Bruselas aparca a medio plazo las medidas del Gobierno para abaratar la factura de la luz

La Comisión Europea ha aparcado para una reflexión a medio plazo medidas que ha propuesto España para responder a la escalada del precio de la electricidad, como la posibilidad de acometer compras conjunta de gas para crear reservas estratégicas, al tiempo que ha instado a las capitales a dar “prioridad” a actuaciones ya previstas en la legislación actual que pueden tener un impacto “inmediato”.

La comisaria de Energía, Kadri Simson, ha presentado en una rueda de prensa el documento que Bruselas prometió a las capitales para hacer frente a la situación actual, en la que los precios mayoristas de la electricidad se han disparado un 200% en el último año, mientras que los del mercado minorista han aumentado un 9%.

El análisis del Ejecutivo comunitario parte de la idea de que el escenario actual tiene carácter temporal y la causa principal con los precios del gas. Estos, añade el texto, “seguirán siendo altos durante los meses de invierno y caerán en primavera, cuando se espera que la situación se estabilice” aunque todavía a niveles superiores a la media de los últimos años.

En este contexto, Bruselas plantea dos grupos de medidas: uno a corto plazo, que engloba todas estas medidas posibles en el marco vigente; y otro medio plazo, donde se incluyen ideas a explorar de cara al futuro y no para responder de manera específica al incremento actual de los precios.

Dentro de este segundo grupo, la Comisión afirma que “explorará los posibles beneficios de compras conjuntas” de gas con el objetivo de “crear reservas estratégicas”, en línea con la sugerencia planteada por el Gobierno español. En cualquier caso, estas operaciones serían “voluntarias” y en consonancia con las reglas comunitarias de competencia.

También estudiará la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro para “garantizar un funcionamiento más efectivo de los almacenes de gas” del bloque y “apoyará el desarrollo de una reserva energética para el futuro como una herramienta clave de flexibilidad”, pensada para baterías o hidrógeno, por ejemplo.

Otra demanda de España era la reforma del mercado mayorista de electricidad. El documento de Bruselas reconoce que algunos países han denunciado “si este modelo es todavía es adecuado”, pero añade que “es improbable que otros modelos alternativos tengan mejores resultados”.

A pesar de esta consideración, la Comisión encargará a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) una evaluación sobre los “beneficios e inconvenientes” del diseño actual del mercado mayorista de la electricidad para “asegurar que sigue sirviendo a las necesidades” de los europeos.

El hecho de que todas estas posibilidades sean contempladas en el documento como medidas para el futuro rebaja las expectativas generadas por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando en una rueda de prensa pareció recoger las peticiones de los países que más han presionado para hacer reformas de calado, como España, Francia o Grecia.

Frente a estas opciones para el futuro, el Ejecutivo comunitario centra su reacción a la escalada de precios actual en actuaciones dentro del marco actual, entre las que se encuentra dar “ayudas de emergencia” a consumidores pobres a través de vales o el pago de parte de sus facturas de electricidad.

El texto subraya que los Estados miembros también pueden autorizar aplazamientos para el pago de facturas de la luz, decretar reducciones de impuestos para hogares vulnerables con carácter temporal y dirigir ayudas a empresas o sectores, aunque en línea con las normas sobre competencia.

Por otro lado, Bruselas ha avanzado que investigará “posibles comportamientos anticompetitivos” en el mercado energético. En particular, pedirá a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) que analice el funcionamiento del mercado europeo de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés).

Dentro de este sistema, los créditos que las plantas industriales compran para poder emitir CO2 funcionan como activos financieros y la carta enviada por España pedía también a las autoridades comunitarias que vigilara posibles casos de especulación que hayan provocado un aumento en su precio.