Calvo justifica el veto a las manifestaciones del 8-M en Madrid: "son las más grandes"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este viernes que se hayan prohibido todas las manifestaciones y concentraciones convocadas en Madrid por el Día Internacional del Mujer del 8 de marzo, pero no en otros lugares, porque es en la capital donde siempre se producen las movilizaciones “más grandes y más importantes”, y donde ahora se están registrando también los peores datos de coronavirus.

“No es un lugar normal. Madrid es la capital del Estado. Cualquier manifestación en Madrid siempre es la más grande y la más importante. Y los datos de Madrid precisamente junto con los de Ceuta y Melilla no son los mejores de nuestro país”, ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del informe Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil.

De este modo, la socialista cordobesa ha abogado por adoptar ante esta cita “criterios ponderados” y ha defendido así la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir estos actos, al entender que “en un lugar tan grande desde el punto de vista de la densidad demográfica”, las manifestaciones podían llevar “a una concentración de personas que haga retroceder en la situación pandémica”.

“Esta es la razón por la que otro tipo de manifestaciones más pequeñas, más acotadas, en cualquier lugar del España, pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el Gobierno es feminista y que está “volcadísimo” con la celebración del 8-M, aunque tenga que ser de forma distinta.

Visiones opuestas

Su visión contrasta con la de los sindicatos de izquierda UGT y CCOO, que esta misma mañana han anunciado un recurso contra el veto a estas protestas, porque aseguran que se ha negado su derecho “de manera irregular” y que se habían hecho propuestas de concentraciones y marchas “dentro de la legalidad”.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, dijo este jueves que como miembro del Gobierno está obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias y la prohibición de las manifestaciones, pero entiende que estamos ante un “señalamiento” y una “criminalización” del movimiento feminista. Lamentó que haya quienes quieren “negar” la calle a las mujeres, “el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos”.