ver a la familia, de repente, y con la protección sanitaria como explicación, se comenzó a exigir pruebas, en principio solo PCR, para poder tomar el avión o ferry. Esta medida, evidentemente, volvió a castigar como es costumbre a los que menos tienen, y se dejaba en manos de empresas privadas de Reino Unido que extorsionaran tanto como quisieran a los ciudadanos que necesitaban volar a España.

Había alternativas, sí. Una cuarentena en su casa quizás, o pruebas rápidas en el aeropuerto de llegada, o quizás que en julio y agosto no se hubieran abierto de par en par nuestras puertas a los turistas.

Pero para el Gobierno los emigrantes somos los “otros”. No hay nada en la acción política del Gobierno que evidencie atención hacia nosotros.

Solo Sara Vilá Galán, senadora de En Comú Podem, presentó por tercera vez una ley que pudiera solventar el problema de la nacionalidad, pero se puso a un lado para sacar la Ley de memoria democrática (muy necesaria), sin incluir en esta propuesta todos los casos que exigimos que se reparen. Hay tiempo para asegurarse de que la propuesta de ley de descendientes se lleva al Congreso.

La Ley de eutanasia es muy necesaria y pionera, y los acuerdos para ayudar a la población trabajadora durante estos meses difíciles se han visto como un gesto necesario de solidaridad y generosidad para evitar el sufrimiento que otros gobiernos decidieron infligir en nuestra ciudadanía en crisis anteriores.

¿Y el voto rogado?

Nos dicen que todos los partidos políticos están a favor de derogarlo y se votó una moción en el Senado en febrero, para aprobar en un plazo de seis meses. Todos los partidos a favor, menos una banda que no merece la pena ni nombrar.

¿Y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?

Desde verano de 2018, no nos reunimos en pleno, señores Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ni en 2019, ni durante 2020, y las excusas, si bien en 2020 son claras y entendibles, en 2019 se nos ninguneó y no se nos escuchó, y las leyes que los políticos aprobaron en este caso no se cumplen con el pleno y reuniones de comisiones anuales.

El 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rindió cuentas y parece encantado con lo logrado… pero el colectivo emigrante no aparece ni una sola vez en este comunicado.

Muy fácil tenían haber mejorado lo que habían hecho los gobiernos de Mariano Rajoy, con una Fátima Báñez que no aparecía por pleno alguno y en cuyos mandatos ni se plantearon retirar el voto rogado.

Las mismas ganas que se han mostrado en muchas facetas de este Gobierno, muchos estamos esperándolas para con el colectivo emigrante. Queremos que sean proactivos y muestren que en algo se diferencian de los gobiernos previos… ¿o todos los políticos son iguales?