Bruselas urge a España desbloquear y reformar el poder judicial
Por tercer año consecutivo, la Comisión Europea realiza la misma recomendación específica que no supone sanciones pero si les mantiene con "preocupación".
La Comisión Europea ha urgido por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia, una petición que recoge el informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles.
Sobre España, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Vera Jourová, dijo en un reducido encuentro con medios de comunicación que está “preocupada por el bloqueo”.
“Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio”, ha indicado Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.
Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, “sigue siendo una preocupación” para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
Recomendación de la Comisión Europea para renovar el poder judicial en España by El HuffPost on Scribd
Otros focos
El informe, que por primera vez incluye recomendaciones por país (seis en el caso de España), llama también de nuevo a reforzar el estatuto del Fiscal General para salvaguardar su independencia.
Sobre este punto, la recomendación comunitaria apunta la necesidad de “reforzar” la independencia y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.
En todo caso, el informe sobre la situación en España apunta que sigue habiendo “avances” en la calidad del sistema judicial español y nombra ejemplos como medidas para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa.
Asimismo considera que la digitalización de la justicia va por buen camino y el Estado miembro está “abordado las deficiencias” detectadas y señala que sigue estando pendiente mejoras en materia de recursos para el poder judicial o la duración de los procedimientos.
