Cambiarse a la tarifa regulada del gas: un trámite en el punto de mira

Hace cinco meses, Bruselas daba luz verde a la excepción ibérica para abaratar el precio de la luz en España y hace una semana el Gobierno presentaba una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) y una ampliación del bono social para ayudar a rebajar la factura energética y que las comunidades de vecinos pudiesen acogerse a la medida.

En todo ese período de tiempo, las peticiones para acogerse a la nueva tarifa, regulada por el Gobierno y más competitiva que las del mercado libre, se han disparado hasta tal punto que los servicios de atención al cliente no pueden hacer frente al aluvión de solicitudes.

Esta situación ha provocado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya abierto una investigación sobre Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies -las cuatro comercializadoras que ofrecen la tarifa de gas regulada- con el objetivo de saber si están poniendo trabas para que sus clientes se acojan a ese precio, topado por el Gobierno y más reducido que los del mercado libre.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, ha asumido en una entrevista de Las Mañanas de RNE que existe una “avalancha” de consumidores que han solicitado el cambio a las tarifas reguladas, por lo que “el Gobierno estará muy atento por si hay que abrir expedientes sancionadores a las empresas comercializadoras”, obligadas a atender esta demanda, especialmente de comunidades de vecinos con calefacción centra por gas.

Aluvión de solicitudes

El encarecimiento que registra el gas natural desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania -ahora suavizado por la acumulación de ‘stock’ y la falta de frío- está provocando un aluvión de consultas y solicitudes de consumidores para cambiarse a la tarifa TUR.

En este sentido, se han multiplicado las peticiones que han recibido desde que comenzó octubre las cuatro comercializadoras de gas de último recurso o tarifa regulada (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies) para acogerse a ella, tanto de clientes propios como de consumidores que hasta ahora estaban en el mercado libre con otras compañías.

Concretamente, según han confirmado fuentes del mercado a EFE, alguna de las compañías del sector está llegando a recibir el doble de peticiones de traslado a la TUR respecto a lo que venía recibiendo antes de verano.

Estos movimientos en el mercado coinciden con la decisión del Gobierno de crear una TUR específica para las comunidades de vecinos, que hasta ahora no se podían acoger al mercado regulado por superar el consumo máximo anual permitido, y de cubrir con fondos públicos el déficit generado desde octubre de 2021 por la limitación del incremento de estas tarifas.

Hasta ahora la deuda generada por este tope se iba recuperando en las futuras revisiones trimestrales, y su coste recaía en los consumidores del mercado regulado, una situación que dejará de ser así temporalmente, hasta finales de 2023.

Cómo funciona la TUR

La tarifa de último recurso (TUR), que lleva en funcionamiento desde 2008, es similar a la tarifa regulada o PVPC del mercado eléctrico, aunque está menos expuesta a las variaciones del mercado y ofrece condiciones económicas incluso más ventajosas que el PVPC.

Actualmente existen tres tarifas TUR diferenciadas por el consumo anual, a las que se ha sumado hace unos días la denominada TUR de Ahorro Vecinal, que permitirá que 1,7 millones de hogares de comunidades con caldera de gas centralizada se beneficien de los precios topados del mercado regulado.

A diferencia de su homóloga eléctrica, que está indexada al precio diario que marca el mercado mayorista, la TUR se revisa de forma trimestral por el Gobierno, que fija el incremento que sufrirá esta tarifa para los próximos meses atendiendo a la cotización del gas en los mercados internacionales.

Ante la escalada que sufre esta materia prima desde hace más de un año, situación agravada por la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno ha limitado al 15 % el coste que aplica al encarecimiento del gas en las revisiones de la TUR, lo que permite que el recibo no se pueda incrementar más de un 5 % cada tres meses.

Esta norma permite que las tarifas reguladas sean actualmente un 50 % más baratas que las que ofrecen las comercializadoras en el mercado libre, según cálculos del Ejecutivo.

Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coinciden con los del Gobierno: un consumidor acogido a la TUR con un consumo de 9.000 KWh al año paga 60 euros al mes y 723 al año, frente a los 126 y 1.516 euros, respectivamente, que abonan los consumidores que tienen contratada la tarifa más asequible del mercado libre.

Pese a las condiciones más ventajosas, la TUR es “la gran desconocida” de las tarifas energéticas, con solo 1,5 millones de consumidores acogidos a ella, frente a los casi 6,5 millones del mercado libre, según el último boletín del mercado minorista de gas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con datos del primer trimestre de 2022.