La Cámara Cuentas de Madrid aprueba la legalidad del contrato del hermano de Ayuso

La Cámara de Cuentas ha aprobado este miércoles el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional tramitados por el procedimiento de emergencia durante la pandemia, que incluye el adjudicado a Priviet Sportive S.L. para la compra de mascarillas, vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, en el que no detecta ninguna irregularidad.

El informe, ya definitivo, analiza los 4.448 contratos tramitados por esta vía durante 2020, certifica que la mayoría de los mismos “se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico” ante una situación de “enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia”.

“La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPIS, mascarillas, respiradores, guantes, etc.) tanto en España como en otros países, implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo”, subraya el órgano fiscalizador, que remarca que la crisis sanitaria supuso “un reto de gestión”.

El contrato relacionado con Tomás Díaz Ayuso por el que pudo cobrar comisiones por la compra en China de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros que fueron distribuidas al pabellón 10 de Ifema se encuentra entre los contratos fiscalizados, pero la Cámara de Cuentas no menciona que no se ajustara a la legalidad.

Desde el entorno de la presidenta regional subrayan que el informe, “no observa ninguna tacha ni reparo sobre dicho contrato”, y certifica que se realizó “de manera intachable”, como ha defendido en numerosas ocasiones la presidenta regional.

En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas solo apunta a dos contratos que se utilizaron para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni estaban amparados en el uso de la tramitación de emergencia, según la Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, el adjudicado para el suministro de tres ecógrafos para el hospital universitario Infanta Sofía, Hospital Universitario del Henares y del Tajo por importe de 102.800 de euros, y otro para adquirir dos equipos de mamografía para el hospital Infanta Leonor y el Infanta Sofía por importe de 560.000 euros.

También señala otros contratos que “carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia”, que se adjudicaron por la Fundación Hospital de Alcorcón para el suministro de batas, mascarillas, reactivos PCR, ventiladores y colchones, entre otros, que suman un total de 2 millones de euros.

Otro de los contratos que menciona son los adjudicados para varias reformas en el Hospital Ramón y Cajal y otra en el Niño Jesús por no haberse dado justificación de haber dado cuenta al Consejo de Gobierno, así como una adjudicación por el desbordamiento del servicio de atención de llamadas covid y de realización de pruebas covid en los que “no consta la fecha de inicio de la prestación por lo que no ha podido ser evaluada”.