Bruselas, tras la decisión del TC: "Las reformas de calado requieren consulta previa"
El portavoz de Justicia de la Comisión Europea se pronuncia con cautela: "Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional”.
La Comisión Europea se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial, un hecho inédito en la democracia española. Lo ha hecho con mucha cautela, pero reafirmando la postura que ha mantenido Bruselas en el caso de la situación de los órganos judiciales: son las partes las que han de llegar a un acuerdo siguiendo la normativa.
“Normalmente no comentamos sobre decisiones judiciales. Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional”, ha explicado durante la rueda diaria del Ejecutivo comunitario el portavoz de Justicia, Christian Wigand.
Fuentes comunitarias han recordado además que los estándares europeos para las reformas judiciales de calado requieren que se consulte previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en ciertos casos, antes de presentarse a la tramitación.
Elude pronunciarse sobre la propia decisión del TC
El portavoz, por su parte, optó por la cautela para evitar comentar tanto de manera directa la decisión del Constitucional para congelar la reforma impulsada por los partidos del Gobierno y que afectaba a este mismo tribunal como el propio borrador de ley.
Los líderes de ambas cámaras del Parlamento y el Ejecutivo han anunciado que acatarán la decisión del Constitucional y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en una declaración institucional que el Ejecutivo adoptará “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al “injustificable” bloqueo del poder judicial y del TC.
Con la vista puesta en España
Wigand recalcó que Bruselas sigue la situación en España “de cerca” y que vigila las reformas en el contexto de su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea, del que el próximo verano se publicará la cuarta edición y que de manera insistente apunta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los retos pendientes de España.
La Comisión Europea ya ha recriminado a otros países en el pasado que hayan acelerado ciertos procesos de reformas importantes sin consultar a las partes, como ha sucedido ya en Rumanía o Polonia, y apunta al Tribunal Constitucional como el espacio adecuado para dirimir las dudas que pueda causar la tramitación de una reforma como la española.
La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de frenar la proposición de ley que cambia el sistema de elección de sus miembros y que se iba a estudiar esta martes en la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una crisis institucional en España.
